Marcha, acampe y vigilia a un año de la inundación

Miércoles 2 de abril de 2014El Movimiento Justicia y Libertad se movilizó el martes al Ministerio de Obras Públicas, donde sus militantes estuvieron toda la tarde y pasaron la noche. El principal reclamo fue por la falta de obras de infraestructura en los barrios, una necesidad que existe desde antes de la inundación y hoy sigue vigente.Integrantes del Movimiento Justicia y Libertad concentraron en 7 y 50  y se movilizaron hasta 7 y 58, donde se encuentra el Ministerio de Obras Públicas, bajo la consigna de exigir verdad, justicia, obras, tierra y vivienda para las víctimas de la inundación. Allí estuvieron toda la tarde realizando actividades: una charla a cargo del juez Luis Arias, del ingeniero Claudio M. Velazco y de Rocío Aguirre, familiar de víctimas de la inundación; también montaron una muestra fotográfica, proyecciones de videos y una radio abierta. Luego, pasaron la noche en carpas frente al edificio.En comunicación con Radio Futura, Cristóbal “Toto” Marcioni, integrante del Movimiento, explicó que la movilización fue impulsada también por la falta de presencia en las discusiones públicas, de lo que pasaba en los barrios antes y después del 2 de abril. “Hay un adormecimiento preocupante en la sociedad con este tipo de cosas y no 30 años después sino un año después”, agregó.Marcioni resaltó la necesidad de llevar los reclamos al centro de la ciudad y hacer saber a las autoridades municipales los problemas que hay en los barrios y que salieron a la luz con la inundación, están desde siempre y siguen existiendo hoy en día. “Todo lo que se pudrió el 2 de abril ya estaba podrido antes y eso no tiene que ver con posicionamientos políticos, ni con Bruera, ni con Scioli, ni con Cristina, el vecino más kirchnerista puede dar cuenta de que las cosas no cambiaron y el vecino más bruerista puede dar cuenta de que antes se vivía pésimamente y ahora también”, dijo Marcioni. El Movimiento Justicia y Libertad sigue participando en actividades que tienen que ver con la reconstrucción de los barrios. “Una de las iniciativas que nos metimos, que impulsamos y que llevamos adelante, en conjunto con otras organizaciones y la universidad, es la asistencia con materiales de construcción, y esto hoy lo seguimos haciendo”, dijo Marcioni, y agregó que la actividad que ellos realizan como organización es un “plan autogestivo y de solidaridad”.Marcioni concluyó que “nosotros sentimos la necesidad y la urgencia de utilizar esas cosas que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida, estábamos en esas cosas antes del 2 de abril y seguimos ahí”.Fotos: prensa Movimiento Justicia y Libertad.

“Los poemas son ideas sobre quiénes fueron esas víctimas, qué les...

 En el marco de las actividades que se realizarán a un año de la inundación del 2 de abril, se presentará el libro de poemas “La Plata Spoon River”. El trabajo colectivo fue organizado por Julián Axat, poeta y defensor del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil. En comunicación con Micrófono Abierto de los Trabajadores relató las búsquedas detrás del libro.“El libro en realidad trata de recoger las  historias y de reflejar a través del arte, de un experimento artístico, un poco lo que sucedió el 2 de abril”, señaló Axat. En el aire de Radio Futura, contó que cada poema llevará el nombre de una de las víctimas fatales de la inundación, explicando que “los poemas son variaciones, son ideas sobre quiénes fueron esas víctimas, qué les paso y qué pueden decir”. En este sentido agregó que “yo trato de recoger voces, y como los muertos no pueden hablar porque están muertos,  que los poetas por lo menos intenten descifrar que hubieran querido decir en caso estar vivos”.Axat recordó las palabras del poeta Primo Levi, quien una vez afirmó que la voz del testigo ante la muerte o el campo de concentración no puede ser reproducido, entonces lo que queda es la voz de los vivos para tratar de reproducir los siniestros.  El poeta apuntó entonces que “no es un procedimiento que hayan hecho muchos artistas”, pero indicando que “salvando las distancias entre el terrorismo de Estado y la inundación, los que quedamos de este lado podemos hablar por las 89 víctimas, creo que podemos interpretar cual fue este último pedido antes de irse”. La frase que utiliza Axat para describir la ambición del libro es contundente: “lo que busca es justamente recoger testimonios para reproducir un testimonio imposible”.El libro será presentado mañana a las 16hs en Plaza Moreno cuando se realice la jornada artístico y cultural, “Desbordes”.Artículos relacionados:"El arte debe ponerse al servicio de la justicia y la reflexión"Un libro para desarmar la noticia tendenciosa

Actividades a un año de la inundación

A partir del mediodía, en Plaza Moreno, se realizarán distintas actividades artísticas y culturales en el marco de la jornada “Desbordes”. Pablo González, de editorial Píxel,  se comunicó con la emisión especial de medios populares La Plata para contar como se desarrollarán y dar avances del libro de producción colectiva,  “Agua en la cabeza”.Dos carpas se levantarán mañana en Plaza Moreno para concentrar una gran variedad de actividades culturales que se desarrollarán en el marco de la jornada “Desbordes”.   Proyecciones audiovisuales, charlas, intervenciones, exposiciones y bandas en vivo son parte del repertorio que se convoca a un año de la inundación del 2 de abril.  A su vez, las mismas serán abordadas por las radios comunitarias de la ciudad, a partir de una transmisión en conjunto que se desarrollará desde las 13:00hs hasta las 16:00hs.Pablo González explicó que la jornada buscara “condensar lo que se vino discutiendo desde el 2 de abril hasta esta parte, en distintos colectivos y experiencias que laburamos en el campo artístico, cultural y editorial”.  También explico que las actividades se desarrollan en articulación con las propuestas de familiares de víctimas de la inundación. En este sentido sostuvo que “el último mes y medio vinimos hablando sobre la forma en la que  nosotros aparecemos, desbordes, que en realidad no lo hacemos acompañando a algo que hacen familiares y asambleas, sino que es la identidad que nosotros tomamos, también víctimas de la inundación , de la desidia estatal. Nos reconocemos como parte de los colectivos que están dando lucha por memoria, verdad, justicia”.Presentación del libro “Agua en la cabeza”La idea del libro surgió como una antología de cuentos, crónicas y poesías, propuesta por el escritor Juan Duizeide al Club Hem. A su vez, dicho espacio se acerco a la editorial Pixel proponiéndole  la elaboración de 5 libros ilustrados que fueran como premio para los que aportaran la mayor cantidad de plata en la plataforma de financiamiento colectivo, “Ideame”. Más de 30 artistas fueron convocados para realizar  las ilustraciones, una por cada relato. Pablo González señaló que “sacar cinco ejemplares no hacía justicia con todo el trabajo de edición que habían hechos los compañeros del club, los artistas y la editorial.” De esta manera fue que se decidió unificar los proyectos en un único material, como parte de la colección “la conspiración de los puentes”.Es así que la antología juntó 30 autores que acercaron crónicas, cuentos y poemas, con 30 artistas que se encargaron de las ilustraciones.  González  indicó también que se trata de una antología “que reúne una cantidad de gente muy interesante no solo cuantitativa, sino también cualitativamente, representativo del campo literario y artístico de la plata y que toca un tema desde una perspectiva que reúne el relato personal, la mirada política y que arítcula diferentes formas de escritura y distintas estética a la hora de la ilustración”.El libro será presentado en el marco de la jornada “desbordes”, a las 17:00hs en la carpa de Plaza Moreno.

Prohíben el ingreso de cuerpos a la morgue policial

El juez Luis Arias así lo resolvió a partir del Habeas Data presentado por el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.  La medida cautelar fue dictada ante las irregularidades detectadas en el funcionamiento de la morgue , a partir de las investigaciones realizadas sobre las víctimas fatales por la inundación. En la misma resolución el juez requiere al Ministerio de Seguridad un informe sobre el funcionamiento de la morgue.El jueves 27 de marzo, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica – CIAJ - , presentó un Habeas Data Colectivo para que la justicia investigue diversas irregularidades constatadas en la morgue policial. En este marco solicitó que no se envíen más cuerpos hasta que no se resuelva la medida judicial.  Finalmente en la jornada de hoy, el Juez en lo Contencioso y Administrativo N°1 de La Plata, Luis Arias, dictó una medida cautlear para que no ingresen más cuerpos en la morgue de la ciudad de La Plata.  Según informó el CIAJ, la medida debería sostenerse “hasta tanto se protocolice y transparente el funcionamiento de la morgue”. El magistrado apuntó en la resolución que en el caso de los cuerpos que deberían ingresar a la morgue, “deben ser remitidos a la morgue de la Asesoría Pericial o morgues policiales de otros departamentos judiciales”. También ordena al “Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a se abstenga de alterar o modificar los elementos existentes, todo ello hasta tanto se dicte sentencia”.La resolución establece un plazo de diez días hábiles para que el Ministerio de Seguridad produzca un informe “que deberá contener: el detalle de toda la normativa y protocolos vigentes que regulen los procedimientos para el ingreso, rotulación, documentación, disposición, y entrega de cadáveres en las morgues policiales de la Provincia de Buenos Aires; los requisitos, especialmente los de índole sanitaria, que se exigen para permitir el funcionamiento de una morgue en la provincia de Buenos Aires, así como el órgano con competencia para expedir dicha habilitación; constancia del o los actos administrativos mediante los cuales se habilitó el funcionamiento de la morgue policial de La Plata e indique si se han realizado controles sobre el aspecto sanitario y de gestión de cadáveres en la morgue policial de La Plata, debiendo acompañar sus resultados”.El juez Arias reconoció en su resolución la existencia de irregularidades en el funcionamiento de la morgue policial respecto del tratamiento de los cadáveres allí alojados”. Más información:Scioli cedió: apartaron a policías responsables de las irregularidades en la morgue

Scioli cedió: apartaron a policías responsables de las irregularidades en la...

El Ministerio de Seguridad dispuso ayer por la noche el pase a retiro del comisario Pablo Daniel Vázquez, superintendente de Policía Científica de la Policía Bonaerense, y de Jorge Omar Nasrala, superintendente de Investigaciones en Función Judicial.  La decisión se adopta luego de que fueran  interpelados por el juez Luis Arias y el Colectivo de Investigación de Acción Jurídica, por las irregularidades en la morgue policial. En anteriores ocasiones, los mismos comisarios habían sido respaldados por el ejecutivo.La decisión fue adoptada en el marco de una serie de recambios en la cúpula de de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que incluyó otros relevos así como cambios en las direcciones  de las distintas superintendencias. El pase a retiro de Vázquez y Nasrala, se realiza a pocos días de la conferencia de prensa brindada por el titular del juzgado en lo contencioso y administrativo n°1, Luis Arias, donde detalló los principales puntos del falló de la investigación del número de víctimas fatales por la inundación del 2 de abril. La misma acabó determinando en 89 el número de fallecidos, así como pudo establecer que hubo gran cantidad de irregularidades. El magistrado apuntó en dicha conferencia a la responsabilidad del superintendente de Policía Científica, quien a días de la inundación  le negó la entrada a la morgue a los funcionarios del juzgado n°1 y al propio Arias, que buscaban realizar una inspección de la lista de fallecidos.  En aquella ocasión el jefe de la Delegación Científica de La Plata, Comisario Inspector Carlos Jaime, adujo al juez que tenía la orden de no dejarlo pasar. Ante las preguntas del magistrado acerca de la procedencia de dicha orden, el Comisario señaló que provenía del Director General de Policía Científica, Comisario General Pablo VázquezEl accionar del ex comisario Vázquez acabó en una causa penal por desacato.  La causa fue tramitada por el juzgado de Garantías N°2 de César Melazo y el Fiscal, titular de la UFI N°6, Marcelo Romero. A más de cuatro meses del hecho, el Comisario Vázquez fue sobreseído y la causa cerrada. En el fallo, Melazo afirmó que “ es menester diferenciar que la conducta penada por la ley debe ser grave y no la leve, que no desprestigia ni trae aparejado un daño apreciable”. De esta manera, Melazo caracterizó como una conducta leve la acción de desacato del comisario. El fallo de una hoja se sustentó en el relato del policía que caracterizó como “imprecisa” la solicitud de Arias. También citó la declaración de Vázquez, quien señalo que “le reiteró las directivas de que dicha solicitud no podría ser satisfecha sin previo diligenciamiento ante las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad”. En aquella ocasión, en declaraciones con Radio Futura 90.5, Arias sostuvo que “la policía actúa con tanta impunidad en la Provincia de Buenos Aires que se creen hasta con derecho para pasar por encima de las órdenes judiciales”. También agregó que el mensaje del fallo era “no cumplir una orden judicial no tiene consecuencia alguna”.Vázquez ya contaba con antecedentes y un fuerte respaldo del gobierno provincial. La mayor mancha en su currículum   proviene del informe producido en el 2012 por la Comisión Candela del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Dicha comisión se conformó luego de una suma de irregularidades en la causa judicial y en el accionar político alrededor del secuestro y asesinato de la niña de 11 años. Ante aquella comisión declaró el 5 de junio de 2012. Allí señaló que interrumpió un allanamiento clave, y a la vez el Fiscal Leonardo Lisa señaló que no pudo ingresar al inmueble allanado hasta el día siguiente. El motivo era que los hombres de Vázquez consideraron que podía contaminar la escena del crimen, cuando en realidad era quien debía supervisar su trabajo. La comisión integrada por senadores de distintos partidos concluyó por solicitar la inmediata separación del cargo de Vázquez, así como el inicio de investigaciones sumarias. Sin embargo, nunca fue separado ni investigado, e incluso fue reafirmado en su lugar en septiembre de 2013, cuando se realizó un reacomodo en la cúpula policial que incluyó varios pases a retiro.Practicas de la dictadura militar en la morgue de hoyLa morgue a días del 2 de abril // Foto: La PulseadaA días de cumplirse un nuevo aniversario de la inundación, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica – CIAJ - , presentó un Hábeas Data Colectivo para que la justicia investigue diversas irregularidades constatadas en la morgue policial. En este marco solicitó que no se envíen más cuerpos hasta que no se resuelva la medida judicial.El amparo presentado por el CIAJ se basa en dos hechos. El primero se refiere a los pedidos de informe que la organización realizó al Ministerio de Seguridad en el marco de la investigación del número de víctimas fatales del 2 de abril y que nunca fueron respondidos. El segundo se basa en la inspección realizada por Gendarmería Nacional en la morgue policial el 7 de enero, en el marco de la investigación llevada adelante por Arias. Allí se constataron siete cadáveres hallados por la fuerza de seguridad y que no figuraban en el registro de la morgue. En las pericias Gendarmería también encontró que la morgue tenía licencias de inhumación para los cuerpos de varias personas que no estaban identificados.El CIAJ difundió un documento anexado al pedido de amparo, titulado “La regularidad de las irregularidades”. El título se explica que resulta una paradoja, pero que “las irregularidades dan cuenta de regularidades; de rutinas institucionales que organizan la necropolítica o la administración de la muerte. Esas regularidades son la expresión de continuidades abyectas de la última dictadura que nunca terminaron de ponerse en crisis.”En el documento el CIAJ sostiene que “tal como está funcionando la morgue de La Plata hoy, puede ser entendida como una máquina de desaparición, que se presta para desaparecer a las personas. Las desaparece cuando emite certificados falsos, cuando no registra, etc.” En este sentido explica que “dentro del organigrama del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la morgue policial departamental es una dependencia que funciona bajo la órbita de la Dirección General de Policía Científica en Función Judicial, del mismo ministerio. Dicha Dirección, tiene como misión efectuar todos los estudios técnicos y científicos que le sean requeridos en un proceso judicial, así como desarrollar métodos científicos conducentes a descubrir todas las circunstancias del delito. ”Sin embargo, sostiene que en el marco de la última dictadura cívico – militar, “durante 1976 y 1980, las morgues judiciales tenían la práctica de extender certificados de defunción y ordenaban la inhumación de cadáveres de personas detenidas-desaparecidas, por orden de las fuerzas militares-policiales, y sin la intervención de un juez competente.” En cuanto a la actualidad en el funcionamiento agrega que “el caso de la Policía Bonaerense es preocupante, pues los médicos de policía y las morgues suelen ser lugares-zonas de nadie, donde muy pocos se atreven o saben a ciencia cierta qué conservan, como también aquello que ingresa o sale; pero también quién es el médico forense, cómo se evalúa una autopsia, quién es el que dictamina y hasta cómo se certifica”.Es en este contexto que afirman que a partir de las irregularidades encontradas en la morgue “en estas circunstancias, por esta morgue podría haber pasado Jorge Julio López, Miguel Bru y los cientos de desaparecidos que existen hoy en Argentina”.Para evitar este accionar dentro de la morgue policial, es que el CIAJ solicita que se establezca un protocolo para el modo en que los funcionarios policiales deben realizar las tares en la morgue, a fin de “regular y establecer su correcto funcionamiento.” En este caso explican en la presentación judicial que “la morgue policial debe ser un área transparente, que brinde absoluta garantía en la recepción y alojamiento de cadáveres, en los casos en que la justicia requiera intervención policial.” A su vez, agregan que “se evidencia un conjunto de actividades irregulares y hechos existentes dentro de la morgue, al punto de existir cuerpos no identificables o identificados, sin respaldo documental; lo cual constituye un obrar absolutamente ilegal por parte de la administración que debe ser cesado en forma inmediata”.Artículos relacionados:Sobreseen a policía acusado de desacato "El número de víctimas de la inundación no es definitivo" “La dictadura necesitaba un mecanismo para hacer desaparecer a la gente”

Especial Inundaciones: Día 1/ Víctimas y Causas

En el marco de Medios Populares La Plata, Berisso y Ensenada, , estamos realizando dos transmisiones especiales el lunes 31 de marzo y martes 1 de abril desde las 13 y hasta las 15 horas,  en la previa del primer aniversario de la Inundación.En el primer programa abordamos las víctimas de la inundación, los números, el ocultamiento de pruebas y el fallo del Juez Luis Federico Arias que obliga a la Provincia a reconocer que por lo menos son 89 las víctimas fatales. También las causas que llevaron a las consecuencias.Testimonios que muestran el trabajo cotidiano de los medios de comunicación de la región, que fuimos y somos protagonistas de la vida cotidiana de las ciudades que habitamos.http://radioestacionsur.org/?p=7788#more-7788

“El número de víctimas de la inundación no es definitivo”

laplataindymediaEn conferencia de prensa, el juez Luis Arias presentó el fallo por las irregularidades en el conteo de fallecidos por la inundación y determinó 89 víctimas fatales. Denunció complicidad policial y judicial en el ocultamiento de datos y en la adulteración de certificados de defunción. Sin embargo, aseguró que este número no es definitivo ya que algunos casos aún deben someterse a investigación.El juez en lo Contencioso y Administrativo N° 1 de La Plata explicó que para este fallo tuvo en cuenta las muertes producidas luego de la inundación. Lo hizo en una conferencia de prensa que brindó desde la Facultad de Periodismo. En su momento, el gobierno provincial había cerrado la lista en 52 fallecidos sin posibilidad de incorporar a quienes murieron después, por causas que desencadenó la tragedia, como hipotermia, enfermedades por el agua contaminada, entre otras.“No debieron haber cerrado la posibilidad de que existieran nuevas víctimas, y debieron haber alertado a las autoridades sanitarias, a clínicas y hospitales, para que informen las muertes vinculadas; esto no sucedió y por eso gran parte de las muertes no se pudieron comprobar de inmediato”, aseguró Arias.La investigación comenzó a partir de una presentación del Defensor del Fuero Penal Juvenil, Julián Axat, tras la sospecha de que podría haber niños y niñas fallecidos como consecuencia de la inundación sin registrar. La denuncia del Defensor se convirtió en un habeas data, garantía constitucional para procurar información sobre la cantidad de víctimas fatales que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Luis Arias. 16 casos más en investigaciónEl Juez aseguró que existe la posibilidad de que haya una mayor cantidad de víctimas. Aclaró que al tratarse de un ‘proceso sumarísimo’ es una instrucción breve en el tiempo y en su extensión, pero que las investigaciones no están cerradas.Así, hay otros 16 casos dudosos en los que aún no se pudo definir las causales de muerte. Algunos de ellos son personas fallecidas en el Hospital Español, durante o en los días posteriores a la inundación, por complicaciones surgidas a partir de un corte en el suministro eléctrico luego de las fuertes lluvias. Irregularidades Arias explicó los alcances del fallo al precisar que se trata de un reconocimiento, en particular, a los familiares de víctimas, pero sin consecuencias penales. “Lo que aquí estamos tratando no implica determinar responsabilidades ni penales, ni patrimoniales, ni administrataivas. Simplemente, esta acción tuvo como objeto el derecho a la verdad colectiva”, aclaró. En este sentido, dijo que para que la investigación avance hacen falta acciones judiciales y no meras colaboraciones de los involucrados.Sobre los resultados del proceso, agregó que "nos hemos sorprendido realmente por la inmensa cantidad de irregularidades que nos hemos encontrado durante el trámite de esta causa". Apuntó tanto al Registro de las personas, como a la Policía de la provincia de Buenos Aires y al Poder Judicial. "Toda esta cuestión se hubiese evitado si las cosas se hubiesen hecho correctamente", concluyó. El fallo obliga a la Provincia de Buenos Aires a:Reconocer las 89 victimas fatales Divulgar el listado oficial Agregar en notas marginales de los certificados de defunción labrados por el Registro de las Personas que las personas fallecieron por la inundación; Rectificar todos sus registros; Realizar los ajustes pertinentes para que el marco legal vigente no permita las irregularidades que consagró el operativo con los cuerpos de la inundación.

Un amplio frente político respaldó la reforma del código penal

Un amplio arco político presentó un documento que defiende la reforma al código penal. Afirman que “en los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva”.La difusión a principios de marzo del anteproyecto de reforma del código penal encendió un acalorado debate entre sectores políticos y sociales. El mismo fue elaborado por una comisión compuesta por Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Nación,  Carlos Arslanian, el ex diputado Ricardo Gil Lavedra (UCR), el diputado Federico Pinedo (Pro) y la ex diputada socialista María Elena Barbagelata (FAP) luego de dos años de trabajo. Sin embargo, su difusión en diarios nacionales provocó un estallido de repudios, encabezados principalmente por el ex intendente de Tigre, Segio Massa. Ante esta situación, el Acuerdo por una Seguridad Democrática elaboró un documento que consiguió la adhesión de diputados principalmente del Frente Para la Victoria pero también de la UCR, el FAP y el GEN entre otros. De igual manera firmaron el documento organizaciones y académicos , entre quienes se cuenta a decanas de tres facultades de la UNLP: Veronica Cruz - Facultad de Trabajo Social- , Florencia Saintout -Facultad de Periodismo y Comunicación Social- y Aníbal Viguera – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-.La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, recibió elanteproyecto para la reforma del código penal el 13 de febreroEn el documento de más de 600 firmas se sostiene que “en los últimos días se ha fortalecido un discurso oportunista de demagogia punitiva que intenta consolidar un endurecimiento represivo fuera de toda racionalidad democrática y especula con la desinformación de la opinión pública”.  A su vez, se afirma que el objetivo de las críticas punitivas es impedir el avance de la reforma, por lo que “se impulsa una campaña basada en mentiras y distorsiones informativas que intenta generar miedo para consolidar proyectos políticos de corte antidemocrático.”Una de las mayores críticas que se le realizó al anteproyecto de reforma, es la reducción de la pena para determinados delitos. En este sentido es que en el documento argumentan que “las políticas basadas en el aumento de penas y el mayor encarcelamiento no reducen la inseguridad ni desactivan las redes de criminalidad causantes de los delitos que más preocupan a la población. Esas son las políticas que fueron el eje de todas las reformas penales de los últimos veinte años en el país y sólo aumentaron la violencia. La falta de democratización de las fuerzas policiales produce día a día mayor violencia, altos niveles de corrupción y connivencia con el crimen organizado y una gran ineficacia para prevenir y reprimir el delito.”Finalmente en el documento se sostiene que “desde el Acuerdo para una Seguridad Democrática, creado con el propósito de fomentar una discusión abierta y pluralista, basada en consensos mínimos sobre las políticas públicas de seguridad en democracia, valoramos el proceso de elaboración del anteproyecto en el que se comprometieron diversas fuerzas políticas como base para una discusión amplia en el Congreso y rechazamos el intento de clausura del debate.”El acto se realizó el jueves en el Salón Azul del Congreso de la Nación. Participaron de la presentación del documento Hugo Cañón, Horacio Verbitsky, los diputados nacionales por el FPV Horacio Pietragalla y Leonardo Grosso, el diputado por la UCR, Manuel Garrido, el legislador de la Ciudad por FPV, Jorge Taiana, la titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rebori y Raquel Witis, víctima de la violencia policial.  También estuvieron presentes diputados nacionales y provinciales, así como funcionarios políticos y judiciales.En el cierre de la presentación, luego de la lectura del documento, tomó el micrófono el periodista de Página 12 y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky.  Este afirmó que “estamos seguros que el objetivo de pacificar la sociedad argentina no se consigue incrementando los niveles de violencia y no se consigue torpedeando los acuerdos transversales entre distintas fuerzas políticas que, paradójicamente, son el reclamo constante de los mismos que, cuando se producen, los denuncian y sabotean.”Consultá todas las firmas del documento

70 niños sufren el encierro carcelario

Miércoles 19 de marzo del 2013  Foto: www.andaragencia.orgLa Comisión Provincial por la Memoria presentó el Manual de Monitoreo de cárceles que alojan mujeres, mujeres con hijos e hijas y embarazadas. Se constató que hay alrededor de 1200 presas y 70 niños que viven junto a sus madres en la Unidad 33 de Los Hornos. En este contexto, Santino Villalba de 21 días de edad falleció el febrero pasado en la Unidad 33 de Los Hornos. Oriana de un mes y medio murió el 13 de marzo en la Unidad 48 de Florencio Varela. Ambos vivían con sus madres privadas de su libertad.El año pasado la CPM realizó el primer Manual de Monitoreo que abarcaba todas las unidades de detención de la provincia. El viernes 14 presentó el segundo, en este caso enfocado a analizar las unidades de encierro donde se alojan mujeres, mujeres con hijos e hijas y embarazadas. El Manual busca sistematizar diez años de experiencia de los integrantes del Comité Contra la Tortura de la Comisión. Así logra brindar una guía a quienes realizan inspecciones en cárceles para generar prácticas de prevención de violaciones de derechos humanos.En diálogo con el programa Clase Turista de Radio Estación Sur FM 91.7, Alicia Romero, directora del Programa de Inspecciones de la CPM, dijo que “si bien los niños no están privados de su libertad en un concepto judicial, lo cierto es que padecen las mismas condiciones de encierro que su madre”. Para ejemplificar, Romero recordó la represión que en el 2010 sufrieron las mujeres de la Unidad 33 en donde los gases lacrimógenos y las balas de goma también afectaron a los niños allí alojados.La directora del Programa de Inspecciones aseguró que la normativa vigente, tanto nacional como internacional, promulga el interés superior de los niños y niñas. En este sentido, asegura, se debería considerar que las madres con niños menores de edad tengan prisión domiciliaria. Pero “lo cierto es que en los hechos tenemos un sistema punitivo que lo que hace es asegurar el encierro por cualquier otro derecho”. Cabe mencionar que la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad -tanto la nacional como la provincial- establecen entre los supuestos que habilitan la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas, y a las mujeres con hijos e hijas menores de cinco años.Oriana y SantinoLos niños cuyas madres están privadas de su libertad pueden vivir en las unidades carcelarias hasta los cuatro años de edad inclusive. En estos casos se prioriza el vínculo familiar, por ello hay pabellones especiales para la contención de las madres y sus hijos e hijas. Sin embargo, tras la muerte de Oriana y Santino quedó al descubierto el déficit asistencial.En febrero, luego del fallecimiento de Santino las mujeres de la Unidad 33 publicaron un comunicado en el que aseguraron que la integridad física de los niños allí alojados estaba en peligro dada la falta de un sistema de salud primaria adecuado. “La pericia médica dio cuenta de la falta de culpabilidad de la madre, quien además se halla sobreseída en su causa judicial y puso de manifiesto la responsabilidad del estado en dicha muerte” afirmaba la carta. El comunicado se dirigía a organismo de derechos humanos y de niñez, entre ellos la CPM. Solicitaban que se hicieran efectivas distintas medidas para garantizar la asistencia en materia de salud de los niños y de sus madres. A su vez se reservaron el derecho de iniciar nuevas acciones si en el plazo de treinta días no se aplicaba lo pedido.

Masiva movilización en apoyo a la Obra de Cajade

Jueves 13 de marzo de 2014El miércoles por la tarde se realizó una multitudinaria movilización exigiendo al gobernador Daniel Scioli que salde la deuda que mantiene con la Obra del Padre Cajade. Por la falta de pago, cuatro casas de día que trabajan con 250 bebés, chicos y chicas no pudieron abrir en lo que va del año. Tras la marcha el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Eduardo Aparicio, prometió pagar las becas en los próximos días. Ni comedores, ni merenderos, ni guarderías: la Casa de los Niños “Madre del Pueblo”, la Casa de los Bebés, la Casa Joven y la Casa de los Niños “Chispita” son centros comunitarios que forman parte de la obra de Padre Cajade. Se encargan de brindar suplementos nutricionales, apoyo escolar, talleres, recreación, abrigo y un espacio donde acompañar los proyectos de vida de 250 chicos y chicas. En lo que va de 2014, ninguna de estas cuatro instituciones pudo abrir sus puertas por la deuda de casi $600.000 que mantiene el Estado provincial en concepto de becas para cubrir las necesidades básicas de los niños.Durante la tarde del martes, 2000 personas marcharon desde Plaza Rocha a Plaza San Martín exigiendo al Estado provincial que regularice esta situación que desde la Obra califican como un ahogo financiero y un abandono criminal. Testimonios de la ObraIsabel Benítez, coordinadora de la Casa de los Bebés, explicó el desamparo en que quedan los chicos tras el cierre de las casitas. “Yo no sé mucho de política. Sí sé de la política que día a día viven muchas mamás en la casita con sus penas y alegrías, luchas y esperanzas. Nosotros les recibimos a sus hijos para que ellas puedan ir a trabajar; si las casitas están cerradas, ellas no tienen donde dejar a sus bebés o a sus hijos. Entonces ellos se quedan con los hermanitos más chiquitos y no pueden ir a la escuela. Estamos dando pasos atrás con las casitas cerradas. Porque volvemos a la falta de alimentación, a la desprotección, al abandono. Y estas mamás tienen que dejar de trabajar y, por más que quieran seguir avanzando hacia a un futuro mejor, más prometedor, más esperanzador, no pueden”. También participó como oradora en el acto Claudia Augé, coordinadora de Chispita, que contó que "nuestro rol es aflojar el yugo que lleva el pibe en sus espaldas; es simple, la alegría de los chicos se expresa en las casas de día, sus angustias las depositan en las casitas.Yo no puedo creer la necedad de los funcionarios, por eso hoy tengo un canto de esperanza en mi corazón y sé que algo va a cambiar”.Según informó el presidente de la Obra, Daniel Cajade, horas antes de la movilización recibió un llamado desde el gobierno provincial asegurando que durante la jornada de hoy se saldaría la deuda. Sin embargo, ése es sólo uno de los reclamos elevados desde la institución. Exigen el reconocimiento de los trabajadores que cobran miseria y atienden diariamente a los pibes, actualización del monto de las becas que se mantiene intacto desde 2009, cumplimiento del Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, instalación de Servicios Locales para todos los barrios, con recursos y trabajadores no precarizados y justicia por los asesinatos de Omar Cigarán, Rodrigo Simonetti, Maximiliano de León, Franco Quintana; Axel Lucero; Bladimir Garay y Brian Mogica.Todos son los pibes de CajadeLa situación en la Obra de Cajade es similar a la que transitan otras organizaciones bonaerenses del área de niñez. En septiembre de 2013, 50 organizaciones de niñez provinciales presentaron una denuncia en el juzgado en lo contencioso administrativo Nº 3. En esa presentación, que obra en un expediente de once cuerpos, se demuestra cómo actualmente el Estado lesiona “con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, los derechos constitucionales, individuales y colectivos, de niños, niñas y adolescentes, e instituciones dedicadas a la protección y promoción integral de los derechos de la niñez y adolescencia”.