Quimey Ramos, docente y activista trans, reflexionó sobre la sanción del cupo laboral travesti/trans en toda la administración nacional y la lucha que se abre esta nueva conquista.
“Hay cosas que si pensamos a nivel legal, si pensamos en el mundo de las leyes, en teoría están prácticamente saldadas desde la creación de los Estados modernos, pero en los hechos nos encontramos con que eso no es así”, señaló Quimey Ramos, militante por los derechos de las personas travesti/trans. “En los hechos, habemos poblaciones que no tenemos las mismas posibilidades, los mismos accesos, las mismas garantías que otros sectores”, agregó.
“Las minorías, desde el discurso hegemónico, somos las personas trans y travestis, pero también somos las personas con discapacidad, las mujeres, las poblaciones racializadas, los migrantes, los trabajadores informalizados, los desclasados, los parias, la población privada de su libertad ya sea en cárceles, ya sea en manicomios. Minorías que, cuando una cae en cuenta y las piensa no como si fueran cajones estancos, no como si fueran quintitas, uno piensa que efectivamente puede haber mujeres y además ser mujeres trans con discapacidad, racializadas y migrantes. Nos damos cuenta que son todos términos que utiliza el poder para segregarse, para segmentarlos pero que en definitiva nosotros somos la verdadera mayoría. Lo que pasa es que nos vemos minorizadas por quienes se dan el lujo de poder hablar en nombre de la mayoría, pero que es absolutamente a la inversa”, destacó en comunicación con MIC, Microfono Abierto a lxs Trabajadorxs.
En este sentido Quimey recordó que “es importante remarcar, porque cada vez se recuerda menos, que hasta hace muy poquito nuestra única existencia en el marco normativo, es decir en las leyes, era en tanto una figura delictiva (...) ‘se penara con 15 días a un mes a aquella persona que llevare mas de dos prendas del sexo opuesto’, esa era la única referencia que había de nuestra existencia en las leyes”. Los códigos contravencionales son “el orden de las leyes más bajo que aplican los policías directamente sin necesidad de orden judicial y por eso son normas que se consideran poco constitucionales, porque no existe un juicio sino que el policía mismo las aplica con prácticamente libre albedrío”, explicó la docente y destacó que si bien hoy en dia los código perdieron vigencia, “lo que nosotros decimos es que la criminalización dejó de ser directa pero nunca dejó de ser de manera indirecta. Así es que tenemos, por ejemplo, en La Plata el territorio con más travesticidios en lo que va desde noviembre de 2019 hasta esta parte. La plata cuenta con el 25% de los travesticidios ocurridos a nivel nacional”.
La ley sancionada reconoce que en la población travesti/trans “mas de un 70% no ha terminado los estudios secundarios; la gran mayoría, mas del 90%, subsiste a partir de los ingresos del trabajo sexual o prostitución”, por lo que “no va a tener en cuenta los antecedente penales a la hora de acceder a este cupo y eso tiene que ver con que el estado reconoce que nosotras hemos sido sistemáticamente perseguidas y criminalizadas y consideradas delincuentes solamente por nuestra existencia. Eso lo que demuestra es que el estado ha perpetuado un imaginario por el cual solamente podemos ser criminales, no éramos sujetas de derecho”, subrayó la activista.
No obstante, Quimey señaló que la sanción de una ley no implica su cumplimiento y recordó lo sucedido con la ley de cupo laboral para personas con discapacidad sancionada en 1981, la cual sigue sin cumplirse o regularse. En este sentido señaló: “La ley dice que el mismo Estado va a generar una autoridad de aplicación que se va a encargar de la implementación del cupo. Nosotros lo que queremos ahora es conformar un organismo de fiscalización que sea por parte de la sociedad civil, que lo integremos las organizaciones del colectivo trans y travesti que no estemos dentro de la gestión del Estado, porque entendemos que es necesaria nuestra participación (...) necesitamos organizarse en pos de eso. Necesitamos que esta unidad de aplicación nos reciba y nos reconozca como parte de la sociedad civil ,que tenemos derechos a recibir informes de avance, tenemos derecho a saber periódicamente cada 3 meses, cada 6 meses cuantos puesto se han abierto, porque sino la ley esta muy bonita pero no se refleja en la vida cotidiana”.
“Íntimamente celebró este avance, públicamente levantamos la vara, no nivelamos para abajo. Públicamente hay que elevar el volumen de la crítica porque sino nos desarman”, concluyó.
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