La memoria no se toma vacaciones

Hoy no hay muchedumbres invadiendo peatonales y comercios, no hay bandadas de pibes amontonados en cada esquina, si hasta el tráfico abrumador de todos los días, circula notablemente disminuido. La Plata, a dos años de la tragedia del 2 de Abril, luce tan indolente y cansina como cualquier otro fin de semana largo, sólo que con una mayor presencia del control policial, acaso un síntoma de la temible ola naranja que amenaza con cernirse próximamente sobre todo el país. El movimiento en las calles del centro platense es distinto al de otros feriados. Los flamantes efectivos de la policía municipal modelan sus uniformes por las calles del centro, distinguidos por una vistosa boina celeste caminan dedicando severas miradas a los transeúntes, como orgullosos egresados en la escuela del buen soldado.Atrincherados en el interior de una camioneta estacionada en la esquina de 9 y 51, personal de control urbano aprovecha la tranquilidad de la tarde para conversar, tomarse unos mates y despachar mensajes vía telefónica. No muy lejos de allí, ataviados con gorras y pecheras verdes, los empleados municipales se arrastran detrás de las hojas que el viento de otoño ha ido arrancando y acumulando en las veredas. Seguimos inundados En la plaza Moreno se concentra el mayor número de gente, hormigueando entre sus laberintos de ligustrinas bajo un cielo despejado, perforado por un sol radiante. Muchos de los allí presentes, se han arrimado a participar de la muestra artística Desbordes, convocada y organizada por los centros culturales de la ciudad, montada con el objetivo de activar la memoria crítica como preludio a la marcha a la casa de gobierno de la provincia. Los militantes se han avenido con sus banderas y sus pancartas, llegan desde temprano para asegurarse un lugar en la palestra, quieren lugar en primera fila para absorber todo lo que la experiencia del día propone.Parejas de adolescentes, rondas de amigos, abuelos, tíos y nietos, familias enteras, la mayoría quiso aprovechar el feriado para dar un paseo despreocupado que los saque de la rutina, pero la maniobra pudo haberles salido un poco mal, hoy no es esta la plaza indicada para paseos despreocupados; la denuncia, la cruel realidad, la memoria de los inundados los interpela desde todos los frentes.La galería fotográfica recorre toda la plaza, generosa en panorámicas del horror, reflejando a una ciudad inmersa bajo más de 400 mililitros de agua; aquella instalación, tan oportuna, que invita al público a hundir las patas en el barro, ese barro que fue (y sigue siendo con cada nueva lluvia) moneda corriente del día después en todos los barrios de la periferia platense; la pintura, la poesía colgando de hilos que se entrecruzan de un árbol a otro, ondeando levemente con la brisa del atardecer, llamando la atención de grandes y niños.Puede decirse que a los artistas la estrategia les ha salido a pedir de boca, los paseantes se detienen a observar, a escuchar, a compartir su experiencia. Algunos participan de las instalaciones, otros se animan a felicitarlos, a todos los hermana el deseo, la necesidad de una reparación por parte de los responsables. La memoria dormida reflota gracias a las intervenciones. Divide y olvidarás A espaldas del palacio municipal enmudecido, se ha montado el escenario, resguardado a cada lado por una gran torre de sonido, revestido por un manto blanco sobre el cual se distingue una única inscripción: “2A.ños”. Desde allí, distintos referentes de asambleas barriales de la provincia se turnan para hacer uso de la palabra y referir su experiencia en lo tocante a inundaciones, una situación que pareciera común a cualquier ciudadano, así viva en La Plata, Quilmes, Tigre o Luján. Sobre la calle 12, en su intersección con 51, a los pies de la Torre 1, hay un segundo escenario, allí se han organizado en bloques de oradores para desarrollar temas puntuales como el relato en primera persona de la tragedia, el seguimiento a los responsables en materia judicial y el presunto ocultamiento en el número de victimas fatales por parte del estado.En la otra punta de la plaza, amparados bajo el umbral de la catedral, la Asamblea de Tolosa ha desplegado una bandera argentina que recorre a lo largo sus escalinatas, ellos también han traído su propia muestra fotográfica y, además, vienen engalanados por unos ingeniosos paraguas negros en los cuales se puede distinguir un plano de la ciudad yéndose a pique en el agua.Las sombras de los árboles y las torres de edificios redoblan su tamaño sobre las baldosas de la plaza, la temperatura comienza tenuemente su descenso y el número de convocados en la plaza va en aumento. La dispersión de los congregados, la variedad de escenarios y micrófonos abiertos y los distintos grupos amontonados en diversos puntos del enclave decantan en un estado de confusión generalizado. Nadie parece tener certeza absoluta de si se marcha o no, de si habrá o no habrá lectura de un documento, de si están todos reunidos allí por los mismos motivos.Finalmente, desde el escenario central, se invita a todos y a todas a encolumnarse en un solo conglomerado, dejando atrás las divergencias políticas, aunados bajo una misma lucha y con tres simples consignas: memoria, verdad y justicia. No sólo las estatuas tienen cara de piedra La oscuridad reina en plaza Moreno, el tránsito circula callado y perezoso a su alrededor, por el escenario ya han desfilado los músicos y la intervención del grupo de danza comandado por dos grandes manos inflables que los sacudía al vaivén de sus antojos. Los aplausos dieron lugar a la inquietud luego de que un objeto volador no identificado recorriera la plaza a diestra siniestra. –El drone es nuestro­– se apresuran a aclarar desde la organización y el alivio se restaura en los corazones de la multitud. Ahora son los familiares y victimas de la inundación los que toman por asalto el escenario y hacen uso de la palabra. Frente a ellos, una multitud de rostros expectantes y banderas de todos los colores, de todo tipo de agrupaciones políticas y estudiantiles, asambleas barriales y colectivos artísticos ondean con bravura bajo el prisma de los reflectores.   La lectura del documento es lenta y dolorosa, recapitulando todo lo acontecido durante aquellas inquietantes horas de abril de 2013 en que toda la ciudad se vio envuelta por el miedo y la confusión, sintiendo que un destino de fatalidad perfilaba el desenlace de la madrugada con cada gota que caía del cielo.A cada mención de los nombres de Bruera, Scioli o Cristina Fernández, una ola de silbidos y abucheos emerge asqueada desde la multitud. Los dardos también se disparan contra el negocio inmobiliario que no ha detenido su crecimiento y que sigue llenando los bolsillos de los especuladores del empresariado y sumando desventajas en materia de colapso de servicios para el ciudadano común.Los oradores llegan hasta el final del documento visiblemente dolidos por la falta de respuestas de parte del estado y por el reavivamiento de aquellas escenas que los tuvieron como protagonistas dos años atrás. Luego, se procede a la lectura de los nombres de las 89 victimas fatales de la inundación, con la replica de “presente” a viva voz por parte de toda la concurrencia.Concluida la lectura del documento, se inicia la marcha a la gobernación, situada frente a la plaza San Martín. La columna avanza compacta por 51 hasta avenida 7, luego rodea la plaza y se detiene frente a las rejas del sombrío edificio, escenario de reclamos y distancias insondables entre un pueblo y sus representantes. Pronto se disgrega la multitud, retoman el camino a casa, llevan en sus corazones un resto de aquella inundación que los marcó, en mayor o menor medida, para siempre. También cargan con otras cosas, banderas, pancartas y equipos de mate, y algo más, algo menos tangible, algo que descansa en el interior de cada uno de ellos y que encierra el potencial necesario para continuar con esta lucha, para no desmemoriarse y perpetuar el reclamo hasta que los verdaderos responsables pongan su cara para algo más que la foto de la próxima campaña electoral.

La morgue, una maquinaria en manos de intereses corporativos

La inundación del 2 de abril de 2013 desnudó la realidad del oscuro manejo de los cuerpos por parte de la Justicia, la Policía y la política. Una perversa tríada que centró sus fuerzas en ocultar una maquinaria que funciona hoy de la misma manera que durante la última dictadura militar.

Arriba hormigas!

[Lunes a viernes de 8.30 9.45hs]

Piden información a la Iglesia por un cura denunciado por abuso...

Es por un caso ocurrido hace 31 años, durante un campamento de la Iglesia Sagrado Corazón en City Bell. Si bien la causa ya prescribió, la denunciante, Julieta Añazco, junto a la Campaña contra las Violencias hacia las Mujeres, pide que se desarchive, por afectar gravemente los Derechos Humanos. Además, se solicitó información al Arzobispado platense sobre el proceso canónico que, siguiendo las leyes eclesiásticas, se le debió iniciar al cura Ricardo Giménez en paralelo a las tres denuncias penales en las que está implicado. Cuando Julieta recordó los hechos y denunció públicamente por abuso al cura Ricardo Giménez, comenzaron a aparecer otros casos, y hoy son al menos 25 las y los denunciantes:"Somos cuatro generaciones abusadas", precisó la mujer, que dio a conocer que además de esta hay otras dos causas por abuso, una de 1985, en City Bell y otra del año 1997, por seis casos, en Magdalena. A fines de septiembe, junto a la Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Varones Antipatrircales, pidió informes al Arzobispado platense y se presentó como Particular Damnificado en la causa que sigue la fiscalía nº6 de La Plata. Si bien la causa que investiga el fiscal Marcelo Romero ya está prescripta, la fiscalía aceptó la presentación. En tanto, Julieta junto a la organización de abogados y abogadas populares, La Ciega, está juntando firmas para acompañar esa solicitud, entendiendo que "los crímenes sexuales cometidos por el cura afectan gravemente los Derechos Humanos, y obligan al Estado a garantizar de modo serio y eficaz su tutela y a investigar los hechos denunciados, acarreando ante su incumplimiento, responsabilidad internacional", detallaron en un comunicado. "Hasta ahora somos 25 abusados, pero sabemos que somos muchos más porque son cuatro generaciones que han sido abusadas. La mayoría ni siquiera se lo ha contado a su familia. Entonces es muy difícil que se animen a denunciar", expresó Julieta, en comunicación con Radio Futura. Y explicó que "si bien para la fiscalía la causa está prescripta estamos contentos porque por lo menos queda escrito lo que nos pasó, entonces en caso de que surjan otras personas, y más jóvenes, cambiarían las cosas".  En ese sentido, la organización jurídica, La Ciega, está trabajando junto a otra organización de Entre Ríos, donde se sentó un importante antecedente en la materia, al lograr que una jueza reabriera una causa de abuso sexual que estaba prescripta, "reconociendo que era una grave violación a los Drechos Humanos", indicó Añazco. Por otra parte, Julieta contó que iniciaron un pedido sobre el proceso canónico que se le debe llevar al cura Ricardo Giménez: "En las leyes eclesiásticas cada vez que se denuncia a un sacerdote penalmente, se le debe iniciar paralelamente el proceso canónico. Él ya tiene tres denuncias penales, entonces, ya debería existir un proceso canónico", explicó. Y agregó que para denuniar en el Arzobispado hay hasta 20 años, "o sea que tampoco puedo denunciar en el Arzobispado, pero por lo menos queremos saber qué van a hacer con él". Por este motivo, luego de que el Papa Francisco se disculpara en nombre de la Iglesia por los curas abusadores, en agosto pasado participó, junto a otras víctimas de abuso, de una carta abierta al Papa en la que exigían que se “dicte un decreto que establezca que el abuso sexual eclesiástico y su encubrimiento sean considerados como lo que son, un delito penal. Por consiguiente, reclaman que se investigue a los obispos, arzobispos, cardenales y sacerdotes que hayan trasladado a curas pedófilos”. Recordar y denunciar En 1983, durante un campamento de verano organizado por la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, de la localidad de City Bell, Julieta Añazco y otros niños y niñas fueron abusados por quien era responsable de su cuidado, el cura Ricardo Giménez. Julieta pudo hablar años después, a los 18. Su familia la apoyó para denunciarlo, pero la jueza en quien recayó la causa dijo que no era conveniente denunciar y que esta estaba prescripta. “Mis padres no insistieron más, yo archivé la situación y la olvide, hasta hoy”. El año pasado Julieta volvió a recordar.  Gracias a un amigo que se puso a investigar, averiguó que el cura seguía dando misa en la capilla del Hospital San Juan de Dios. Al día siguiente, fue hasta la capilla para comprobar que era él: “No lo podía creer, parecía una película, porque en internet figuraban denuncias contra él en Magdalena. Pensaba “no, no puede ser él”. Pero sí, era”. A fines de 2013, organizaciones feministas  -entre ellas, Las Rojas, Las Azucenas y Pan y Rosas- hicieron un escrache en la capilla del Hospital San Juan Dios, donde seguía ofreciendo misa el cura de 82 años. "Cuando recordé lo que pasó, lo primero que hice fue denunciarlo públicamente en distintos medios. Una mujer me leyó y se contactó conmigo". La denuncia pública y la investigación llevada adelante, junto al Colectivo La Ciega, permitieron conocer otros 25 casos en los que está implicado Giménez.  Además, "una mujer me llamo para contarme que ella conocía al cura  desde el año 1971 en el barrio de Flores, y ya hacia esto. O sea, que desde 1971 hay casos", agregó Julieta. Respecto a la vida actual del cura, que siguen impune, Julieta contó que "ya no está dando misa, pero sigue viviendo en su casa, yo tengo contacto con los vecinos. No lo ven seguido pero sigue viviendo en Los Hornos. Lo que más me indigna es que enfrente de su casa hay una canchita de fútbol donde circulan chicos permanentemente", expresó. Escuchar entrevista completa

2A. La memoria no se toma vacaciones

A dos años de la inundación del 2 de Abril, crónica sobre la jornada por memoria, verdad y justicia.

“El principal problema en el asesinato de Cristian Ferreyra es la...

En Monte Quemado, Santiago del Estero, se están desarrollando las audiencias por el asesinato del campesino Cristian Ferreyra, en manos de sicarios del empresario agrícola, Jorge Cicciolli. Según Paulo Aranda, del Movimiento de Campesinos de Santiago del Estero, la violencia en los territorios es producida por un sistema de acaparamiento de tierras, favorecido por el respaldo político y la inacción judicial. El MOCASE denunció irregularidades en el juicio. [audio http://rapencolectivo.com.ar/Programas/2014/191114/191114%20paulo_cristian%20ferreyra_C.mp3]

Braian Mogica: “Nunca pudo ser una legítima defensa”

FB Familia de Braian Braian tenía tenía 16 años cuando el policía bonaerense Gabriel Benjamín Yuguet lo mató de un tiro por la espalda, el 19 de noviembre de 2013. A casi un año, recién la semana pasada se le tomó declaración pero se negó a hablar. El único responsable está imputado, pero por homicidio en legítima defensa. Dante Miño, abogado de la familia del joven, señaló que la fiscalía cree la versión de que fue un enfrentamiento, pese a que el joven cayó muerto abatido por la espalda. Según la versión del policía Gabriel Yuguet –quien cumplía funciones en la división de custodia del gobernador, Daniel Scioli- el 19 de noviembre de 2013, en la intersección de las calles 530 y 132, cuatro chicos en dos motos intentaron robarle amenazándolo con un cuchillo. Ante la situación, desenfundó su arma 9 milímetros y disparó para defenderse. Pero según las pericias, Braian “Toty” Mogica cayó muerto por un disparo que lo atravesó desde la espalda y que hirió a su amigo, Alejandro Villalba. “Brasain se estaba yendo en la moto cuando cae muerto al piso”, sostuvo el abogado de la familia, Dante Miño, en comunicación con Radio Futura, descartando que se trate de un caso de exceso de la legítima defensa, tal como sostiene el policía y la fiscalía. “Suponiendo que en algún momento, Braian lo haya amenazado con un cuchillo, en el momento en que él saca la 9 milímetros del bolso cambia quién es el agresor y quién es el agredido. Con un cuchillo contra una 9 milímetros con once balas es claro quién es el agresor y quién es el agredido”, destacó el abogado, secretario de Derechos Humanos del Movimiento Evita. El zorro cuida a la gallina A casi un año del hecho, recién a mediados de octubre llamaron a declarar al único señalado por la muerte de Braaian. Sin embargo, se negó a ampliar su versión de lo sucedido. “En nuestra opinión esto pasa porque no tiene nada para decir para mejorar su situación”, dijo el abogado. La causa está a cargo del juez de Garantías, Juan Pablo Massi, y del fiscal, Tomás Morán, quien sostiene la versión del policía de “exceso de legítima defensa”. Así, Yuguet sólo está imputado con esa figura penal. “La fiscalía le cree a Yuguet cuando dice que él se defendió y que se excedió en esa defensa. Nosotros decimos que no fue legítima defensa porque Braian ya se estaba yendo, estaba a muchos metros, había visto el arma y  ahí recibe el tiro”, declaró Miño. “Si nosotros quisiéramos explicarle esto a un estudiante de primer año de Derecho sería imposible que lo entienda, es sentido común, no hay que ser abogado para darse cuenta que no hay legítima defensa”, subrayó. Además de dejar al policía en libertad, la justicia platense imputó al amigo de Braian, también herido por Yuguet, por tentativa de robo. Tras pasar por una institución de menores, le otorgaron el beneficio de prisión domiciliaria por haber recibido quemaduras durante su encierro. Por su parte, Dante Miño hizo hincapié en la responsabilidad de los fiscales y del juez por la impunidad que beneficia al policía responsable del hecho. Así, ante la denuncia efectuada por el ex Defensor Juvenil, Julián Axat, de que la misma policía llevaba adelante la investigación, opinó que “la policía según la ley tiene dos funciones esenciales: la prevención de la seguridad y la de auxiliar a la justicia en las investigaciones. Esto en teoría, pero en la práctica la policía mete mano en la investigación, sin embargo, quien dirige la investigación es el fiscal”. Entonces, “es como poner al zorro a cuidar la gallina, porque es la misma policía bonaerense sospechada de excesos, en este caso un homicidio, agravado por ser un funcionario público, quien es juez y parte”, agregó. Rutinas bonaerenses El crimen de Braian se suma a la lista de casos de menores asesinados con participación policial. A mediados de 2013, Julián Axat, ex Defensor de Menores y actual  coordinador del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) realizó una presentación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense denunciando que, entre junio de 2012 y julio de 2013, seis jóvenes, de barrios pobres, con antecedentes penales y alta vulnerabilidad social, fueron asesinado en el marco de hechos confusos, con participación policial. Se refería a los casos de Rodrigo Simonetti, de 11 años; de Maximiliano De León, de 14; Franco Quintana, de 16; Rubén Omar Cigarán, de 17; y de Vladimir Matías Garay, de 16 años. En la presentación, apuntó a las responsabilidades judiciales, que llevar adelante causas de "bajo o nulo estándar investigativo"  dejarían “el clima propicio para la eliminación social”, así como a las instituciones de Niñez y Adolescencia, por presunto abandono de persona.  En tanto, Dante Miño, abogado de la familia de Braian, afirmó que la causa por la muerte del joven de 16 años podría elevarse a juicio durante el primer semestre de 2015. Escuchar entrevista completa

Venta de armas: “El gran problema es el mercado negro”

La ciudad de Santa Fé cuenta 117 homicidios en lo que va del año. Como medida preventiva el intendente José Corral suspendió las habilitaciones para la comercialización de armas y municiones. Sin embargo Carlos del Frade, periodista especializado en seguridad y narcotráfico, desestimó la medida: “el gran problema es el mercado negro de armas que maneja la policía de la provincia que también es el principal cártel de distribución de drogas”.   La Ciudad de Santa Fé superó este año su máximo nivel de homicidios que databa de 2007, con 106 asesinatos.  Ante esta situación, el gobierno provincial  decidió convocar el jueves a los presidentes de los bloques legislativos del Senado Provincial para una reunión urgente con el Fiscal general provincial, Julio de Olazábal. La reunión buscaría avanzar con el proyecto del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mediante el cual se crearía una policía judicial y el Sistema de Protección de Testigos. “Este drama es el costo de no ver la realidad que se estaba denunciando a finales de los ’90 en nuestra querida ciudad” afirmó Del Frade refiriéndose a las campañas de desarme que reclamaba Edgardo Tuco, cura tercermundista. El asesinato y la violencia que rodeaba la juventud santafecina fueron denunciados por Truco, quien recorría las radios y medios locales pidiendo que se desarmara la capital. Según Del Frade el gobierno y los políticos en general han tomado una postura soberbia frente a las organizaciones criminales. En su opinión, estos últimos años se ha aplicado la teoría del ‘doble comando’: el gobierno pacta con la policía que pacta con el crimen organizado para mantener el status quo. “Por eso los nichos de corrupción han aumentado y las armas están al alcance de la mano, eso tiene que ver los mercados negros que alimentan los malos políticos y los malos policías que recaudan para aquellos” afirmó Del Frade. Agregó que “hay distintos grados de complicidad y una gran falta de pasión, sobre todo en la justicia federal; lo que marca esta trama es la complicidad del poder político, policial y judicial”. Para Del Frade, los medios de comunicación más grandes de Santa Fé comparten algún grado de responsabilidad porque apostaron a no establecer algunos motivos de los asesinatos. “Los medios acusan de corruptos a la policía, pero detrás de cada policía corrupto hay un político corrupto; eso no se informa porque la publicidad oficial aumento en el último año el 89%”. Políticos en escuchas narco El especialista también contó que cuando se conoció la noticia del atentado contra el gobernador Bonfatti el diario La Capital publicó transcripciones de escuchas telefónicas realizadas por la justicia federal a dos presos. En el diario salió publicado una conversación por mensaje de texto entre Almirón, ex oficial de policía preso por ser socio de narcos, y Treves, detenido por homicidio, donde aseguraban que grupos mafiosos aportaban a los ingresos de algunos partidos políticos de la provincia. Sin embargo no salió publicado que los detenidos relacionaban el atentado contra el gobernador con gente de Buenos Aires que tendrían contacto con colombianos ligados a Mauricio Macri, jefe del gobierno porteño. Descargar entrevista

Proyecto de reforma: “El Fuero Federal sufre un atraso incomprensible”

Mario Juliano, Director de Pensamiento Penal y juez del Tribunal 1 de Necochea El poder ejecutivo nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Procesal Penal. La reforma buscará la imparcialidad de los jueces y a la celeridad del proceso. Para Mario Alberto Juliano, juez de Necochea y director de la ONG Pensamiento Penal, se trata de una propuesta positiva ya que “actualmente los jueces del Fuero Federal llevan adelante las investigaciones, lo que les impide ser imparciales en los conflictos a dirimir”.  > El martes pasado en la presentación del Código Civil y Comercial, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, anunció que enviaría el proyecto de reforma del actual Código Procesal Penal, que data de 1991. Inmediatamente, organizaciones relacionadas con lo jurídico mostraron su apoyo al proyecto. Desde Pensamiento Penal, Juliano dijo que el atraso del Fuero Federal es incomprensible: “El juez cumple las tareas de instrucción de la investigación y así pierde la imparcialidad que es la garantía para la sociedad”. Juliano apuntó que se debe buscar la calidad institucional para garantizar los procesos judiciales, sin embargo, aseguró que “esto no quiere decir que los jueces seamos absolutamente imparciales, sufrimos presiones en mayor o medida de sectores mediáticos o de ciertos clamores populares”. Agregó que “si esto no fuera así, no tendríamos el elevadísimo nivel de personas privadas de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva”, haciendo referencia a que el 60% de la población carcelaria no tiene condena firme y por lo tanto son inocentes jurídicamente. El Código Procesal Penal nacional actual se rige bajo el sistema inquisitorio mediante el cual el juez instruye la investigación. La mayoría de las provincias de Argentina han modificado sus códigos bajo el paradigma moderno, el sistema acusatorio. En los regímenes provinciales son los fiscales los encargados de llevar adelante la investigación; además se le atribuye mayor rapidez y eficacia de los procesos ya que el juez se ocupa de garantizar que se hagan debidamente. La provincia de Buenos Aires cambió su Código Procesal en 1998 y se inscribió en el sistema acusatorio. Esta modalidad, además de la imparcialidad del juez, se caracteriza por la oralidad de todo el proceso e incluye formas alternativas de resolver los conflictos cuando el fiscal lo considere. El presidente de Pensamiento Penal aseguró que en la academia ya no está en discusión cuál es el sistema que tiene que usarse, ya que hay acuerdo sobre que el sistema acusatorio es el que respeta las garantías del proceso. Por eso, afirmó que no habrá grandes problemas en su aprobación aunque apuntó a los integrantes del Fuero Federal: “Hay cierta aristocracia judicial y por eso creo que desde ahí va a haber cierta resistencia”. Descargar entrevista completa

Educadores comunitarios buscan ser reconocidos por la provincia

"Creciendo libres" en Los Hornos El 10 de septiembre, los diputados bonaerenses aprobaron una ley para incorporar al sistema formal a los 1500 jardines comunitarios que funcionan en territorio bonaerense. Rápidamente se dispararon las críticas hacia el supuesto reconocimiento de maestros militantes. Una experiencia en Los Hornos y otra en Florencio Varela dan cuenta de cómo nacieron y de la función social que cumplen estas instituciones en los barrios. Mercedes: Cacho Zabala: Los jardines nacieron como una respuesta de las organizaciones sociales ante la falta de soluciones educativas del estado. La ley aprobada en la cámara de Diputados el 10 de octubre explica que un jardín comunitario “surge de la organización y gestión de una comunidad, como resultado de instancias previas de organización comunitaria”,  que “conjuga elementos de educación formal y no formal” y que “promueve una praxis horizontal”. Sin embargo, tras la sanción en Diputados, funcionarios bonaerenses, sindicalistas y periodistas pidieron que se vete la ley que fue presentada por la diputada del Frente para la Victoria, Alicia Sánchez tras cinco años de trabajo junto a las instituciones comunitarias. Se mostraron escandalizados ante la posibilidad de que el estado reconozca el trabajo de militantes sociales como educadores: “Nombrarán maestros sin título en centros maternales y jardines”, tituló Clarín el 17 de septiembre. Finalmente, pese a las críticas, el gobierno bonaerense anunció que promulgaría la ley de “Incorporación de la modalidad de educación comunitaria al sistema educativo formal”. En comunicación con el programa Comunidad al Palo!, que se emite por Radio Futura, Cacho Zabala, de la organización Hijos del Campo, de Florencio Varela, definió que, “si bien hay distintas modalidades, en definitiva los jardines comunitarios son jardines en los barrios, que no dependen del Estado”.  Si bien su carácter de comunitarios les da mayor proximidad con las familias y sus problemáticas, también implica otras dificultades. Así, por ejemplo, el jardin de Justicia y Libertad, emplazado en Los Hornos, está  reconocido por el ministerio de Desarrollo Social, en el marco de un programa que incluye la figura de jardín maternal con madres cuidadoras. Pero, "lo que no esta cubierto es el trabajo de esas compañeras que trabajan todos los días", precisó Marcela, referente de esa organización. Y agregó que "eso no esta reconocido económicamente, hoy se entiende que hoy deben trabajar Ad Honorem". “La mamás no tienen plata para una guardería” Cuando desde el MJyL la convocaron para ser educadora del jardín, Vanesa pensaba que no era para ella. Pero de a poco fue entrando en confianza con ese mundo donde cambiar pañales, sonar  narices y atajar tropezones es todo un arte. “Nosotras dos vamos a estudiar educación inicial”, cuenta, mirando a Silvana, su compañera desde hace dos años en ese proyecto que, para ella, comenzó como una salida laboral y se volvió vocación. Vanesa, Silvana, Karina y Ayelén son las educadoras del jardín comunitario “Creciendo libres”, para chicos de entre 45 días y cinco años de edad. Las cuatro son militantes del Movimiento Justicia y Libertad. Son las 12 del medio día y la pequeña mesa está servida en el patio, para aprovechar el aire tibio de un día de sol. Después de comer arroz con atún, y la fruta del postre, comienzan a llegar las mamás y papás a buscar a los chicos. Mientras esperan que los busquen, algunos juegan en el parque verde: Tiago anda en triciclo, Clara pide fotos de los árboles y del cielo, Silvana ataja un tropezón de una nena que está dando los primeros pasos -luego explicaran que, en esos casos, no hay que gritar, para no asustar a los nenes. Fue un día agitado, por la mañana habían hecho un paseo de bicicletas por el barrio para darle la bienvenida a la primavera. Cuando se va la última nena, las cuidadoras se sientan a conversar con Radio Futura. Vanesa recuerda que “siempre estuvo la demanda de un jardín porque el sueldo de una mamá no alcanza para pagar una guardería, y entre pagar y dejar a los chicos con los hermanitos mayores, prefieren dejarlos con los hermanos. Hubo casos de mamás que llevaban a los hijos al trabajo, con los chicos entre los materiales y las herramientas, o mamás que dejaron encerrados a los chicos porque no tenían con quien dejarlos”. Marcela, referente de la organización se suma a la charla y cuenta que "Hay que entender el contexto en el que surgieron los jardines. En nuestro caso aparece por demanda de una organización que se armó en plena crisis de 2001 y hacia 2008 pudimos comenzar a organizarnos en cooperativas, y cuando las compañeras comienzan a tener trabajo no tiene con quien dejar sus hijos. Luego nos planteamos no solo ser niñeras sino qué tipo de educación pensábamos para nuestros hijos". Las educadora contraron que las familias están muy agradecidas con el jardín: “Siempre nos dicen que se sienten conformes con el cuidado de los chicos, están muy agradecidos porque además tiene mucha confianza. Una mamá que se abrió a contarnos que sufría violencia, otro papá nos confesó que su nena tomaba té porque no tenía para la leche”.  La capacitación la hicieron en Villa Soldati, donde funciona un jardín comunitario del Movimiento La Dignidad. “Nos definimos como educadoras, no somos niñeras sino que acompañamos el proceso de desarrollo y crecimiento de los niños y niñas”, contaron las educadoras. Cuando egresan las chicas y chicos saben hacerse entender para pedir ir al baño, pedir comida o agua, también aprenden los colores y a contar hasta diez. Pero además, a las educadoras les interesa enseñarles valores, y hacen hincapié en no fomentar el consumismo y el sexismo. Para el día del niño o los cumpleaños, en lugar de regalarles juguetes comprados, ellas mismas crean los regalos, evitando el adoctrinamiento del mercado, que marca para nenas debe ser rosa y para nenes, celeste. El Movimiento se prepara para abrir un segundo jardín en Olmos. Actualmente, están realizando los encuentros de formación del cuerpo de cuidadoras que se pondrán al frente del jardín. “La escuela más cercana está  a 8 kilómetros” Cacho Zabala es militante del Hijos del Campo, de Florencio Varela. La Asociación Civil funciona desde el año `98 y hace nueve años se plantearon hacer un jardín comunitario en la zona rural de Florecio Varela: “El colegio más cercano está a ocho kilómetros y otro a doce kilómetros, por lo tanto no hay jardines que puedan albergar a los chicos. Llegaban con una preparación a la primaria muy escasa y veíamos que fracasaban en los primeros años. Había chicos que repetían primer grado hasta cuatro o cinco veces; no lo podíamos aceptar porque no podían ir al jardín porque el colectivo pasaba cada una hora, a la mañana en el campo hace mucho frío (…), y después la cuestión de la pobreza, porque no siempre se tiene la plata para ir al jardín o a la escuela y es gente muy humilde”, relata Cacho sobre la génesis del proyecto. Hoy 40 niños y niñas asisten a las salas de 3,4  y 5 años del jardín que funciona en el marco de un programa del Ministerio de Educación. “Tenemos experiencias hermosísimas de este tipo de educación en las cuales los chicos llegan no solo con un nivel bueno sino en muchos casos con un nivel mejor que la preparación de los jardines del Estado. Eso lo tenemos documentado inclusive por directoras a las cuales les hemos pedido que hagan informes de los chicos que enviamos”, dice Cacho defendiendo la importancia y el compromiso de la educación comunitaria. Para que el proyecto se haga realidad, junto con  algunas chicas estudiantes del secundario se dedicaron a investigar los programas del jardín y confeccionaron el propio. “Después, las propias madres tomaron en manos el jardín y son ellas las que, a través de un programa que es casi igual al programa del Estado, arman las clases del nivel inicial”, concluye. La polémica  Néstor Ribet, subsecretario de Educación bonaerense, había advertido que “la Directora de Cultura y Educación, Nora de Lucía, y su gabinete estuvo presente en las comisiones de educación de la Legislatura para manifestar nuestra postura que no  coincide para nada con que se desempeñen personas que no tuvieran un título docente”.   En diálogo con CN23 afirmó: “Los jardines comunitarios tendrán que adaptarse a las exigencias del sistema educativo, de lo contrario, desde el Ejecutivo se va a vetar esta ley”. A la posición de la provincia, también se sumaron sindicalistas, como Miguel Ángel Díaz de UDOCBA, que se refirió a las personas a cargo de los jardines comunitarios como “seudo docentes”.  Sin embargo, el texto de la ley es esclarecedor sobre el punto más criticado de la ley: la formación de los educadores y educadoras.  Según el texto, queda en manos de la Dirección General de Cultura y Educación tomar las medidas necesarias para que las trabajadores y trabajadores de la educación comunitaria obtengan una titulación, y del Ejecutivo, disponer de los recursos para que ello suceda.  En tanto que el artículo 7, indica que el régimen laboral de los educadores comunitarios se regirá por la Ley Nº 10.579, Estatuto del Docente, y sus modificatorias. En una reflexión publicada en la Revista La Pulseada, titulada "La educación no es un trámite",  Damián Lambusta, militante social y sociólogo analiza el nuevo marco regulatorio y expresa: “Revisando el texto de la ley no quedan muchas dudas acerca de su aplicación, bastaba  tomarse unos minutos para demostrar que muchos argumentos que se esgrimen en su contra, no se corresponden con lo desarrollado en el texto de la normativa. ¿Los comunicadores sociales desconocían el proyecto? ¿No se informaron antes de informarnos?” Finalmente,  si bien el debate continúa, Alberto Pérez, jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, informó que el Ejecutivo promulgaría la ley. La decisión se tomó tras una reunión en la que participaron, además, la Diputada Alicia Sánchez, quien presentó el proyecto de la ley; el Senador Gustavo Oliva, Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la Provincia de Buenos Aires; la Diputada María del Carmen Pan Rivas, Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la Diputada Karina Nazábal.