Criticas al nuevo DNI por incorporar datos privados

El Ministerio del Interior anunció que a partir del 2015 se implementará un documento que contiene un chip con datos personales para "interactuar con servicios públicos y privados". Beatriz Buzaniche, de la Fundación Vía Libre, calificó de preocupante la medida ya que no se dan a conocer los fines de la incorporación de datos sensibles.Un convenio firmado recientemente con la Real Casa de la Moneda de España traería como concecuencia nuevas tecnologías aplicadas al DNI. A partir del 2015 los documentos fabricados integraran los datos que ya contienen más la tarjeta SUBE, datos del ANSES, del PAMI y la historia clínica. La medida cosechó criticas de las organizaciones ligadas a los derechos ciudadanos en tanto aseguraron preocupante la expansión sin control de una política de identificación masiva.Buzaniche pone en cuestión la idea de la practicidad de las nuevas tecnologías y propone pregunta el para qué de la integración de los nuevos datos. El DNI "va a contener una gran cantidad de información de la cual tenemos poco conocimiento, solo se supo por el anuncio del ministro Randazzo pero pasó desapercibido", aseguró la integrante de Vía Libre.En 1994 se sancionó la ley 25.326 de "Protección de los Datos Personales" que prohíbe la recolección de datos sensibles, es decir aquellos que "revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual". La incorporación de la historia clínica en el DNI entraría en contradicción con esta Ley, según Buzaniche la difusión de estos datos personales "podría dar lugar a la discriminación, en ámbitos laborales por ejemplo, por eso ese tipo de información tiene que tener recaudos especiales".Por otro lado, la ley plantea que los registros deben tener una finalidad concreta en caso contrario deben ser destruidos. Por ejemplo, la tarjeta SUBE contiene datos personales, como el nombre, el DNI y electronicamente registra los viajes que el usuario realiza. El registro de los movimientos de los ciudadanos "se uso para fines distintos pero todavía no está claro, entonces el Estado no tiene por qué tener esos datos y deberían ser destruidos".Buzaniche recordó que el DNI fue creado en la última dictadura cívico-militar y explicó que en muchos países, como el Reino Unido donde no hay una base centralizada de datos biométricos o EEUU donde no hay DNI. En Argentina el documento se ha resignificado como un elemento de la identidad individual, pero "lo que hay que  revertir es esta tendencia de registrar en el DNI cada vez más y más datos" aseguró Buzaniche.  Descargar entrevista completa

Desalojo de quinteros en Abasto

El viernes 4, 75 familias agropecuarias fueron desalojadas de un predio ubicado en Ruta 2 y 516 en el marco de un violento operativo llevado a cabo por la Policía Bonaerense. Desde 2012, estaban comprando los lotes, pero el juez Masi ordenó cederlos a una empresa local. Rosalía Pellegrini, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció una connivencia entre la inmobiliaria y la Justicia.Durante la tarde del viernes 4 comenzaron a correr la noticia y los pedidos de solidaridad: 75 familias de quinteros estaban siendo desalojadas por la Policía Bonaerense en la zona del Abasto de La Plata. La represión tuvo lugar en el marco de un operativo de desalojo en Ruta 2 y 516 y tuvo como resultado la detención de dos personas, que fueron liberadas horas más tarde. Rosalía Pellegrini, integrante de la UTT (Frente Popular Darío Santillán) denunció que “las familias se quedaron sin tierras luego de que el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, decidiera darle la posesión a un testaferro de la inmobiliaria Mattioli, y dictar el desalojo”.Pellegrini aclaró que los lotes no tienen escrituras sino que estaban siendo adquiridos a una persona que tenía derecho de posesión por pagar los impuestos y vivir en el predio desde 1987.  Pese a ello, la inmobiliaria pidió el desalojo que fue ordenado por el juez Masi:"Son terrenos sobre la Ruta 2, para hacer negocios valen un montón, pero para las familias era la oportunidad de hacer la vivienda”.Rosalía denunció también que la inmobiliaria “se aprovecha con la complicidad de los jueces y hacen negocios. Hay una connivencia y ahora tocó que paralelamente había familias que compraron las tierras de buena fe”.La mujer agregó que“la Justicia le dio la razón a la inmobiliaria. Mattioli agarra todas las tierras fiscales, o en situación de falta de propietarios y hace negocios”.  Ante este tipo de situaciones, afirmó que“el Estado tiene que intervenir y regularizar la situación de la tierra”. Por ello,“estamos viendo la posibilidad de hacer una medida de fuerza que ponga en evidencia a estas mafias y proponga una política pública”, sentenció.Escuchar entrevista completa

Denuncian campaña de calumnias e injurias contra diputada del FIT

Cintia Frencia (Frente de Izquierda de los Trabajadores) está acusada por incitación a la violencia por "marcar" a activistas que se manifestaban contra la modificación de la Ley de Ambiente Provincial en Córdoba. Desde el FIT afirman que, con esta acción, la oposición está llevando a cabo una campaña de calumnias e injurias para desviar el debate de la instalación de la planta de Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.El jueves 3 se realizó un acto en la Legislatura de Córdoba en defensa de la diputada Frencia quien enfrenta un proceso por una “cuestión de privilegio” en la Unicameral. Está acusada por los legisladores radicales Luis Brouwer de Koning y María Alejandra Matar de instigar los hechos de violencia sucedidos en los alrededores de la Legislatura el 11 de junio, cuando se aprobó una modificación de la Ley de Ambiente de la Provincia, conocida como "Ley Monsanto". En esa oportunidad, activistas y manifestantes fueron agredidos por la Policía con un saldo de dos docenas de personas heridas y varios detenidos. Según los legisladores radicales, Frencia los “marcó” para que fueran agredidos por los manifestantes."El pedido de sanción que quieren imponer de manera ilegítima tiene que ver con que el FIT fue el único frente en rechazar la ´Ley Monsanto´ que apunta, básicamente, a modificar las  trabas que tenía la empresa para instalarse en la provincia y, en particular, en la localidad de Malvinas Argentinas", explicó Frencia en diálogo con Rap. El proyecto aprobado complementa el marco normativo de la Ley Nacional de Ambiente que debería establecer los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del medioambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Sin embargo, asambleas socioambientales y organizaciones local afirman que esta reforma sólo busca generar un marco normativo para la instalación de una planta de Monsanto en la provincia.En alusión a esta denuncia, el gobernador José Manuel de la Sota aseveró que "la legisladora, lamentablemente, promovió estos incidentes" al haber "señalado (a los manifestantes) cuando entraban los legisladores radicales y al decirles: `no los dejen pasar`". Desde el FIT afirman que la oposición está llevando a cabo una campaña de calumnias e injurias para desviar el debate de la instalación de esta planta."Nosotros rechazamos desde primera instancia esta ley. La denunciamos públicamente, incluso de la legislatura también. Hicimos la presentación de un proyecto alternativo para declarar la emergencia ambiental en Córdoba y evitar la instalación de Monsanto en la provincia, pero la comisión de ambiente decidió no tenerlo en cuenta", afirmó Frencia.Según el Reglamento Interno de la Cámara, la cuestión de privilegio se configura cuando se afectan los derechos de la Legislatura colectivamente, su seguridad, dignidad y la integridad de su actuación y sus procedimientos, considerados desde la perspectiva de órgano representativo de los ciudadanos. Frencia afimró que en una primera instancia la comisión evaluó la posibilidad de un desafuero que la expulsara de la legislatura, pero posteriormente se afirmó que "ahora se habla de una sanción, o una suspensión por unos meses".Descargar entrevista completa

Frenan el desalojo de un piquete de despedidos en la autopartista...

(AW)En mayo fueron 330 los trabajadores y trabajadoras suspendidos y, a fines de junio, 100 perdieron su empleo en la planta de la autopartista Lear instalada en Pacheco. Tras una jornada de tensión por la amenaza latente de desalojo, el apoyo por parte de organizaciones de trabajadores y estudiantes evitó la represión policial. Cerca de las 19 horas se conoció la primera amenaza de desalojo del acampe instalado a la entrada de la autopartista de Pacheco, y de los piquetes que bloqueaban la salida a la Panamericana, a la altura del kilómetro 31.3, informó Agencia Walsh. El mismo se organizó en repudio a lass 330 suspensiones y 100 despidos en la empresa norteamericana Lear, que aduce una crisis en la producción pero que es una de las cuatro fabricantes del rubro más grande del mundo.El apoyo se hizo sentir en Avenida Rivadavia y Callao, y en 197 y Panamericana,  donde a las 19 horas, organizaciones políticas y gremiales convocaron de forma "urgente" a movilizarse "para resistir el desalojo". A principios de junio, el ministerio de trabajo había ratificado la ilegalidad de las 330 suspensiones de mayo. La empresa no informo que atravesaba una crisis- paso previo indispensable para que el Estado autorice las suspensiones. Por ello, instó a Lear a retrotraer la medida, pero los trabajadores denunciaron la inacción estatal y del gremio SMATA para hacer cumplir con esa disposición. A esto se suma que el último viernes 27 de junio, 100 trabajadores fueron despedidos.Empresa buitreEn comunicación con Rap, Rubén Matu, despedido de Lear, contó que “el viernes nos encontramos con que cerca de 100 personas fueron despedidos, compañeras embarazadas, gente con familia; los despidieron por bajo rendimiento pero se dejo afuera a compañeros con legajos intachables”. En tanto, Matu sostuvo que el año pasado Lear, que tiene sedes en 36 países, facturó 16 mil millones de dólares: “Lo que le pagaban a los compañeros era el 0,05 % de su ganancia”.En un comunicado de prensa, los trabajadores despedidos y suspendidos habían explicado que esa situación se da “pese a que en Ford, que es la única compradora de los mazos de cables que produce LEAR, la producción no bajó durante este año y se espera una suba desde Julio”. “Sucede”- aseguraron- “que la empresa Ford está importando parte de la producción de los cables que produce Lear desde Centroamérica y Europa, mientras en la planta de Pacheco se producen despidos y 200 trabajadores se encuentran suspendidos y sin goce de sueldo ni pago dinerario alguno”. Un comunicado de prensa del PTS recuerda que la multinacional ha sido denunciada por someter a sus trabajadores a condiciones humillantes. El caso más extremo se dio en la filiar de Honduras, donde en 2013 sindicatos norteamericanos y hondureños denunciaron que la empresa obligaba a los trabajadores a usar `pañales para que no pierdan tiempo en el baño.  En tanto, en Estados Unidos, 20 mil fueron los despedidos tras una "reestructuración" en 2009.AutomotricesEl conflicto en Lear se suma a otros conflictos laborales en el sector automotriz. En abril, se desató el conflicto en planta de Pacheco de Gestamp. Esta semana también se conoció el cierre de la autopartista Visteon Corporation, que dejo sin empleo a 240 operarios de su planta de Quilmes. La empresa de productos de control de climatizadores justificó el cierre por la caída en la producción.El sector automotriz atraviesa desde hace meses un conflicto signado por despidos y suspensiones. Al tiempo que las empresas justifican la reducción de operarios por una crisis de producción y la caída de ventas -tanto en el mercado interno como hacia Brasil, que es el mayor comprador-, los trabajadores denuncian que las multinacionales con  ganancias exorbitantes, no quieren resignar sus ingresos, descargando los costos en sus empleados.El Estado Nacional intervino con acuerdos con Brasil y con anuncios de reactivación de créditos a esa industria: “Se hicieron planes con el Gobierno para aumentar la producción y a nosotros nos están despidiendo”, había expresado Rubén Matu, uno de los despedidos, en relación a la situación en LEAR. 

Proponen que el 10 de octubre sea el Día del derecho...

Legisladores bonaerenses y concejales del Frente para la Victoria junto a autoridades de carreras de periodismo proponen instaurar esta efeméride en conmemoración a la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este miércoles, Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, brindó una charla en el Concejo Deliberante de La Plata en apoyo a esta iniciativa.El proyecto instituye en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires el 10 de octubre de cada año como el Día del Derecho a la comunicación. De esta forma, la fecha quedaría incorporada al calendario escolar y al oficial de conmemoraciones bonaerenses.En diálogo con Rap, Mariela Pugliese, presidenta de FARCO, avaló la propuesta de que esta fecha "nos permita pensar en el derecho a la comunicación y cómo esta ley cambia la estructura de medios en la Argentina".Una ley con cinco años de vigenciaEn cuanto al nuevo escenario planteado tras la aprobación de la LSCA, destacó que fue un paso clave para democratizar la comunicación. "Hay algo muy importante que es la diferencia entre una ley que mide la comunicación desde el derecho de todos y todas los habitantes de la Argentina y el viejo decreto ley de la dictadura militar acorde a lo que quería una lógica económica y política de poder, que hacía que sólo pudieran tener medios de comunicación quienes fueran sociedades comerciales o personas físicas, y no las organizaciones o entidades sin fines de lucro", explicó.Además, se refirió a los desafíos de los medios de comunicación comunitarios: "Tenemos que logar un desafío que es que se normalicen las licencias y se ejecute esta reserva del 33% para los medios sin fines de lucro. Sin la legalidad es muy difícil pensar un desarrollo. Y, más allá de eso, hay otros desafíos que están más de nuestro lado: empezar a mejorar nuestras capacidades de gestión y organización interna, producir contenidos propios y propuestas estéticas que surjan de nuestras comunidades".Mariela Pugliese recordó que la normativa sancionada en 2009 tuvo que atravesar obstáculos judiciales y una serie de medidas cautelares presentadas por medios comerciales. Y explicó que, si bien"falta mucho todavía, la ley empezó a cobrar un marco de aplicación en los últimos dos años. La ley no es sólo un cambio formal, sino que apunta a un cambio cultural muy fuerte que aún se está disputando". Para ella, en esa disputa, el rol de las organizaciones y medios sin fines de lucro debe ser activo:"Tenemos que tener muy claro que los procesos sociales son largos", concluyó.

Reclamos y movilización a 15 meses de la inundación

Los  vecinos siguen reclamando que se realizan las obras hidráulicas, que la información sea publica, y que existan espacios de interlocucion con la ciudadania reales. Preocupa el mal crecimiento de la ciudad y no hay certezas sobre cómo se afrontaría una nueva lluvia. Mientras se preparaba una nueva actividad en Plaza Moreno, reflexionamos con miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Tolosa sobre la necesidad de organizarse y trabajar en conjunto. La Municipalidad lanzó un Plan de Obras hidráulicas, conteniendo obras de ensanche y revestimiento de los arroyos y la construcción de nuevos puentes. Las obras ya comenzaron pero la incertidumbre continua vigente : ¿Esta preparada la ciudad para afrontar un nuevo temporal?. “El problema grave es que no sabemos qué resuelven estas obras, de qué nos protegen. Es elemental que se informe a la ciudadanía y, si no te protegen, qué se va a hacer para ayudar a la gente en el caso de emergencia”, manifestaron Luciano Pugliese y María Cecilia Urrutia, miembros de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Tolosa, en diálogo con Rap. Las obras que hasta ahora se han licitado consisten en el ensanche y revestimiento de una parte del arroyo del Gato, esto permite que el arroyo tenga más capacidad de conducir el agua en caso de una lluvia fuerte. Sin embargo de los 14 puentes que cruzan el arroyo del gato sólo se ha presentado la licitación para la reparación de los mismos. El arquitecto Luciano Pugliese manifestó su preocupación sobre el modo en que se están llevando a cabo las obras. Aseguró que el ensanche y revestimiento de los arroyos no es del todo eficaz si no se realizan las reparaciones necesarias en los puentes: “lo único que tenemos es un lugar más ancho, pero después de hacen embudos y el arroyo puede rebalsar”. Otro problema es la relocalización de las familias que se encuentran a la vera de los arroyos. “Hay un sector en Ringuelet donde es clarísimo que hay muchas familias que tienen que ser reubicadas. Se han licitado y ha empezado la construcción de 120 casas, pero todavia faltan muchas para resolver mínimamente ese tramo"afirmó Luciano. “No miremos la foto, tenemos que mirar la película entera” El plan de obras se realiza pensando en la ciudad como si fuera estática, sin embargo el crecimiento edilicio de La Plata va en aumento y eso también es un problema: “la ciudad es una cosa viva, nosotros hablamos de un plan de obras para remediar una situación que es una foto”, dijo Luciano. Se rellenan terrenos y construyen nuevos barrios en lugares bajos que imposibilitan el desagote del agua que se acumula. “No se puede crecer de cualquier manera, ocupando todos los lugares bajos, rellenando como se quiere, cualquiera se siente el derecho de rellenar un terreno para poder urbanizarlo. Esto es responsabilidad absoluta de la Municipalidad,” dijo Luciano. En este momento se está construyendo un barrio cerrado sin autorización sobre un bañado que forma parte de la cuenca del arroyo del Gato. Los bañados regulan el ciclo del agua: permean el agua y con ello alimentan las napas subterráneas. “Esto va a traer consecuencias: van a llevar a la contaminación de las napas de calidad que tenemos. Esto se está haciendo porque sí, para hacer un gran negocio inmobiliario. Y se lo deja hacer, no se para”, afirmaron los vecinos de Tolosa. “Si se sigue ocupando el territorio de esta manera, las obras no nos van a proteger de la inundación. En 15 años tendremos que volver a plantear que se va a hacer. Esto los han dicho muchos estudios universitarios. No miremos la foto, tenemos que mirar la película entera”, dijo Luciano. Cómo remplazar la función de los espacios verdes Además de la preservación de algunos espacios naturales es posible evitar las inundaciones a través de construcciones artificiales. Tal es el caso de los denominados reservorios: son espacios construidos de forma artificial que se utilizan como amplias piletas para retener el agua de las grandes lluvias y, luego, a través de motores y bombas, la vuelven a dirigir hacia los arroyos. Desde la asamblea postulan lo posibilidad de la construcción de reservorios en La Plata que contribuiría a evitar el rebalse de los arroyos. A su vez, la construcción de nuevos barrios y edificios generan que sea más el caudal de agua que circula por los caños. “En nuevas urbanizaciones debería ser absolutamente obligatorio que tengan su espacio de reservorio. Hay provincias que lo tienen establecido de esa: si yo hago una nueva urbanización mi responsabilidad es que no largue más agua de cuando eso era campo”, afirmó Luciano. “Nosotros queremos a La Plata” Cecilia Urrutia manifestó la voluntad de los asambleístas de colaborar en la solución de los problemas de la ciudad. Sin embargo, afirmó, esto no es posible si no son escuchados e informados por parte del municipio. “A las Asambleas no nos dan información, son reticentes a mostrar lo que están haciendo y a veces hasta nos confunden. Nos cuesta encontrar escenarios donde explayarnos y contar lo que estamos haciendo en las Asambleas y nos cuesta recibir la información, la requerimos y no tenemos eco”, afirmó. Algunos de los vecinos cuentan con formación técnica que podría servir para solucionar los problemas que tiene la ciudad, pero no reciben por parte de las autoridades la atención necesaria para poder aportar. La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tolosa surgió después de la inundación del 2 de abril a partir de la iniciativa de dos jóvenes del barrio. “Los problemas es más fácil resolverlos cuando somos más de uno. Es mejor encontrar soluciones cuando somos un grupo. Ese es el fin de las Asambleas, encontrar una solución juntos a un problema que tenemos en común, para todos los vecinos de La Plata”, concluyó Cecilia. Familiares de Víctimas de la Inundación y la Unión de Asambleas Barriales de La Plata, se concentron el miercoles a las 18hs en la Plaza Moreno de La Plata y luego se realizo una movilización hasta la Casa de Gobierno provincial.  Escuchar entrevista completa

100 mil chicos expulsados de los comedores bonaerenses

Una resolución lanzada este mes por el gobernador Daniel Scioli aumenta el presupuesto por plato que se brinda en los comedores de la provincia, pero, a la vez, reduce la cantidad de cupos de los comedores en un 30%. El lunes, SUTEBA hizo una presentación ante la Defensoría del Pueblo bonaerense solicitando su intervención.El 1° de junio los Consejos Escolares de toda la provincia fueron notificados por el ministerio de Desarrollo Social de una reestructuración de la distribución en las comidas que se brindan en comedores populares y escolares. Según cálculos de organizaciones sociales y de los establecimientos educativos, esto implica que deberán reducir los cupos entre un 23% y un 30%. .“Llegó esta orden que, claramente, es un recorte en lo presupuestario. Se eleva el gasto por cupo alimentario de $5 a $6,30 por plato, pero lo que no se dijo fue que esto incluía un recorte en los cupos. Es una situación gravísima que, lamentablemente, se suma a lo que nos viene sucediendo  en el sistema público de la provincia”, afirmó Claudio Vigne, Secretario Gremial de SUTEBA La Plata.La presentación realizada el lunes ante la Defensoría exige que se realice una investigación sumaria que lleve al esclarecimiento de los reclamos planteados, no sólo desde las organizaciones gremiales, sino también desde los consejeros escolares. Esta acción se suma a los reclamos por la situación que atraviesan los comedores de la provincia.Según Vigne, la resolución ejecutada por el gobierno bonaerense se da en un marco de crisis del sistema educativo provincial y los principales afectados son los/as chicos y chicas que asisten diariamente a los comedores de las escuelas.“Se está dejando de dar de comer en las escuela públicas de la provincia de Buenos Aires. En en la región La Plata, estimamos que 15 mil alumnos desde el 1° de junio dejaron de comer”, dijo Vigne. A través de un informe elaborado por el sindicato docente que contempla a 30 distritos provinciales, se calcula que este número ascendería a 95 mil chicos entre copa de leche y almuerzo. Además, Vigne contó que “los directores de cada establecimiento tiene que determinar quién come y deja de comer o bien se tienen que achicar las raciones para sostener la alimentación de todos los alumnos”. Para muchos de los chicos esa es la única alimentación que reciben durante el día.Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio, negó que exista un recorte en los comedores escolares y dijo que se trata de “una optimización del servicio” frente a una serie de “irregularidades” por parte de los Consejos Escolares que sobredimensionaban la cantidad de cupos.

Propuesta para controlar el uso de drones por la Policía Metropolitana

La fuerza de seguridad porteña anunció la incorporación de los artefactos voladores no tripulados y piloteados electrónicamente a distancia. Cinco legisladores presentaron un proyecto con vías de limitar su aplicación porque presumen que podrían utilizarse para tareas de control y vigilancia.Según informaron desde la Metropolitana, los drones sólo se emplearían para el control visual del espacio público a través de videocámaras, para tener un seguimiento de incidentes o accidentes, manifestaciones, robos, incendios, derrumbes o inundaciones.  Sin embargo, tras el anuncio de la fuerza, el equipo legislativo Verde al Sur, coordinado por Pablo Bergel y donde se desempeña el sociólogo Andrés Pérez Esquivel, presentó un proyecto de pedido de informes al Poder Ejecutivo para controlar su aplicación. El proyecto exige también que se frene toda iniciativa hasta que haya una ley nacional de regulación. “A lo sumo puede estar permitido para un tipo de catástrofe o emergencia, pero no queremos que haya drones para controlar las manifestaciones, con un carácter de espía más que de seguridad”, dijo Alejandro Bodart, legislador del MST, en comunicación con Rap.La propuesta fue elaborada por los diputados Gustavo Vera y Bergel de Verde Alameda, Virginia González Gass del Partido Socialista Auténtico, Alejandro Bodart del MST y Pablo Ferreyra de Izquiera Popular. Se espera que dentro de quince o veinte días empiece el tratamiento en la Comisión de Seguridad.Bodart comparó el potencial uso de drones con la actual presencia de las cámaras de vigilancia en la Capital Federal. Destacó que“está prohibida la inteligencia interna, pero se violan permanentemente leyes que hacen a la seguridad de las personas, al derecho de no ser vigilados”. El legislador agregó que ni bien tomaron conocimiento de que en la Capital, incluso, ya se habían hecho inversiones para construir drones“empezamos a trabajar para que no haya otro nuevo avasallamiento sobre los derechos individuales”.Descargar entrevista completa

La Suprema Corte Bonaerense solicitó informes por el Código de Ordenamiento...

 El fallo responde a un pedido de inconstitucionalidad de esa normativa presentado por la fundación Biósfera el año pasado. La Suprema Corte bonaerense solicitó informes acerca de la aplicación del Código de OrdenamientoUrbano en la ciudad. También solicitó que el Ejecutivo se abstenga de modificar el trazado urbano original y prohibió demoler inmuebles de carácter patrimonial.El jueves, la Suprema Corte intimó a la Municipalidad de La Plata por la modificación del COU realizada en 2010. Solicitó que el Ejecutivo local se abstenga modificar el trazado original de la ciudad con alteraciones totales o parciales o rectificaciones de espacios, paseos y bienes del dominio público y ordenó prohibir la demolición de aquellos bienes inmuebles de carácter patrimonial que hayan sido protegidos en el inventario dispuesto por el decreto municipal 1579/06.El COU es el texto normativo que dicta cómo deberá desarrollarse y, por lo tanto, cómo será  la ciudad: establece alturas máximas de construcción y usos por zonas, áreas de desarrollo, forma de transporte, vinculación de zonas, grados de protección histórica, espacios verdes, entre otros. Una de las críticas más fuertes al gobierno municipal que se profundizó luego de la inundación del 2 de abril es que, a través de la última modificación de esta ordenanza, se dio vía libre a la construcción de edificios generando un colapso de tránsito y de servicios, afectando también el desagüe y drenaje tras las tormentas.​El fallo emitido responde al pedido de inconstitucionalidad, presentado por la fundación Biósfera, a partir de la incorporación de modificaciones realizadas por el Ejecutivo local a pedido de la provincia de Buenos Aires, puesto que suponían una contradicción con la ley 8.912, que regula el uso, ocupación, subdivisión y equipamiento del suelo en territorio bonaerense."A través de esta acción, la Provincia le da a la Municipalidad ciertas recomendaciones, pide la modificación de algunos artículos del COU. Lo que pasó el 2 de abril, ya lo veníamos venir y se profundizó por las modificaciones que se están haciendo en la ciudad, fue lo que nos animó a presentar este tipo de reclamo", expresó Horacio Blaústegui, integrante de la Fundación Biósfera, en diálogo con Rap.Además, Blaústegui recalcó el rol de la ciudadanía para hacer efectiva esta denuncia contra el accionar municipal, en vinculación con las empresas inmobiliarias: "Lo que la Corte pidió ahora es preguntar qué se ha hecho. Y es lo que los ciudadanos estamos pidiendo".Descargar entrevista completa

“La lucha de Gestamp involucra a todos los trabajadores de la...

Tras la toma de la autopartista Gestamp por el despido de 67 trabajadores, la Confederación de Sindicatos Industriales difundió una solicitada denunciando "la infiltración de la izquierda". Christian Castillo critica esta postura asegurando que los dirigentes sindicales están garantizando los despidos. La Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina difundió una solicitada donde ataca a legisladores y militantes involucrados en los reclamos por la situación laboral en Gestamp. En el documento, expresaban que el conflicto que tiene lugar en la empresa fue gestado "por un minúsculo grupo de personas cuyas ideas, propias o impuestas, colisionan con los principios democráticos". Además manifiestan su apoyo a Ricardo Alberto Pignanelli, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) nucleado en la Confederación, "ante el inaceptable ataque a su persona y a su extensa militancia gremial"."La solicitada dice que son los trabajadores que crean el conflicto, es grave lo que dicen", afirmó Christian Castillo, diputado en la provincia de Buenos Aires por el FIT, en diálogo con Rap. "Piensan que si hay trabajadores de izquierda que pelean por su trabajo tienen que sacarlos". Agregó que el discurso expresado en el comunicado garantiza que haya despidos, "la empresa saca una solicitada felicitando a SMATA, al gobierno nacional y provincial no hacen más que desprestigiar a esta gente".Explicó que la situación se da en el marco de un crecimiento de sectores opositores a las patronales en las comisiones internas, en el caso del sector automotriz, con una propuesta alternativa a la de Ricardo Alberto Pignanelli. Castillo afirmó que las patronales "tienen un promedio de 28 años dirigiendo estas centrales, entonces cuando ven que estos compañeros militan y no se dejan sobornar les molesta". El conflicto en la autopartista Gestamp se inició en abril debido a los intentos de la empresa de realizar suspensiones a las que los trabajadores se negaron e iniciaron un proceso de asambleas a las que el gremio SMATA fue convocado a dar explicaciones pero nunca acudió. En represalia se despidió a estos trabajadores alegando problemas de caída en las ventas.El 28 de mayo, trabajadores ingresaron a la planta de Escobar exigiendo la inmediata reincorporación de los 67 operarios cesanteados. Los despedidos junto a trabajadores de otras empresas que acercaron su solidaridad se encontraban acampando hacía días en el acceso a la planta la cual se mantiene paralizada por el conflicto. A su vez la militarización de la fábrica viene siendo denunciada por los trabajadores, en estos momentos un gran operativo con efectivos de la Gendarmería y la policía bonaerense se encuentra desplegado en los alrededores.Acuerdo con automotrices brasileñasDesde fines de mayo, funcionarios de las carteras argentinas de Economía, Industria y Cancillería se reunieron con sus pares brasileños para llegar a un acuerdo sectorial que permita mejorar la balanza comercial entre ambas naciones. "Lo que hay del acuerdo con Brasil, hasta ahora no va a dar una solución a la crisis del sector. Será un pequeño paliativo, pero nada hace creer que vaya a haber un crecimiento en la producción. Más allá de lo que haga el gobierno, presentamos un proyecto de despidos y suspensiones para que se para esto por los 24 meses. no puede ser que la primer baja que hay las empresas despidan a sus trabajadores", dijo Castillo.Descargar entrevista completa