Sociedad

Este domingo 7 de septiembre a las 13:00 en el Centro Cultural Daniel Omar Favero (117 y 40) se llevará a cabo el 3° Festival de Salud Mental, Arte y Comunicación, organizado por los usuarios y profesionales del Servicio de Salud Mental del H.I.G.A. Gral. San Martín. La idea es generar un encuentro con la comunidad y realizar aportes para el tratamiento de los prejuicios y discursos estigmatizantes que la rodean.Nadia Rodríguez, trabajadora social del Hospital de Día del San Martín, comentó que desde el año pasado vienen realizando diferentes actividades como pintadas de murales, la creación de una biblioteca y un taller de radio. Además de constituir un espacio de expresión para los usuarios de la institución que al mismo tiempo visibilice la problemática de discriminación que sufren, el festival también es una forma de obtener fondos que serán destinados a la reposición de materiales de la biblioteca que fueron robados el año pasado.En diálogo con Comunidad al Palo! la trabajadora social remarcó que desde el Centro de Día trabajan diariamente con las usuarias y usuarios de la institución realizando talleres de músico-terapia, yoga y educación física, entre otros.Asimismo hizo hincapié en la necesidad de contar con experiencias en salud mental y comunicación, y sostuvo que "se trata de empezar a romper un poco con estos prejuicios y salir de los muros de la institución (...); este tipo de actividades hace tener otro lugar para dar la voz y protagonismo a las personas que están en padecimiento mental, ese es el objetivo de nuestra tarea".El Favero se llena de música, comidas y baileEn el marco del 3° Festival de Salud Mental, Arte y Comunicación, el Centro Cultural Daniel Omar Favero abre sus puertas para participar de una jornada en la que se realizarán diversas actividades. Entre ellas habrá una radio abierta conducida por los usuarios y usuarias del Hospital de Día del San Martín que participan en "Rompiendo Barreras", programa emitido por Radio Estación Sur los lunes a las 13:00.En este sentido, Nadia Rodríguez explicó que se estará entrevistando a compañeros de diferentes grupos que trabajan la cuestión de la comunicación y la salud como "Gladiadores de la Sonrisa" del Centro de Salud Mental Franco Basaglia, "Rasonamiento Desencadenado" de la Casa de Pre-Alta dependiente del Hospital Alejandro Korn, experiencias de la sala "G" del mismo hospital, y de un programa de radio que hacen niños y niñas del Hospital de Niños de la ciudad.El cierre lo llevarán a cabo bandas como Los Reyes de Rock (Centro Basaglia), Los Cipreses, Malu y la intérprete Graciela Tujague, acompañadas de sorteos, un patio de comidas y baile.

La segunda etapa del proyecto que enviará satélites al espacio resultó exitosa. El lanzador “Tronador” se está construyendo en la Facultad de Ingeniería de la UNLP con tecnología de avanzada. Marcos Actis, decano de la Facultad, aseguró que Argentina “es líder en América Latina en el campo espacial, hace sus propios satélites y falta que sea el propio país el que pueda ponerlo en órbita”.El proyecto se trata de la construcción de un lanzador de satélites para ponerlos en órbita a 600 km de la tierra. Una vez terminado el proyecto, Argentina contará con un lanzador propio de satélites que brindarán información aplicable en agricultura, pesca, salud, hidrología, gestión de emergencias y planificación territorial.En esta etapa se probó en vuelo el sistema de propulsión y de navegación, guiado y control. Participan del proyecto la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Facultad de Ingeniería de La Plata. “Tronador” fue fabricado en territorio nacional, además se creó un GPS liberado, es decir que será controlado desde el país. Hasta ahora, dependían de Estados Unidos. “Solo tres países en el mundo tienen GPS liberados, nosotros lo creamos en la Facultad de Ingeniería”, contó Actis.En febrero se había realizado la primer prueba del proyecto, en la que Actis explica que “hubo un defecto, pero se aprendió […]. No se trata de éxito ni fracaso, es construcción de tecnología”. Además, explicó que este proceso tecnológico implica el desarrollo de otras ramas de la industria que luego se aplican en el uso cotidiano de la sociedad. Actis aseguró que Argentina es líder en América Latina en el campo espacial y que dependerá del Estado mantener esta situación: “Este proyecto no es solo de este gobierno, es un proyecto del Estado argentino que va superar a este gobierno porque es a largo plazo”.

Muestra "Celda Itinerante"Este año, la población carcelaria bonaerense superó su récord histórico con 33.166 detenidos y condenados, generando una superpoblación del 70%. Ante esa situación, la Asociación Pensamiento Penal le propuso a Scioli que active una medida para conmutar penas a ciertos condenados. El juez Mario Juliano, miembro de APP, aclaró que el mecanismo está previsto en la Constitución provincial y que no se trata de una conmutación general sino que se analizaría caso por caso.La propuesta de la Asociación Pensamiento Penal se efectuó al gobernador bonaerense, Daniel Scioli, hace un año, pero tomó relevancia mediática en agosto, tras una reunión con diputados, senadores, miembros del Poder Judicial y organizaciones, para conformar un Espacio de Derechos Humanos en la provincia. Fue tras dicha reunión que el Ministro de Justicia, Ricardo Casal, salió a cruzar al Juliano afirmando que "es absurdo que un juez proponga la liberación de miles de detenidos” y que "la conmutación de penas es de aplicación absolutamente excepcional y este gobierno jamás la utilizará del modo propuesto por este magistrado, que es equivalente a una amnistía general".El juez del Tribunal Criminal 1 de Necochea aclaró que, ante la situación grave de sobrepoblación carcelaria existente en la provincia, “le propusimos al Gobernador que se examine la utilización del mecanismo para ciertas categorías de condenados, pero no se trata de una conmutación general o indiscriminada como se quiere hacer parecer”.La conmutación de las penas, que en otras legislaciones puede figurar como “amnistías” o “indultos”, busca “dar una respuesta lo más inmediata posible para descomprimir la sobrepoblación”, expresó Juliano en comunicación con Radio Futura. El mecanismo se analizaría en los casos de: los condenados que hayan cumplido la mitad de la condena que no supere los cinco años de prisión; reincidentes que hayan cumplido más del 80 por ciento de la pena, por delitos tentados; mayores de 60 años; mujeres alojadas con niños o en etapa de gestación y extranjeros que hayan cumplido la mitad de la condena.Juliano puso especial énfasis en el caso de las mujeres condenadas que conviven con sus hijos pequeños en la cárcel. “Se trata de un caso de una enorme trascendencia de la pena a personas inocentes como son los niños, que pasan los primeros años de vida encerrados”, explicó.“Con esto quiero dar un panorama de que no estamos proponiendo poner en libertad a todos los violadores y asesinos”, manifestó. “Lo que proponemos no es una conmutación automática y generalizada, de que, por ejemplo, todos los condenados de más de 60 años de edad sean liberados, sino que tal como dispone la Constitución Provincial, cada caso debe ser previamente analizado por la Suprema Corte de Justicia. Hay que analizar caso por caso”, subrayó Mario Juliano.En tanto, el juez de Necochea comentó que no se trata de un “invento de APP”. Así, ejemplificó en que en 2011, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Estados Unidos le ordenó al estado de California liberar a 45 mil presos por sobrepoblación carcelaria. “Estados Unidos con todas sus enormes contradicciones es un país que tiene algunos actos racionales. En 2011 la mayor potencia capitalista, que tiene una política penal bastante dura, tomó esta iniciativa", ilustró Juliano.Emergencia en violencia institucional La propuesta de la Asociación Pensamiento Penal tomó mayor relevancia cuando se comienzan a conocer los primeros datos de las consecuencias de la llamada emergencia en seguridad, puesta en marcha en abril por el Gobierno provincial. A cuatro meses del lanzamiento de la medida, el Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un informe que da cuenta de las consecuencias reales que está teniendo “la política de seguridad del gobernador y del ministro Alejandro Granados”.El informe, presentado en la Legislatura provincial el pasado 6 de agosto señala que “en abril, una escalada más en el discurso de la mano dura fue el trasfondo de medidas para nada novedosas: más policías en las calles legitimadas políticamente para utilizar la violencia y otro anuncio de reformas legislativas para restringir las excarcelaciones”. El trabajo da cuenta de que ambas iniciativas aumentaron la violencia policial en las calles y agravaron la situación carcelaria en la provincia. Por un lado, los abatidos en “enfrentamientos policiales” que ascendieron a 74 entre abril y agosto, y fueron celebrados por el Gobierno como indicadores del éxito de la medida. El informe detalla que “esta letalidad en los enfrentamientos duplica la que tenía la Bonaerense en años anteriores: en 2005 había una muerte cada diez enfrentamientos, hoy son dos cada diez”. Por otro lado, la llamada “emergencia en seguridad” trajo aparejado un “récord de detenidos, sobrepoblación y colapso del sistema penitenciario”.“En mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos quince años: 33166. El 60% de estas personas están detenidas de manera preventiva, sin condena judicial”, explica el CELS y agrega que “la base de este incremento son los delitos callejeros, no los mercados ilegales ni los delitos complejos”. Esta situación se da dentro de un sistema penitenciaros que viola sistemáticamente los derechos humanos de los detenidos, donde no se garantizan las condiciones mínimas para una vida digna y donde la tortura es una práctica habitual. A esto se suman los 1700 alojados en comisarías que reconoce el gobierno provincial, y que según fuentes judiciales asecenderían a 3000. “Estas cifras hablan más de la perspectiva sobre la seguridad que tiene el gobierno provincial que sobre la eficacia del plan para reducir realmente el delito y la violencia”, concluye el informe.

Cuando el 9 de julio la policía lo detuvo tras estar más de seis meses prófugo, Collado Correa, se presentó como asesor del senador Mario Ishii. El periodista Diego Britos  que en 2013  investigó la banda dedicada al narcotráfico, contó cómo era su funcionamiento y desestimó las vinculaciones directas con el legislador.El miércoles 9 de julio fue detenido el uruguayo Gustavo Omar Collado Correa, cuando miraba el partido de Argentina - Holanda en un bar del sur de Rosario. Ante los policías extendió una credencial con la que aseguraba ser asesor del senador kirchnerista Mario ishii. Este detalle se conoció a la semana siguiente provocando un gran eco en los medios de comunicación. Poco después se sabría que en  el documento presentado por Collado figuraba su foto, pero el nombre de Marcos Alejandro Herrera. El senador que reconoció tener más de 6 mil colaboradores, afirmó que se encargó de investigar a cada uno previamente, antes de dar los carnets. En el caso de Collado Correa, que lo recibió bajo el nombre de Herrera, afirmó que recibió su tarjeta de asesor "el 9 de febrero de este año en el Hotel Hermitage de Mar del Plata, con 100 personas más",agregando que previamente había averiguado si tenía antecedentes y pedido una declaración jurada firmada."No puedo pedir más cosas", se excusó.Claudio Andrada, líder de la bandaLa banda que integra Gustavo Omar Collado Correa es dirigida por Claudio Andrada, alias "Piturro", quien se encuentra detenido en el módulo 6 del penal de Devoto. Diego Britos, quien investigó el accionar de la banda, explicó en comunicación con Rap que "como muchas otras bandas, esta hacía el contacto en Bolivia".  Específicamente viajaban a Yacuiba, donde se encuentra el barrio África y es señalado como un importante punto de cocción de la cocaína. "Estos muchachos compraban la droga, se trasladaban en avioneta hasta Las Lajitas en Salta, buscaban  la mercadería ahí y la llevaban hasta Frías (Santiago del Estero)". Este parate en la ruta de la droga se explica a partir del líder la banda: Piturro nació en dicha localidad en 1968 y había elegido el lugar para acondicionar la cocaína que traía de Bolivia. En un camión cisterna se guardaba para seguir luego su camino por la ruta 9 hasta un galpón en José C. Paz. Posteriormente era vendida a otras bandas dedicadas al "narcomenudeo" en el conurbano bonaerense.La banda cayó tras desbaratarse un camión con más de 500kg de cocaína El socio de "Piturro"La investigación judicial que relevó este modus operandi fue iniciada a mediados de 2012, e implicó 18 meses hasta las detenciones. Finalizó el 24 de octubre cuando la Gendarmería detuvo a Andrada junto a otros integrantes de la banda, y Collado Correa se convertía en un prófugo. Según la Justicia, el uruguayo cumplió un rol de socio con Andrada, manteniendo comunicaciones telefónicas con los proveedores y participando de las reuniones con estos junto a Andrada. La función de negociador de Correa queda expresado en una de las comunicaciones que consta en la causa judicial, donde se regostra una "comunicación registrada entre Gustavo COLLADO CORREA y una persona de filiación desconocida con acento boliviano del 01/10/2013, de la cual deriva que el N.N. masculino le dice a Gustavo COLLADO CORREA que él tiene una tela de segunda, Gustavo le pregunta si a tres pesos frente a lo que su interlocutor le contesta que no, tres doscientos porque esta noventa y cinco por ciento la costura buenísimo, Gustavo le dice que bueno que después hablan".Britos señaló que "Piturro tiene ruido, como se dice en la jerga, desde el ´96 mínimo cuando lo agarraron con 40kg de cocaína a él y la mujer". Este período histórico lo caracteriza como un cambio en el paradigma de las redes delictivas de parte del conurbano bonaerense, explicando que "muchas bandas que robaban camiones blindados en los ochenta , en los noventa se fueron reconfigurando en secuestros extorsivos y después pasaron directamente a la droga".Que José C. Paz sea la localidad donde se acoplaba la cocaína es para Britos una investigación a realizar, a partir de la paradoja de que sea la localidad donde Ishii fue intendente entre 1999 y 2011.  Sin embargo, desestimó la posibilidad de que exista un nexo directo entre Collado Correa y el senador, principalmente a partir de la falsa documentación presentada por el narcotraficante, y en otro punto por caracterizar como "demasiado burda" una relación de ese tipo."Andrada no es un hombre excepcional"Britos también relativizó el potencial de la banda, que fue denominada por las agencias de seguridad y los medios de comunicación como "los narcos más buscados".  Remarco así que existen en el país redes mucho más organizadas y grandes, encargadas de traficar mayores cantidades de droga y a otros países, afirmando que poseen "estructuras mucho más complejas que ir a comprar droga a un lugar donde la venden, y traerla a un lugar donde la compran".  Concluyó en este sentido que "lo que hace Andrada lo hacen bastantes, no es un hombre excepcional"Descargar entrevista completa

Amalia Fortabat murió en 2012, dejando una gran fortuna construida con la empresa de cemento Loma Negra. Marina Abiuso y Soledad Vallejos recuperan su historia ligada intimamente a los devenires socio políticos de la historia del país y en base a entrevistas y archivos publicaron "Amalita, la biografía". Vallejos contó cómo Fortabat llegó a ser la empresaria más rica de Argentina y su relación con las dictaduras y gobiernos democráticos. La autora cuenta que la idea de la escribir una biografía surgió tras revisar la cantidad de saludos fúnebres publicados en los diarios por la muerte de Amalita en febrero del 2012. Durante ese año realizaron entrevistas, revisaron archivos y conocieron lugares en Olavarría, ciudad donde se fundó Loma Negra, la empresa de cemento que heredó Amalita después de enviudar. También se encontraron con dificultades para recopilar testimonios: "hay gente que supuestamente no tenía problemas para hablar pero después no te atendía, Amalita dejó muchos heridos y con su muerte eso no se cerró entonces algunos hablaron porque estaban heridas pero otras no por desconfianza pensando que éramos mandadas por la familia" aseguró Vallejos. Agregó que algunos pidieron que no aparezca su nombre porque tiempo atrás habían firmado actas de confidencialidad y podían enfrentar consecuencias legales. Olavarría fue importante en la vida de Fortabat porque fue donde se creó Loma Negra y donde ella se formó y generó un modelo de empresario argentino. La empresa se fundó en 1927 y dos años después era una de las principales proveedoras del Estado. Una vez casada con Alfredo Fortabat, Amalita vivió 30 años a su lado aprendiendo cómo su esposo dirigía Loma Negra, si bien ella no tomaba decisiones conocía en detalle cómo funcionaba. Vallejos destaca la actitud paternalista de Fortabat para con sus empleados como forma de poder. Se creó "iban con el viento, donde podían tener a resguardo su dinero, más cuando se trata del cemento porque para cualquier obra pública el Estado lo necesitaba, sabía que por eso tenía gran poder político" la "Villa Alfredo Fortabat" donde vivían los trabajadores de la empresa que nació como una necesidad para que hubiera personal siempre disponible para el funcionamiento de los hornos. También hace hincapié en la astucia de Fortabat quien se alió tanto con el peronismo de los '40, con el desarrollismo de Frondizi de los '60 y se mantuvo en pie en las dictaduras militares que sufrió Argentina. Según la autora El marido de Amalita murió en 1976 dos meses antes de que se iniciara la dictadura cívico-militar más sangrienta de Argentina. Ella se hizo cargo inmediatamente de Loma Negra pero al principio mantuvo al mismo equipo de trabajo para que el cambio no sea tan brusco. Antes de que se muriera Alfredo "ella estaba en segunda línea, era la esposa 'de', pero luego se destapa empieza a generar dinero, poder y a figurar" en el ámbito del negocio y en el ámbito social de la elite argentina. Amalita “se destapó”: viajó a Nueva York y compró obras de arte en remate y creó colecciones, la nueva actividad de las elites. Incluso llegó a hacerse retratar por el artista Andy Warhol al estilo pop art. De a poco empezó hacer cambios en la empresa aunque continuando el legado paternalista de su marido. Loma Negra empezó a entregar premios a artistas y financió el club de Olavarría que llenó su plantel de jugadores importantes y llegaron a organizar un partido con la selección rusa. Estos eventos públicos ubicaron a la empresa no solo en el ámbito industrial sino que también daban roce con espacios sociales, lo que aseguraba cobertura política. El 24 de marzo de 1976 Amalita llevaba dos meses en la dirección de la empresa por el fallecimiento de su marido. Ella no negó su apoyo al golpe de Estado, al contrario participó de reuniones y colaboró. Vallejos cuenta que “el día que Videla convocó a grandes empresarios fueron Ernestina Herrera de Noble y Amalita, ese día había enterrado a su madre y estuvo ahí igualmente, era muy importante para ella”. El caso que llevó a Loma Negra a la justicia fue el del abogado Carlos Moreno, desaparecido en 1977. En los años ’70 Moreno aceptó ser el representante legal de trabajadores de la empresa de Fortabat que denunciaban que el polvillo de la fábrica les había producido daños irreparables en su salud. En el 2013 se condenó a tres militares y a dos civiles por su desaparición y se ordenó investigar la responsabilidad de la comisión directiva de Loma Negra. Para Vallejos “es raro que Amalita haya dado una orden en este sentido, era más fácil controlar con dinero y amedrentar porque era un pueblo chico y estaban en dictadura”. A pesar de ello señala que es imposible que la gerencia de la empresa ignorara la situación de Moreno por la relación tan cercana de Amalita con a los militares. Descargar entrevista

¿Qué comemos? ¿De dónde provienen los productos que llegan a nuestra mesa? ¿Cómo funciona la industria alimentaria en el país? ¿Es posible acceder a una alimentación sana y de calidad? Estos son algunos de los interrogantes que llevaron a Soledad Barruti a realizar una investigación que se editó el año pasado por Planeta."Mientras la Argentina se promociona como la góndola del mundo, el avance sideral de la soja que parece cubrirlo todo es apenas el fenómeno más visible y polémico de una transformación que está cambiando como nunca el país, modificando la comida, el modo en que se la produce y el efecto que tiene sobre nosotros", afirma la periodista Soledad Barruti en la contratapa de Malcomidos.La autora recorrió durante años feedlots de la Pampa Húmeda, criaderos en Entre Ríos, plantaciones en el Gran Buenos Aires, desmontes en Chaco y otros escenarios claves en la elaboración de productos alimenticios para analizar qué perjuicios traen a nuestra salud los alimentos que consumimos a diario. A partir de la recopilación de experiencias en esos territorios comprobó su hipótesis: los alimentos y la alimentación son los rubros donde confluyen los conflictos más relevantes de esta época como la corrupción, el delito, la experimentación científica, la especulación financiera, la debilidad del Estado ante las corporaciones, el cambio climático, el desequilibro ecológico y las convulsiones sociales."Venía leyendo y tratando de interiorizarme en el tema de la alimentación por una búsqueda personal, pero el material al que accedía, por lo general, reflejaba lo que sucedía en otros lugares y me quedaba la duda de qué sucedía en Argentina", explicó Barruti en referencia al punto de partida para realizar su investigación. En ese proceso se encontró con animales confinados, millones de litros de agroquímicos y semillas transgénicas de empresas multinacionales, el avance de la frontera agrícola, verduras contaminadas por pesticidas, pollos alimentados por remedios tóxicos para el consumo humano y un desarrollo tecnológico avasallante que lleva a "un campo sin campesinos"."Hay que repensar el sistema, este camino de capitalismo salvaje no es sano ni tiene posibilidad para todos", afirmó Barruti. Si bien en los meses que duró su investigación estuvo en contacto con experiencias de agricultura familiar y cooperativas de productores, su conclusión es que "hay un único modelo que se estimula y se promueve, por ejemplo, desde las compras o entregas de subsidios por parte del Estado por la ausencia estatal en el sector industrial que avanza sobre los recursos comunes y nos pone en riesgo de sobrevivir a futuro por la explotación de los suelos o el agua". El periodismo según Monsanto Después de publicar Malcomidos, su autora recibió un mensaje de Facebook de un empleado de Monsanto. La empresa, conocida por no dar entrevistas, quería charlar con ella. Después de una conversación cordial, que no pudo ser grabada, Soledad siguió con su investigación. A los pocos días su foto con el logo de Monsanto en la frente se viralizaba en las redes sociales: el epígrafe la denunciaba como agente encubierto para colar mensajes de la compañía en la prensa. Días más tarde, luego de visitar un campamento de activistas en la ciudad de Malvinas Argentinas, recibió un mail del empleado: “No creo que en este asunto estés actuando como periodista sino más bien como activista. Que sigas bien”. Semanas más tarde, Barruti publicó una nota en la Revista Anfibia para repudiar esta acusación; también aclaró que en su libro hay un capítulo entero dedicado a Monsanto y los productos transgénicos y parece nombrado 27 veces en Malcomidos. "Tengo un libro de 460 páginas que tiene presenta una forma de ver las cosas, lo acompañé con un montón de entrevistas que hace que toda mi posición esté defendida", aclaró en diálogo con Rap.Descargar entrevista completa

La iniciativa para la creación de una nueva policía alejada de la bonaerense acabó en la constitución de una nueva división de la policía provincial. La Plata, Lanús y Avellaneda son los tres primeros municipios en adherir a la iniciativa del gobierno. Nicolás Rodríguez Games, investigador y asesor de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios, analizó la iniciativa y  afirmó que "esta medida no deja de ser mas de lo mismo ". Leé la resolución del Ministerio de Seguridad.La resolución ministerial prevé que dentro de la estructura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se cree la "Superintendencia de Seguridad Local", que tendrá a su cargo las divisiones policiales de los distintos municipios. Games explicó que "eso no cambia nada, ni el régimen profesional, ni la estructura, ni la forma de trabajar". En este punto explicó que está resolución implicaría continuar con lo que definió como una "política generalista", afirmando que "lo interesante de la Policía Local es que por ejemplo Avellaneda pueda contar con un dispositivo, con la preparación de una política a partir de sus problemas locales".Games marcó como la mayor diferencia entre el proyecto  de ley y la resolución, que el intendente no será el jefe máximo de la policía. La resolución prevé que el ejecutivo municipal podrá proponer jefes de las policías en los municipios.   También remarcó como una diferencia las acotadas misiones previstas en el proyecto de ley. "Prefiero una organización que pueda hacer tres cosas bien a que haga 18 de manera deficiente, la policía local la única misión era patrullar y prevenir durante el horario de trabajo", apuntó el especialista. En este sentido, apuntó las múltiples tareas que realizan los uniformados a lo largo del país, haciendo documentos, certificados de buena conducta o cualquier otra actividad detrás de un escritorio. "¿En que empresa suena un buen negocio invertir dos años de formación, que aprenda a hacer diez cosas, dar vueltas atléticas, escribir un sumario y terminar atendiendo un teléfono?", se preguntó."Más que saber usar el arma hay que aprender a usar la cabeza" El proyecto de ley para la creación de una nueva policía conllevó debates sobre las funciones de los uniformados. "Había otras diferencias, esto de "humanizar" el trabajo policial, ponerle un horario límite, por turnos, que no tenga la obligación de intervenir las 24 horas, de llevar el armamento", explicó Games. "No tiene que estar obligado a poner su vida o la de terceros en riesgo, y además, una persona no está física y psicológicamente capacitada para estar 24 horas en servicio", agregó.En este punto el investigador se refirió a los casos en que uniformados son abatidos por intervenir en situaciones de robo estando de civil: "hace unos meses un policía sin uniforme en Lomas de Zamora, hacía la cola, entran tres personas, sacan armas, van a la caja, quierne llevarse mil persos, el tipo se identifica como policía, lo reducen, lo llevan afuera y matan; ¿ cuál es el negocio para el policía, el supermercado?, ¿el único bien a proteger es la caja de un supermercado?".Games sintetizó estas situaciones en que "más que saber usar el arma, hay que aprender a usar la cabeza, ¿qué sentido tiene hacerse el rambo en una situación de inferioridad de condiciones, donde no podés avisar a tus compañeros?". Estas expresiones fueron realizadas en al marco del reglamento policial que obliga a los policías a intervenir en caso de presenciar un delito. "El proyecto recogía todas esas situaciones que son una mala inversión para el Estado, y en ves de dejarlo librado al policía, se le prohíbe intervenir y tiene el deber de llamar a un uniformado en funciones", indicó el investigador.Descargar entrevista completaDescargar entrevista completaArtículos relacionadosContinúa la discusión por la puesta en funcionamiento de la Policía Local

La Justicia platense determinó que la inundación del 2 de abril del año pasado tuvo el saldo de 89 víctimas fatales. Esta confirmación fue realizada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo, que avaló el fallo del juez de primera instancia, Luis Arias. En paralelo, la misma Cámara ordenó la reapertura de la morgue policial a pedido del Ejecutivo bonaerense.Los jueces Gustavo De Santis, Gustavo Spacarotel y Claudia Milanta rechazaron la apelación del gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de la Fiscalía de Estado, que reconocía 67 muertos. También hicieron lugar a la acción de Hábeas data colectiva, una garantía constitucional promovida para lograr “el acceso a la información pública referida a las víctimas fatales de la inundación ocurrida en la región”, consignaron los jueces de la Cámara.Días después de avalar el fallo de Arias sobre la cantidad de víctimas, la misma Cámara hizo lugar al pedido de la Provincia de reabrir la morgue policial en La Plata. El 27 de marzo, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica – CIAJ - , había presentado un Hábeas Data Colectivo para que la justicia investigue diversas irregularidades constatadas en la morgue policial y solicitó que no se envíen más cuerpos hasta que no se resuelva la medida judicial.  El 1° de abril, Arias había confirmado el pedido. Luego, el Ejecutivo provincial, a partir de su fiscal de Estado, Hernán Gómez, apeló la medida al sostener que "remitir los ingresos de nuevos cuerpos a otra jurisdicción mientras se investigaran los hechos denunciados" le implicaba "costos al Estado". Finalmente, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión de Arias.A través de un comunicado de prensa, desde el CIAJ informaron que "esta nueva resolución habilita así la reapertura de la morgue, que seguirá operando como hasta ahora, e impone además al Colectivo el pago de las costas generadas por la tramitación del recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y tramitado ante la misma Cámara". Asimismo, resaltaron que seguirán insistiendo en su pedido, en el marco de la causa que tramita ante el juez Luis Arias,"en cuanto a que es necesario el control y la urgente creación de protocolos que especifiquen los modos en que los operadores policiales deben desarrollar el ingreso y registro de cuerpos en la morgue".Derecho a la verdadEn diálogo con Rap, el juez Arias había destacado el carácter colectivo de la causa que, con la participación activa de los familiares de víctimas,  desembocó en esta resolución: "La Cámara ha confirmado no solo las 89 víctimas sino el Hábeas Data como forma herramienta para obtener información a la que puede acceder cualquier ciudadano, no sólo los afectados, puede presentarse ante la justicia y reclamar la información de su interés", señaló el magistrado."Hablábamos del derecho a la verdad colectiva como una forma de reparación frente a la manipulación de información y el sentido del fallo es confirmar ante la gente debe ser escuchada en los reclamos", expresó Arias.Los jueces de la Cámara también confirmaron la orden al Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires para que “rectifique determinados asientos registrales por contener datos inexactos”. Tras constatar irregularidades en la inscripción de las defunciones traumáticas, en el fallo dictado en marzo pasado, Arias había ordenado ordenó al Registro que consigne mediante una anotación marginal en cada una de las actas de defunción que las personas fueron víctimas de la inundación. En tanto, el juez Arias precisó que la Cámara rechazó la orden a la Provincia para que difunda masivamente la rectificación de número de víctimas.Entrevista completa

El Ministerio del Interior anunció que a partir del 2015 se implementará un documento que contiene un chip con datos personales para "interactuar con servicios públicos y privados". Beatriz Buzaniche, de la Fundación Vía Libre, calificó de preocupante la medida ya que no se dan a conocer los fines de la incorporación de datos sensibles.Un convenio firmado recientemente con la Real Casa de la Moneda de España traería como concecuencia nuevas tecnologías aplicadas al DNI. A partir del 2015 los documentos fabricados integraran los datos que ya contienen más la tarjeta SUBE, datos del ANSES, del PAMI y la historia clínica. La medida cosechó criticas de las organizaciones ligadas a los derechos ciudadanos en tanto aseguraron preocupante la expansión sin control de una política de identificación masiva.Buzaniche pone en cuestión la idea de la practicidad de las nuevas tecnologías y propone pregunta el para qué de la integración de los nuevos datos. El DNI "va a contener una gran cantidad de información de la cual tenemos poco conocimiento, solo se supo por el anuncio del ministro Randazzo pero pasó desapercibido", aseguró la integrante de Vía Libre.En 1994 se sancionó la ley 25.326 de "Protección de los Datos Personales" que prohíbe la recolección de datos sensibles, es decir aquellos que "revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual". La incorporación de la historia clínica en el DNI entraría en contradicción con esta Ley, según Buzaniche la difusión de estos datos personales "podría dar lugar a la discriminación, en ámbitos laborales por ejemplo, por eso ese tipo de información tiene que tener recaudos especiales".Por otro lado, la ley plantea que los registros deben tener una finalidad concreta en caso contrario deben ser destruidos. Por ejemplo, la tarjeta SUBE contiene datos personales, como el nombre, el DNI y electronicamente registra los viajes que el usuario realiza. El registro de los movimientos de los ciudadanos "se uso para fines distintos pero todavía no está claro, entonces el Estado no tiene por qué tener esos datos y deberían ser destruidos".Buzaniche recordó que el DNI fue creado en la última dictadura cívico-militar y explicó que en muchos países, como el Reino Unido donde no hay una base centralizada de datos biométricos o EEUU donde no hay DNI. En Argentina el documento se ha resignificado como un elemento de la identidad individual, pero "lo que hay que  revertir es esta tendencia de registrar en el DNI cada vez más y más datos" aseguró Buzaniche.  Descargar entrevista completa

El viernes 4, 75 familias agropecuarias fueron desalojadas de un predio ubicado en Ruta 2 y 516 en el marco de un violento operativo llevado a cabo por la Policía Bonaerense. Desde 2012, estaban comprando los lotes, pero el juez Masi ordenó cederlos a una empresa local. Rosalía Pellegrini, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) denunció una connivencia entre la inmobiliaria y la Justicia.Durante la tarde del viernes 4 comenzaron a correr la noticia y los pedidos de solidaridad: 75 familias de quinteros estaban siendo desalojadas por la Policía Bonaerense en la zona del Abasto de La Plata. La represión tuvo lugar en el marco de un operativo de desalojo en Ruta 2 y 516 y tuvo como resultado la detención de dos personas, que fueron liberadas horas más tarde. Rosalía Pellegrini, integrante de la UTT (Frente Popular Darío Santillán) denunció que “las familias se quedaron sin tierras luego de que el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, decidiera darle la posesión a un testaferro de la inmobiliaria Mattioli, y dictar el desalojo”.Pellegrini aclaró que los lotes no tienen escrituras sino que estaban siendo adquiridos a una persona que tenía derecho de posesión por pagar los impuestos y vivir en el predio desde 1987.  Pese a ello, la inmobiliaria pidió el desalojo que fue ordenado por el juez Masi:"Son terrenos sobre la Ruta 2, para hacer negocios valen un montón, pero para las familias era la oportunidad de hacer la vivienda”.Rosalía denunció también que la inmobiliaria “se aprovecha con la complicidad de los jueces y hacen negocios. Hay una connivencia y ahora tocó que paralelamente había familias que compraron las tierras de buena fe”.La mujer agregó que“la Justicia le dio la razón a la inmobiliaria. Mattioli agarra todas las tierras fiscales, o en situación de falta de propietarios y hace negocios”.  Ante este tipo de situaciones, afirmó que“el Estado tiene que intervenir y regularizar la situación de la tierra”. Por ello,“estamos viendo la posibilidad de hacer una medida de fuerza que ponga en evidencia a estas mafias y proponga una política pública”, sentenció.Escuchar entrevista completa