Cecilia Sola, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chaco se refirió a la violencia institucional ejercida sobre las comunidades originarias en la provincia.
El 30 de mayo, efectivos de la Policía de Chaco ingresaron violentamente en una casa de la localidad de Fontana. Además de los maltratos, retuvieron en la comisaría local a 2 chicos y 2 chicas, a quienes sometieron a torturas y vejaciones. “La verdad que lo que le pasó a la familia de Fontana es nada más y nada menos que la muestra de lo que viene sucediendo hace muchísimo tiempo. En Chaco la construcción del enemigo ha sido contra el originario y esto se pone en carne viva en contexto de pandemia”, denunció Cecilia Sola, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Chaco, en el aire de Futura en Casa. “El contagio es fulminante por la pobreza estructural de los barrios. En cambio ¿qué hacen los medios y muchos organismos del Estado? Acusan, básicamente, que los pueblos originarios son los `contagiantes` porque no quieren ir al hospital, porque se siguen reuniendo, porque tratan de salir del barrio; entonces te los presentan, salvando la expresión, como "el indio retobado" que no quiere hacer caso”, señaló. A su vez resaltó que esos mismos medios “no te hablan del maltrato institucional que sufren cada vez que intenta acercarse a un centro de salud, a una comisaría, a cualquier estamento del Estado”.
“Nosotros lo que decimos es que hay un aparato represor que no ha sido totalmente desmantelado y se siguen manteniendo prácticas que deberían haber terminado hace más de treinta años”, sostuvo.
“Seguimos soportando una policía que te para por portación de cara, portación de ropa y por portación de domicilio"
Luego de que lo ocurrido en Fontana se viralizara en la redes sociales y los organismos de derechos humanos intervinieran en la asistencia a la familia Fernández-Saravia, hubo una respuesta estatal. "El Estado tardó pero respondió. Hoy las chicas están contenidas, se han hecho las denuncias, hay cuatro policías presos. Primero se les había quitado la chapa y el arma y luego el fiscal Cáceres Olivera solicitó y consiguió su detención”, puntualizó Cecilia. Ahora, “el Comité Contra la Tortura está elegido como querellante lo mismo quiere hacer la Secretaría de Derechos Humanos. Las organizaciones vamos a seguir sosteniendo, acompañando y vigilando que esto no quede en la nada y no se diluya”. Por esto mismo la APDH-Chaco, que es consultora de la ONU en estas situaciones, se encuentra trabajando en un dossier para presentar ante el gobierno provincial sobre los casos de violencia pre y post pandemia.
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