Comienza el proceso judicial que involucra a diecisiete efectivos del Servicio Penitenciario, desde la querella piden extremar las medidas de seguridad para que no se comprometa la integridad física de los declarantes.
Nicolás Lanziano, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y parte de la querella que patrocina a los familiares de la víctimas de la Masacre de Magdalena, repasó en Arriba Hormigas los sucesos ocurridos en octubre de 2005 en la Unidad Penal N 28 de Magdalena, donde la sobrepoblación carcelaria, sumada a la negligencia del servicio penitenciario bonaerense, le costó la vida a treinta y tres reclusos en un confuso episodio de incendio.
Tras doce años de delaciones, la causa finalmente llega a juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal N 5 de La Plata. Lanziano expresó que desde el CELS "tenemos mucha expectativa pero esto depende muchísimo de la responsabilidad que el Estado ponga respecto de la protección de los más de cuatrocientos testigos que tienen que declarar, es importantísimo garantizar que las personas puedan llegar en condiciones al tribunal y puedan declarar con la libertad que esto requiere".
"Tengamos en cuenta que la mayoría de los testigos son personas que o fueron privados de su libertad en su momento o en la actualidad aún se encuentran privados de su libertad y declarar cuestiones que pueden llegar a comprometer al servicio penitenciario, compromete su situación actual", recalcó Lanziano.
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