El organismo exige la desestimación de la causa penal y su pase a la esfera administrativa, en el marco de los conceptos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente desde octubre de 2009.
La Defensoría del Público fue aceptada como Amicus Curiae en la causa judicial que investiga la clausura y posterior secuestro de equipos del canal de televisión comunitario Antena Negra TV. Esta figura legal es una presentación realizada por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. El operativo a la emisora televisiva fue realizado el 4 de septiembre luego de una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Correccional n°5, a cargo del juez Federal Martínez de Giorgi.
En comunicación con RAP, Cynthia Ottaviano, defensora del público, explicó que se exige que se desestime la acción penal y que se devuelven los equipos.
"Lo que venía ocurriendo es que en el expediente se consideraba la comunicación comunitaria como un accionar delictivo; se hablaba de clandestinidad como si estuviéramos todavía en el viejo paradigma de la dictadura, en el que quien tenía dinero podía comunicar y el que no lo tenía, no. Hoy estamos en un paradigma comunicacional con perspectiva en derechos humanos. No se habla de clandestinindad, en todo caso habrá ilegalidad, pero eso se determina a través de un expediente administrativo con la participación de la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y a través de una decisión de su directorio, y ese proceso no se hizo", afirmó Ottaviano.
La denuncia había sido realizada por una empresa vinculada a Prosegur, que hacía uso de la frecuencia en el campo de las telecomunicaciones, sin considerar un decreto presidencial que data de diciembre pasado.
Además, la defensora postuló que hay un escenario complejo atravesado por cambios técnicos y legales: "conviven la nueva Ley de Telecomunicaciones con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, además, la mutación de la televisión analógica a la televisión digital".
En el caso concreto de Antena Negra TV, el escrito presentado hace hincapié en la no utilización del uso de la justicia penal y recomienda la regularización de la situación conflictiva en la vía administrativa prevista por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, “ya que se trata del uso del espectro radioeléctrico con fines de comunicación audiovisual para beneficio de las audiencias y no de telecomunicaciones”.
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