La medida dispuesta por decreto y publicada en el Boletín Oficial habilita a que las empresas puedan fijar el precio que quieran y no existen más los topes ni regulaciones que fijaba el Estado para garantizar el acceso a la garrafa para los sectores más vulnerables.
La decisión del gobierno nacional de liberar el precio de las garrafas de gas envasado genera preocupación en organizaciones sociales y agrupaciones barriales de todo el país.
La medida dispuesta por decreto y publicada en el Boletín Oficial habilita a que las empresas puedan fijar el precio que quieran y no existen más los topes ni regulaciones que fijaba el Estado para garantizar el acceso a la garrafa para los sectores más vulnerables.
La secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Johana Duarte, dijo que la medida del gobierno afecta a unas 20 millones de personas en todo el país y que se trata de otro golpe más al bolsillo de los y las trabajadoras.
“Afecta directamente a los sectores que mayormente están pagando este ajuste que son los desprotegidos y vulnerables ante todas estas medidas”, manifiesta en diálogo con Falsa modestia.
“20 millones de argentinos no tienen acceso al gas natural y se quedan por fuera de acceder a un recurso y a un servicio básico”, remarca.
Duarte agrega que esta medida también golpea a los comedores y merenderos populares, quienes además de pagar más cara la garrafa vienen reclamando la entrega de alimentos que retiene el Ministerio de Capital Humano desde diciembre pasado.
“Si ahora los precios de referencia van a arrancar de casi 10 mil pesos una garrafa mínima, imaginate que ya esos comedores, merenderos con el ataque que vienen sufriendo por parte del gobierno nacional que ha desfinanciado los mismos, que no llega la comida, esto también es en el marco de esas políticas de crueldad que lleva adelante este gobierno y de criminalidad fundamentalmente”, finaliza.
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