Desde el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas calificaron la normativa aprobada por el legislativo bonaerense como una ofensa. Denuncian que no hubo debate en comisiones y que su aprobación llega en tiempos donde la justicia no avanza con el procesamiento de los que torturaron a soldados de su propia tropa.
Impulsada por el diputado provincial Fabio Britos del bloque parlamentario 17 de noviembre, que integran fuerzas desprendidas de Consenso Federal y Cambiemos, el expediente D-629/22–23 establece un régimen previsional especial para oficiales y suboficiales que hayan participado en la Guerra de Malvinas y que sean aportantes del Instituto de Previsión Social y agentes del Banco Provincia. La normativa pasó por diputados en mayo y ahora el senado la convirtió en ley. Su aprobación motivó criticas de distintos espacios políticos y de derechos humanos, que denuncian un beneficio económico a militares "torturadores de soldados durante la guerra y represores". Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata expresa que “es una ofensa que los legisladores de la provincia de Buenos Aires promuevan este tipo de leyes, otorgándole un beneficio de manera directa a aquellos que todavía tienen que rendir cuentas ante la justicia por haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante la Guerra de Malvinas”. “Senadores y diputados pareciera que han perdido la memoria y no entendieron que la Guerra de Malvinas sucedió durante la dictadura, tenemos personal militar condenado por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de estado en el continente, pero aun hoy, después de 15 año de iniciados una causa, no hemos tenido por parte de la justicia en investigar hechos que siguen impunes”, completa el entrevistado en alusión a la causa que investiga a un centenar de ex militares por presuntas torturas a soldados de su propia tropa. El expediente al que alude el vocero del Cecim, comienza su recorrido en el año 2007 por una denuncia presentada de Pablo Vassel, entonces subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, que reunía 25 casos de supuestos tormentos a soldados, incluyendo estaqueamientos y enterramientos. Posteriormente, se sumaron más denuncias y la causa recaló en manos de la jueza Mariel Borruto, perteneciente al Juzgado Federal de Río Grande, que la condujo hacia un laberinto judicial donde aún no se define por la imprescriptibilidad o no de los delitos investigados. Actualmente está a la espera de un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia. Al cierre de esta entrevista, Alonso recuerda que el rechazo hacia esta normativa se remonta a principios de este año, ya que muy tempranamente, tanto el Cecim como otros espacios políticos, sindicales y de Derechos Humanos advirtieron la gravedad del asunto: “Cuando el proyecto se encontraba en diputados, tuvimos una conversación con la vicegobernadora (Verónica) Magario intentando convencernos a nosotros que esto era un beneficio que no iba a alcanzar a las personas que hoy estamos denunciando, nos quitaron la posibilidad de dar el debate en las comisiones, en el expediente están incorporadas todas las oposiciones con todas las argumentaciones”. Escuchá/descargá la entrevista completa: [https://rapencolectivo.com.ar/Programas/2022/LMP/103122_Ernesto_Alonso.mp3 ogg=https://rapencolectivo.com.ar/Programas/2022/LMP/103122_Ernesto_Alonso.ogg
