Desde el Cecim advierten sobre el suspenso de las indagatorias a ex militares acusados de torturar a subordinados durante la guerra de Malvinas.
La jueza federal de primera Instancia de la ciudad de Río Grande, Mariel Borruto, suspendió las indagatorias para 18 ex miembros de las Fuerzas Militares argentinas que debían rendir explicaciones por las acusaciones de cometer actos de tortura a sus subordinados, ocurridas durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. El pretexto de Borruto es la falta de personal y de espacio para llevar adelante el proceso, que comenzaría con la citación a declarar pautadas el juez subrogante de Ushuaia Federico Calvete para tener lugar entre los días del 27 de junio al 4 de julio.
Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, se enlazó vía telefónica con el aire de Rap de las Hormigas donde señaló que al no tener una fecha fija para la indagatoria, la causa por torturas queda en la nada: "Esto nos pone de pésimo humor en relación al tratamiento de la causa porque, además de entender que está todo dado para que se lleven adelante las indagatorias, entendemos que hubo una creación de expectativa en relación a las victimas y esto las desinfla, generándoles un proceso de revictimización, este tironeo es muy perjudicial para las expectativas creadas" .
Según lo explicó Guerrero Iraola, la justicia federal de Río Grande, particularmente la jueza Mariel Borruto, está cediendo ante el lobby militar que desde el año pasado viene emprendiendo una campaña de desprestigio contra los veteranos que se organizaron para llevar adelante la denuncia por torturas: "Fuimos blanco de una serie de operaciones con la aparición pública de unas notas en medios nacionales como Infobae y La Nación donde se nos acusaba de caranchos, de querer lucrar con la historia, con causas armadas y demás" .
"Sabemos que los altos mandos militares están muy preocupados por la sustanciación de esta causa porque la guerra de Malvinas es como la lavada de cara que lograron darle a su régimen después de haber montando un Estado genocida, y nosotros lo que sostenemos es que la Guerra de Malvinas fue un capítulo más de ese Estado genocida y en esa tensión que es un poco histórica, un poco política, un poco jurídica es que se está dando esta pulseada" , apuntó el abogado.
Para los veteranos del Cecim, el eje de la discusión es que esta suspensión atrasa aún más un proceso de justicia que viene demorado y donde las indagatorias no son más que un acto inicial del proceso, el momento en que se convoca a una persona, se le lee la presunta imputación de cargos por los que han sido denunciados y sobre los que es autor penalmente responsable. Según lo establece el Código Penal, diez días después la justicia debe dictar el procesamiento, la falta de merito o un sobreseimiento.
"En esta causa que lleva 12 años de iniciada, a 37 años de la Guerra de Malvinas, todavía no tuvimos a las personas acusadas anoticiándose de aquello por lo que se las denuncia y sobre lo cual existe una enorme cantidad de pruebas que dan cuenta de cómo se montó este operativo de tortura y silenciamiento por parte del Estado genocida" , remarcó el abogado de Cecim.
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