Esta situación no respeta la vigente Ley de Bosques Nativos y actúa en perjuicio de 6500 hectáreas protegidas en el noroeste de la provincia poniendo en riesgo el medioambiente y la sustentabilidad de familias campesinas.
Organizaciones sociales de la provincia denuncian que la Secretaría de Ambiente de Córdoba ha permitido desmontar 4500 y 2000 hectáreas en Traslasierra y Villa Quilino respectivamente, a pesar de que son zonas protegidas por ley y sus propietarios son beneficiarios de subsidios millonarios para la defensa del bosque.
Por su parte, el Ejecutivo provincial se había comprometido a convocar en agosto a los distintos actores a una mesa de diálogo con el objetivo de re-discutir el ordenamiento territorial, sin embargo, este llamamiento no ocurrió.
Pablo Blank, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Córdoba explicó que, desde 2010, está vigente la LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. Esta legislación busca proteger y regular los territorios de propiedad privada o pública, sus frutos y productos y atenuar los efectos de décadas de destrucción de la flora nativa y del avance de la frontera agropecuaria.
"En muchos casos, los subsidios llegan a grandes productores y hay una situación contradictoria porque, al mismo tiempo, siguen desmontando con la autorización de la Secretaría de Ambiente de la Provincia (...) El desmonte no terminó en la provincia: esta situación requiere un debate más serio y profundo del que se está dando ahora", apuntó Blank en comunicación con RAP.
Asimismo, agregó que muchas de las áreas desmontadas están caracterizadas como "zonas rojas o amarillas", entendidas por la legislación como regiones de alto riesgo. Esta categoría se define por sus ubicaciones cercanas a reservas naturales, por la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen. Aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y campesinas y pueden ser objeto de investigación científica y aprovechamiento sustentable, es prioritario su resguardo.
El desmonte no sólo perjudica a la flora y fauna del lugar, sino a la lógica de producción agrícola y ganadera a pequeña escala de los pobladores de la zona. "Si no hay una política clara de defensa, en pocos años vamos a terminar sin producción, sin familias campesinas y sin montes", describió Blank.
"Córdoba es una provincia donde los grandes productores tienen un amplio poder de lobby y son las que han marcado los cursos de los últimos gobiernos, esta es nuestra realidad histórica", agregó el referente del MNCI.
