El Senado dio media sanción a las modificaciones de la Ley 26.657. Especialistas alertan que se busca eliminar la responsabilidad financiera del Estado, lo cual pone en riesgo los derechos humanos y el acceso a la atención pública.
La reforma de la Ley de Salud Mental, Ley 26.657, que recibió media sanción en la cámara de Senadores, ahora deberá conseguir aprobación en Diputados, en la continuidad de un debate que por el momento no tiene fecha. Entre los cambios aprobados se encuentra el régimen de internaciones, la incorporación de la ludopatía y mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios.
En la normativa vigente se habla de aquellos y aquellas que son “los sujetos de la ley”, personas con padecimiento mental, mientras que la impulsada por La Libertad Avanza habla de cualquier tipo de “afección o trastorno mental”.
“Haría una diferencia entre la intención que ha tenido el Gobierno y el resultado que ha logrado. La intención fue procurar un reduccionismo biológico de los problemas de salud mental”, asegura Leonardo Gorbacz, psicólogo, ex diputado nacional.
En ese sentido, en diálogo con Una idea todavía, continúa que “plantear el término enfermedad y trastorno me parece que tuvo más que nada la intención de catalogar a las personas como objetos de trabajo de la medicina, es una muestra de la desprolijidad, de la falta de conocimiento, ni siquiera para hacer daño son inteligentes, ni estudiaron a fondo”.
Consultado por las modificaciones de la ley que cuenta con media sanción en Senadores, señala que “agregaron todo un artículo de financiamiento que tienen que crear un fondo, distribuir entre las provincias, ocurre que uno sabe que eso no lo van a cumplir, como no lo cumplen con Discapacidad, con Universidades, los elementos negativos son más groseros que los elementos positivos”.
Sobre la Ley de Salud Mental vigente, de su autoría, destaca que “las virtudes es que da un marco de derechos humanos a la política nacional en Salud Mental, porque no se tenía una estrategia, cada provincia y cada institución hacía lo que podía”.
"La presenté en el 2007 en Diputados, se armó un proceso bastante prolongado de audiencias en la Comisión de Salud, fundamentalmente, convocando a sectores, distintos profesionales, la Federación de Psicólogos, la Asociación de Psiquiatras, de Trabajadores Sociales y organismos de DDHH que trabajaban en el tema”, finaliza.
