La Justicia hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y ordenó su clausura. La medida se tomó tras constatarse condiciones inhumanas de habitalidad.
Tras recibir denuncias de familiares de personas detenidas en la comisaría 8ª de La Plata, la Comisión por la Memoria, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura (MLPT), presentó un habeas corpus colectivo a la Justicia provincial pidiendo su clausura.
“Efectivamente todas las condiciones detectadas, constatadas de la comisaría, no garantizaban un mínimo de condiciones de habitabilidad. Desde la capacidad, de un lugar que está pensado por la cantidad de metros cuadrados para 3 o 4 personas y donde se llegaron a detectar más de 40 personas alojadas”, describe Juan Intronzzi, Director del programa de inspección de lugares de encierro de la CPM.
Hacinamiento extremo, falta de acceso a agua potable y presencia de roedores, entre otras graves violaciones a los derechos humanos fue lo que motivó la presentación judicial de la CPM. La comisaría estaba clausurada por orden judicial y resolución del propio Ministerio de Seguridad, órdenes reiteradamente desobedecidas. Por esta razón se inició una investigación penal.
“También baños que en realidad constaban de lo que comúnmente conocemos como letrinas, que ni siquiera tenían descarga de agua, sino que eso era con baldes, agua que se cortaba permanentemente y que eran los mismos familiares que tenían que proveer a las personas privadas de libertad. La alimentación también se detectó que era insuficiente, presencia de roedores”, enumera en El Verano Prometido.
En ese sentido, agrega que “la gran mayoría de las personas durmiendo sobre colchones en el piso o incluso sentadas por una cuestión hasta de dimensión espacial, toda una serie de condiciones que constituyen tortura para las personas privadas de libertad, condiciones que además fueron constatadas por un arquitecto y un perito”.
A partir de la denuncia presentada por la CPM, el juzgado ordenó que se investigue la posible comisión de delitos de parte de los funcionarios policiales. Asimismo, el traslado inmediato de todas las personas detenidas a establecimientos habilitados en un plazo máximo de 48 horas y prohibió el ingreso de nuevos detenidos hasta que se realicen las reformas necesarias. También dispuso que el Ministerio de Seguridad de la Provincia presente en 15 días un plan de reparación integral del edificio.
