Tras el acuerdo con el Reino Unido para reanudar conexiones aéreas con las islas, el CECIM-La Plata hizo una presentación judicial contra el presidente y la canciller.
“Lo que vemos acá es la reedición de ese nefasto acuerdo que se hizo durante la gestión de Macri, conocido como acuerdo Foradori-Duncan. Carlos Foradori era el vicecanciller de Susana Malcorra y Alan Duncan era su contraparte británica. En ese trato se le daba la iniciativa y vía libre a los británicos en el Atlántico Sur y la República Argentina ponía las condiciones para mejorar la usurpación”, recuerda Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes (CECIM) de La Plata.
La demanda judicial recae sobre la reanudación de un vuelo semanal que se realiza entre San Pablo (Brasil) y las Islas Malvinas, con una escala en la provincia de Córdoba. Ese recorrido había sido suspendido durante la gestión de Alberto Fernández.
La presentación penal que realiza el organismo es contra el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino, por el “delito de violación de los deberes de funcionario público”. Alonso enfatiza que “también se hizo para remover todos los obstáculos y mejorar la actividad económica con acuerdos referidos al tema pesca y de carburos, esto es exactamente lo mismo”.
“Ese acuerdo (durante el gobierno macrista) quedó sin efecto y lo que observamos acá es la violación de la Constitución Nacional, la cláusula transitoria primero, leyes de pesca, de carburos y la declaración de Ushuaia, donde todos los acuerdos con potencias extranjeras deben pasar por el Congreso de las Nación”, señala el entrevistado en diálogo con Los Mundos Posibles.
Sobre los funcionarios alcanzados en la denuncia penal, Alonso explica que “una ministra plenipotenciaria como lo es Diana Mondino, que habla de la comunidad internacional como una hoja de ruta, como primera medida, acá hay un delito de atribuirse funciones que no le corresponden ni a la canciller ni al presidente”.
La denuncia quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
