La Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, presenta un documento crítico sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante la manifestación frente al Congreso cuando se trató la Ley Bases.
“Las fuerzas de seguridad son las que generan esa tensión, generan ese malestar, que en algunos casos termina con lanzamiento de piedras. Y lo del incendio del auto es otra cosa que debiera investigarse, es imposible que la Policía no pudiera intervenir estando a metros, vieron la escena”, considera Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
El trabajo de la CPM monitoreó el despliegue de las fuerzas de seguridad realizado en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, en articulación con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo-Mecanismo local de CABA. Se trata del cuarto informe presentado a autoridades nacionales desde la implementación del protocolo antipiquetes.
En comunicación con Los Mundos Posibles, Raggio asegura que “en términos de quién empezó, claramente fue la Policía, empezaron con las acciones de violencia, tiraron gases, no tenía ningún sentido, era una provocación para preparar la escena que vino después”.
Sobre las versiones de infiltrados en la marcha durante la votación de la Ley Bases, Raggio sostiene que “desde empezamos el monitoreo hemos constatado y fotografiado a policías de civil sin ningún tipo de identificación, es una constante en todas las manifestaciones”.
Consultada sobre el rol del fiscal Juan Carlos Stornelli y el Gobierno nacional, la entrevistada asegura que “da cuenta de la escalada de esta represión, subió un escalón más, la participación fue un intento de validación judicial de la perspectiva del gobierno”.
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