El jueves pasado se realizó una reunión entre funcionarias del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y mujeres referentes de organizaciones que trabajan cuestiones relacionadas al uso del cannabis medicinal en el marco de la adhesión a la provincia a la Ley Nacional de uso terapéutico de la planta.
La semana pasada, representantes del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad se reunieron con cultivadoras, emprendedoras, cuidadoras e investigadoras de distintas organizaciones para hablar de la adecuación de la adhesión provincial a la ley nacional 27.350 de uso terapéutico del Cannabis. “Si estamos hablando de una regulación del uso medicinal de cannabis pero no tenemos que olvidar que la criminalización es hacia todos los sectores y que el cannabis medicinal viene a regular una situación que ya está dada hace muchísimos años, pero que estaba prohibida”, señaló Florecia Titarelli integrante de RESET, en comunicación con En Órbita.
“Creemos que este es el camino para tener una mejor regulación pero que también falta una mirada integral del tema”, destacó Florencia, “no estamos hoy en día en una situación favorable para las organizaciones que siguen acompañando los distintos procesos de las personas que están cultivando por primera vez, atendiendo a sus familiares con distintos aceites y que de repente siguen viviendo allanamientos arbitrarios, siguen abriéndose causas. (...) Este momento que es gris para todes, se necesita mayor intervención del ministerio de las mujeres, políticas de género y derechos humanos, en torno a esto. Sabemos que la criminalización siempre hacia las mujeres se ha profundizado junto a la feminización de la pobreza que va de la mano y que necesita especial atención”, agregó.
En la reunión participaron la Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Diaz; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos y la directora provincial de Equidad de Género y Salud, Sabrina Balaña. Durante la misma la ministra se “se comprometió a llevar adelante, una mesa de trabajo donde podamos abordar las distintas problemáticas en torno al acceso democrático de la sustancia, a la participación de las organizaciones sociales en estos ámbitos que se están creando”, contó Titarelli y remarcó la importancia de que el Estado actúe en coordinación con el trabajo que ya vienen realizando las organizaciones en el territorio: “Hay ciertas pautas, estándares y criterios, debatidos y consensuados, con las distintas organizaciones. Entonces eso no puede quedar desfasado en lo que sucede desde la promoción de derechos humanos del Estado, de las capacitaciones”.
Además de la coordinación y capacitación del Estado en conjunto con las organizaciones se trató el tema del registro para cultivadores que la provincia tiene pensado implementar, más allá del registro nacional. “Hay muchísimas cuestiones que todavía tenemos que ir puliendo en cuanto a lo burocrático, lo administrativo. Pero también cuestiones tan estructurales como es la no criminalización. Si yo no estoy inscripta en el registro, quedo expuesta a la decisión del poder punitivo del Estado y a la discrecionalidad y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad a la hora de allanar o de interceptar a una persona usuaria por consumo de cannabis.(...) Estamos hablando de salud pública, estamos hablando de derechos humanos. No estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con un mero trámite”, concluyó
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