En febrero de 2006, Maximiliano Diaz Subils tenía 20 años y se encontraba detenido en la comisaría 6º de Tolosa. El día 19 de ese mes murió por falta de atención médica y desinterés y maltrato policiales. Este lunes, a ocho años de los hechos, comenzaron a declarar ante la Justicia los cuatro médicos y los cinco miembros de la Policía Bonaerense imputados. Un caso que ejemplifica el maltrato al que son sometidas las personas privadas de su libertad.
Maximiliano Días Subils murió en la comisaría 6º de Tolosa el 19 de febrero de 2006 después de agonizar durante 14 horas en un calabozo. La respuesta que recibieron los familiares por parte de los funcionarios policiales fue que había sido un caso de “mala praxis”. Ocho años después, la causa es tomada por el fiscal Alejandro Marchet, quien citó a cuatro médicos y cinco policías a declarar. El 30 de abril concluiría la etapa de investigación de la causa y después podría elevarse a juicio.
En comunicación con Rap, Fabián Villarruel, abogado de la Asociación Miguel Bru, afirmó que “desde el primer momento, la familia de Maximiliano supo que no se trataba de simplemente una mala praxis lo que le había costado la vida a Maximiliano, sino que era algo mucho más engorroso: no sólo el maltrato sino el destrato y el no garantizar el derecho a la salud que tenemos todas las personas”.
Los imputados son nueve. Tres médicas que estaban en las guardias de hospitales públicos donde fue recibido Maxiliano y, habiendo fallado en el diagnóstico, se las imputa por homicidio culposo. Para estos casos, los miembros de la Asociación Miguel Bru, no están de acuerdo con la categoría de homicidio porque consideran que “ellas perdieron las riendas de la cuestión, y que no pueden convivir desde el punto de vista penal conductas dolosas con culposas”. El otro médico es el jefe de guardia que se negó a asistir a Maximiliando, calificando su problema como “mañas”. Los funcionarios policiales imputados son cinco: tres de ellos por abandono de persona seguido de muerte; otro por encubrimiento y falsedad ideológica, ya que habría falsificado el libro de guardia; y el restante, que habría amenazado a Maximiliano con trasladarlo a un penal si continuaba exigiendo atención médica.
“La verdad que es un caso que no se ahorra ningún tipo de dramatismo y da cuenta del destrato al que son sometidas las personas privadas de su libertad. El caso de Maxi tiene repercusión porque como resultado tuvo su muerte, pero en esta misma situación estaba el resto de los detenidos que compartía aquella prisión”, dijo Fabián.
Cronología del maltrato
El 14 de febrero de 2006 Maximiliano pidió que lo llevaran a un médico porque le costaba respirar. Pasados cuatro días lo llevaron al Hospital Gutiérrez de La Plata. La médica de la guardia le diagnosticó un problema muscular y le hizo tomar un derivado de la penicilina. Ya de nuevo en la comisaría, Maximiliano tuvo un brote alérgico y fue otra vez trasladado, pero esta vez al Hospital de Gonnet. Allí le dijeron que el medicamento que le habían recetado era la causa de la alergia y que padecía de una infección pulmonar. El 18 de ese mismo mes pidió ver nuevamente a un médico porque se sentía peor. Esta vez le diagnosticaron una neumonía y la médica informó que en 24 horas debía ser trasladado para una nueva consulta.
Maximiliano volvió al calabozo, su estado se agravó y luego de los insistentes reclamos de otros detenidos se logró que lo llevaran nuevamente al hospital. Allí, el médico de guardia se negó a atenderlo porque dijo que lo que tenía eran “mañas”, según reconstruyó la Asociación Miguel Bru. Nuevamente en la celda, el chico fue golpeado y amenazado por personal policial diciendo que si seguía insistiendo sobre ir al médico lo iban a llevar a un penal. Villaruel contó que los compañeros de celda de Maxi destacaron que el joven rogó al resto de los detenidos que no pidieran más por él, porque tenía pánico de ser trasladado. Al día siguiente fue encontrado muerto por sus compañeros. En la autopsia se determinó que había estado agonizando durante 14 horas y que la causa había sido, efectivamente, un problema pulmonar.
A partir de este caso, se pensó en la posibilidad de que hubiese algún efecto contagio, por lo que se ordenó la revisión médica de todos los detenidos de ese penal. “Si bien no con la gravedad del caso de Maxi, todos tenían un sinfín de problemas médicos de larga evolución y con ningún tratamiento. Esto es moneda corriente en los lugares de detención de toda la provincia de Buenos Aires”, resaltó Fabián.
