El gobierno nacional extendió por otros cuatro años la normativa en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan ancestralmente las comunidades originarias del país.
La normativa sancionada por el Ejecutivo suspende por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras. Es la cuarta vez que se prorroga la ley 26.160.
"Apuntamos a una ley que quede para siempre, que no sea prorrogable y quede establecida", remarcó Fernando Miguel Pepe, antropólogo parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. "Desde el 2006, el momento de sanción de la ley, había 800 comunidades relevadas que vieron un reconocimiento de parte del Estado, eso les sirve como defensa. Se empezaron a registrar más y ahora tenemos 1800 originarias ya inscriptas", describió.
A partir del próximo año, a finales de noviembre, el INAI deberá presentar ante el Congreso un informe anual que detalle el estado del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación de las tierras.
"hay una oportunidad de trabajar una ley que contemple el relevamiento, sería la reparación histórica definitiva con la titulación de las tierras a esas comunidades "
"Esta prorroga tiene algo particular, distinta a las anteriores, es la primera vez que viene con modificaciones que fueron producto del dialogo con la oposición, pero en algunos puntos va a traer mayores complejidades a la aplicación de la ley. Aunque hay puntos positivos, como la rendición de cuentas claras. En 2017 el Pro había declarado la muerte de la ley, su prórroga, y ahora se dio este paso que nos da un poco de alivio", consideró.
Por último destacó que el DNU porrogó la normativa hasta 2025, "hay una oportunidad de trabajar una ley que contemple el registro de las tierras reveladas, con un alto de propiedad comunitaria que es lo que falta en Argentina, lo que sería el paso superior es darle la reparación histórica definitiva con la titulación a esas comunidades".
