La Procuraduría de Trata y Explotación de Persona presentó el “Informe sobre las primeras 100 sentencias condenatorias por trata de personas”. Analiza cuantitativa y cualitativamente las sentencias por este delito en nuestro país entre 2008, año en que se sancionó la Ley de Prevención y sanción de la trata de persona, hasta octubre del 2014.
Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría, señaló que este trabajo responde a la política de divulgar la información recabada y participar en causas judiciales, así como guardar registro y control de otras causas. A partir del informe elaborado por Protex, que depende del Ministerio Público Fiscal, se arribó a conclusiones que sirven para diagnosticar el accionar de la justicia en relación a los casos de trata. El informe diferencia la trata por explotación laboral y por explotación sexual. La procuraduría trabaja en conjunto con RENATEA y AFIP en el primer caso, y con diversas ONG especializadas y con la línea 145 para casos de explotación sexual.
Cifras y conclusiones
El trabajo analiza las cifras obtenidas en estos años de manera cualitativa. “El 85% de las condenas son por trata para explotación sexual, mientras que el 15% es por explotación laboral, de condiciones de reducción a servidumbre, en talleres textiles, en el sector agropecuario o en trabajo doméstico”, señaló Colombo.Sin embargo, advirtió que entre el 2011 y 2012, ha habido mejoras en el procesamiento de la justicia, y que los indicadores variaron en consecuencia: un 66% corresponde a explotación sexual y un 34% a explotación laboral. Esto se debe al trabajo conjunto con RENATEA, que ha contribuido a dar a conocer más casos de explotación laboral al sistema judicial
El titular de Protex indicó que “En general, el 80% de las víctimas son mujeres, mientras que el 20% corresponden al género masculino, mientras que el 100% de las explotadas sexualmente son mujeres. Esto último es una constante desde el año 2008” Además, señaló que un 15% de las víctimas de la trata son menores de edad, varones o mujeres.
De acuerdo a los datos recabados analizados, “el porcentaje de mujeres condenadas es muy alto” El 37% son mujeres, este número responde a un posible “fenómeno de reconversión: mujeres que han pasado por explotación sexual y que luego se reconvierten en lo que pueden. Muchas veces en regentes de lugares donde antes habían sido explotadas” En este sentido, Colombo expresó la preocupación por el tratamiento penal que se le aplica a estas mujeres. Afirmó que“la Justicia debe poner una lupa bastante más precisa para ver si en realidad más que victimarias no son víctimas de la situación, porque vienen de condiciones de explotación (…) hay que ver cuántas posibilidades reales tuvieron de no regentear un prostíbulo”.
Por otra parte, remarcó la importancia de las sanciones pecuniarias, aplicadas en el 34% de las condenas. Estas sanciones, que en adelante se espera aplicar en el 100% de los casos, consisten en el decomiso de bienes en favor del Estado, y tienen el objetivo de “atacar el aspecto patrimonial del delito” para desarticular las estructuras que sostienen las redes de explotación, explicó Colombo. También destacó que un 5% de esta sanción recae sobre funcionarios públicos que han tenido complicidad en estos delitos.
Además, agregó que así como se aspira a aplicar una sanción pecuniaria aparte de la pena de prisión para los imputados, también se busca que “las víctimas tengan un patrocinio jurídico gratuito en lo penal así como también en lo civil”, en relación a que puedan apelar al derecho civil para reclamar un resarcimiento por haber sido explotadas.
La justicia es un campo en disputa
Colombo comparó estos casos con los juicios de lesa humanidad, donde se pueden ver “dos justicias distintas” de acuerdo al nivel de compromiso con que trabajen los jueces y fiscales.En este sentido afirmó que “en los casos de trata, los prejuicios y los preconceptos que muchas veces tienen los operadores judiciales en relación a los fenómenos de explotación, tanto el sistema prostibulario como la explotación rural (…) son prácticas explotativas que vienen desde hace mucho tiempo, y han sido naturalizadas”. Así mismo, el titular de la Procuraduría señaló que hay por delante “una tarea cultural tanto para la sociedad como hacia adentro del sistema judicial, que está compuesto por miembros de esa misma sociedad”.
