Damián Lambusta, integrante del Programa Universitario de Niñez, reconoció la necesidad de contar con una legislación penal juvenil a nivel nacional porque en la actualidad “no hay un proceso que garantice que el pibe tenga un juicio, un abogado defensor u otras garantías que tienen los adultos”. Sin embargo, aclaró que esta discusión es “de segundo orden” debido a que ya existe en la Provincia un régimen para jóvenes de entre 16 y 18 años y que hay una legislación en materia de niñez que no se respeta. Las leyes en cuestión son la Convención sobre los Derechos del Niño –tratado internacional que en Argentina tiene jerarquía constitucional al estar contemplado en el artículo 75– y el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño –ley N° 13.298–. “Hay que reforzar la pata preventiva de acción previa para evitar que el pibe caiga en la necesidad de cometer un delito. Primero fortalezcamos las leyes que ya tenemos”, expresó Lambusta. A su vez, en diálogo con Comunidad al Palo, Lambusta consideró que el debate sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a 14 años “está atravesado por la agenda mediática y por la cuestión electoral” y advirtió que “implementar un régimen de este tipo sería inconstitucional ya que iría en contra del espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Este tratado establece en su artículo 40 que, antes de sancionar al menor que comete un delito, los Estados Partes deben tener en cuenta “la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. Para finalizar, Lambusta argumentó que “la participación de menores en delitos graves es ínfima” y que “a veces los pibes son el último escalón de tramas delictivas mucho más complejas que involucran a adultos”. Respecto de la causa de los delitos cometidos por menores, señaló que “tiene que ver con derechos vulnerados durante la infancia y situaciones muy densas en la familia. Cuando uno tiene acceso a la casa de esos chicos se da cuenta de que hay una cadena de vulneración de derechos increíble”.
“Los pibes son el último escalón de tramas delictivas más complejas”
Jueves 3 de octubre de 2013
Entrevista con Damián Lambusta, integrante del Programa Universitario "Niñez, derechos humanos y políticas públicas".
En vísperas de nuevas elecciones, resurgió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. A pesar de que sólo el 4,3% de los delitos investigados en 2012 tienen como sospechosos a menores de edad -según relevamientos de la Procuración General de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires- candidatos plantean el endurecimiento de penas y el encierro a la niños y niñas en conflicto con la ley penal como una política clave de seguridad.
La propuesta de Martín Insaurralde, candidato a diputado nacional por el Frente Para la Victoria, de crear un nuevo Régimen Penal Juvenil reactivó la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad como estrategia legal para combatir los delitos cometidos por menores de edad. Actualmente, rige en el país el Régimen Penal de Minoridad (decreto-ley 22.278), sancionado en plena dictadura militar, que permite que jóvenes de entre 16 y 18 años puedan ser condenados a reclusión perpetua.
