El proyecto propone la inhabilitación de ejercer cargos públicos a personas condenadas por delitos. El oficialismo plantea tomar sentencias de primera instancia, mientras que otros bloques piden que sea con condena firme.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados continúan debatiendo varios proyectos sobre la ley conocida como “Ficha limpia”, que proponen la inhabilitación del ejercicio de cargos públicos para personas condenadas por delitos. Uno de los puntos centrales de la discusión es si una denuncia, sin sentencia firme, debería considerarse para la prohibición de una eventual candidatura.
“En principio, la mayoría de nosotros no estaría dispuestos a que una persona condenada por un delito de corrupción, represente el interés público. Ahora, cómo se regula eso, cuáles son las herramientas. Me parece que ahí lo que ocurre es la equivocación en el uso de las herramientas”, considera Adrián Martin, juez integrante del Tribunal Oral N° 15 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En dialogo con Los Mundos Posibles, el jurista lamenta que “esto lo podríamos vincular con la última tradición legislativa que tenemos en nuestro país, poner parches de formas inadecuadas, entonces generamos más problemas que las soluciones reales posibles sobre ellos”.
“Hay distintas líneas y cuestiones que se están planteando, algunas son interesantes y trascienden la lógica del funcionamiento del Estado y en particular del Poder Judicial. No podemos designar a alguien que esté acusado de delitos de corrupción. Qué hacemos, no esperamos que se lo condene. La Corte Suprema tarda un montón de años en resolver estas cosas. En definitiva, esto no funciona, el tema es qué hacemos con este problema, tal vez lo que habría que ocuparse es de la demora judicial”, explica el entrevistado.
Martín es doctor en Derecho Penal y magíster en Criminología, fue uno de los expositores en los debates sobre los diversos proyectos en torno a la ley, y menciona que existe por parte de la Justicia un adelantamiento de la pena que “no se lo dice expresamente en una resolución, pero es lo que dan cuenta quienes estudian el funcionamiento de la administración judicial, como lo es la prisión preventiva”, y señala que “dos tercios de la población penitenciaria están en esa condición, detenidas sin una sentencia firme (…) y en este caso, es lo mismo, la inhabilitación para ejercer cargos públicos es un adelantamiento de la pena”.
Por último, Martín asegura que "hay posibilidades de pensar cómo hacer que los plazos judiciales sean más cortos, cuántos recursos una persona puede tener, si tiene que llegar siempre a la Corte o no, hay distintas alternativas, pero eso no parece muy técnico y se echa mano a lo más efectista, con una acusación que no sea candidato y listo".
