A partir de los despidos en la Subsecretaria de Prevención de las Violencias, presentan una acción judicial colectiva contra el Ministerio de Justicia.
“La gramática de racionalidad burocrática que ha instalado este Gobierno tiene que ver con la crueldad en las redes, pero también en los hechos acerca de los despidos, en su celebración. La humillación de las personas y demás merecen un capítulo aparte”, asegura Soledad Deza, abogada, presidenta de Mujeres x Mujeres, una de las organizaciones demandantes.
La demanda contra el Ministerio de Justicia exige que informe cómo se cumplirán las obligaciones legales que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres. El despido del 85% de personal impacta en el 144, la línea de asistencia gratuita para víctimas.
En diálogo con Los Mundos Posibles, Deza remarca que “lo que hemos planteando en una acción colectiva, contra toda la confusión que plantea el Gobierno, instaurando una narrativa que el Estado es un enemigo, que debe ser mínimo y es un gasto innecesario”.
“Queremos que el Poder Judicial dimensione la situación y obligue al Estado a cumplir con las políticas públicas de prevención, erradicación y castigo de las violencias que estaban al frente del Ministerio de Mujeres, cerrar o reducir la planta de empleados en un 85% no da a pensar que va continuar de forma eficiente, sino todo lo contrario”, desarrolla.
Deza insiste en la importancia del Ministerio de Mujeres, donde “se había creado toda una estructura para atender a todas las líneas de acción que exigen los compromisos argentinos con la igualdad de género que son de ahora, sino que cumplen 30 años, entre ellos la erradicación de la violencia, se incorporan con rango constitucional cuando se modifica la Constitución en 1994”.
“Si para el gobierno el problema es gramática, que lo pongan otro nombre (al ministerio), pero tiene que haber un mecanismo de género que controle, que implemente y tenga la rectoría”, concluye.
Escuchá/descargá la entrevista completa:
