Trabajadores exigen que no se eleve a juicio la causa que juzga a 6 gremialistas por lo que denuncian como una causa armada. Silvia Valdéz, una de las procesadas, expresó que "no desvinculamos nuestra causa de este contexto de criminalización de la protesta, es la contracara del ajuste".
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La causa fue reactivada a fines de marzo, cuando el fiscal Tomás Morán solicitó la elevación a juicio de la causa por el delito de "coacción agravada" donde se juzga a seis gremialistas platenses por una acción producida el 31 de octubre de 2012 cuando se realizaba una asamblea de trabajadores en la Dirección General de Cultura y Educación. En el requerimiento del fiscal se sostiene que en aquel entonces “un grupo de personas ingresó a la fuerza a dependencias privadas, concretamente a los despachos de la titular de la cartera educativa y sus funcionarios, para lo cual debieron forzar puertas y romper vidrios, todo mediante la utilización de amenazas contra la integridad física de quienes se desempeñaban en el área, en especial del por entonces subsecretario de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Claudio Crissio, a quien obligaron a firmar un acta en la que se reconocía carácter de compensación salarial a las horas extras devengadas, sin poder el funcionario negarse a tal acción, en virtud de la intimidación de la que fue víctima”.
La protesta criminalizada
La gremialista explicó que "esto es una causa política, por lo tanto hay una connivencia evidente entre Nora de Lucía, el juez, el fiscal y nosotros entendemos que el intento de la elevación a juicio no es casual. Tiene toda una connotación, estamos dese fines de febrero con un proceso de lucha muy importante que se abre con la paritaria que queremos un aumento digno, ahí se cierra la paritaria con aceptación de algunos gremios pero se cierra sólo formalmente porque el malestar es muy fuerte, sobre todo en Educación. Nosotros seguimos con un proceso muy importante de paros, suspensión de tareas y protagonismo en el paro docente que acompañamos fervientemente". A su vez, afirmó que esta situación es parte de las políticas encaradas por Nora de Lucía: "con este vaciamiento hay una apertura a la privatización de la educación".
"Nuestra causa es otro de los elementos represivos de la última semana, que hubo dos represiones a Desarrollo Social, en la Panamericana, en Salta a trabajadores azucareros y, sumado a esto, el anuncio de (el gobernador bonaerense) Scioli de un plan de seguridad: no hay plata pero aparece para pagar este nuevo plan. Por eso, no desvinculamos nuestra causa de este contexto de criminalización de la protesta , es la contracara del ajuste", concluyó la Valdez.
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