Esta semana, el colectivo Unidxs por la Cultura, realizó una conferencia de prensa en las puertas del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que expusieron los motivos por los que rechazan la Ley 27.432 (sancionada en 2017 junto a la reforma previsional impulsada por Cambiemos) que pone fecha de caducidad para diciembre de este año a los tributos con destino específico para promocionar determinadas actividades del sector.
Los trabajadores y trabajadoras del cine, los medios comunitarios, el teatro, las bibliotecas populares exigen que la Cámara de Diputados de la Nación trate y apruebe el proyecto de ley que prorroga las asignaciones específicas para el sector por 50 años.
Esta semana, el colectivo Unidxs por la Cultura, realizó una conferencia de prensa en las puertas del Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, en la que expusieron los motivos por los que rechazan la Ley 27.432 (sancionada en 2017 junto a la reforma previsional impulsada por Cambiemos) que pone fecha de caducidad para diciembre de este año a los tributos con destino específico para promocionar determinadas actividades del sector.
El encuentro con los medios de comunicación sucedió el miércoles, día en el que habitualmente se dan las sesiones ordinarias de la Cámara baja. Se esperaba que el proyecto impulsado por Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, sea incluido en la orden del día. Sin embargo, los diputados y diputadas no sesionaron.
“Los miércoles es el día que puede haber sesión en el Congreso. La idea era llevar el mensaje para tratar de visibilizar que era una nueva oportunidad para poder aprobar el proyecto de ley que prorroga los fondos específicos por 50 años. Había mucha expectativa, pero otra oportunidad perdida y el tiempo pasa”, aseguró Juan Salvador Delú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), presente en la conferencia de prensa junto a otras organizaciones.
El comunicador de Radio Futura también remarcó que sólo faltan 6 meses para llegar a diciembre, fecha en la que empezaría a funcionar la norma. “Los tiempos se han acelerado y la verdad que es un problema”, comentó.
“En algún momento parecía que iba a ser un trámite porque estaba todo el mundo de acuerdo. También es cierto que el año pasado cuando nos empezamos a juntar había diputados que no sabían ni de lo que estábamos hablando. No tenían ni idea. Diputados de sectores que habían votado a favor de la caída de los fondos que hoy están totalmente en contra”, añadió.
“El tiempo se acorta. Quiero creer que en la próxima sesión, que todo indica que puede ser el miércoles que viene, se pueda discutir”, continuó Delú en diálogo con En órbita.
La iniciativa necesita 129 votos afirmativos para obtener media sanción y pasar a la Cámara de Senadores. Según los cálculos, tendría el apoyo de 134 legisladores y legisladoras de la Cámara baja, por lo que superaría el piso por 5 votos. “El tema es que si un diputado no va, se enferma, no quiere ir, cualquier circunstancia puede hacer perder la disputa y este proyecto que determina el plazo ya cayó. En diciembre de 2021 estuvo en el temario, ingresó a la Cámara y no se discutió porque la oposición no quiso. La cuestión es que no salga mal una vez más”, manifestó el titular de la red nacional de radios comunitarias.
En mayo, Diego Catalano, secretario general de ATE Capital, contó tras una reunión con Alberto Fernández que el presidente estaría dispuesto a firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para extender la vigencia de las asignaciones específicas para las producciones culturales y de los medios comunitarios y de pueblos indígenas
“Creo que está bien que Alberto Fernández lo vea así, pero me parece que es un poco peligroso. Primero porque un DNU tiene mucho menos potestad que una ley del Congreso. Segundo, los decretos de necesidad y urgencia no pueden ser sobre temas de impuestos. El presidente no puede sacar un DNU sobre impuestos. Alguien dice que, en realidad, como esto no pone ningún impuesto nuevo, sino que solo extiende plazos, podría hacerlo”, opinó Delú sobre esa opción.
En ese sentido, advirtió que si esa alternativa avanza “creo que va a haber una discusión jurídica” porque “algún sector de la oposición lo va a terminar judicializando al decreto y va a ser un problema. Mejor sería que salga la ley”.
“Los fondos de asignación específica están funcionando e igual las cosas son complicadas. Está complicada la producción audiovisual. Lo sabemos de primera mano”, concluyó.
Escuchar/Descargar la entrevista completa a Juan Salvador Delú:
