Por el vencimiento de los fondos específicos de financiamiento cultural, corren riesgo 700.000 puestos de trabajo directos e indirectos de diferentes sectores de la promoción cultural nacional
Durante el debate sobre el pacto fiscal que resolvió el desembarco del FMI en nuestro país durante 2017, se votó la ley 27.432 que pone el 22 de diciembre de este años como fecha de fiscalización a los fondos específicos, que financia a la industria cultural del país, afectando directamente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y los FOMECAs dependientes del ENACOM. “Esto implica que 700.000 mil puestos de trabajo directos e indirectos corren riesgo. Tiene que ver con trabajadores específicamente de los organismos nacionales que trabajamos en estas dependencias, pero también todos los trabajos que son técnicos y artísticos que se despliegan a través del fomento, de las asistencias, de las becas y de las ayuda de estás instituciones”, detalló Ingrid Urrutia, delegada gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Junta Interna del INCAA, y parte de Unidxs por la Cultura.
Según lo detalla la ley vigente, los impuestos generados por la propia industria que permiten el fomento cultural pasarían a la órbita del Tesoro Nacional, donde cada una de las instituciones de carácter autárquico deberá pedir presupuesto no solo para las asistencias sino también para su funcionamiento. “Nosotres defendemos la soberanía cultural porque los bienes culturales son algo que hemos conquistado. Es un derecho del pueblo de poder narrarse. No es lo mismo que se narre nuestra historia, que se narre nuestras luchas bajo una lógica empresarial privada o que lo haga el estado, a que seamos quienes estamos frente a esas luchas quienes podamos narrar esas historias”, detalló en comunicación con Una Amiga Imaginaria.
Gracias a estos fomentos, argentina cuenta con una tradición cinematográfica de más de 100 años y está posicionada en tercer lugar a nivel mundial como capital del teatro gracias a las salas y obras independientes de Buenos Aires.
Al respecto de esta ley ya se han pronunciado en alerta el Instituto Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música, el ENERC y FARCO, así como también se comenzó a orquestar una ley que extienda el plazo de estos fondos durante 50 años. Sin embargo “el problema es complejo”. Por un lado se encuentra el desembarco de las plataformas de streaming (OTTs) en el país, las cuales no están labradas por ley por lo que tributan el 21% de lo que corresponde al IVA. “Lo que nosotros alertamos en ese aspecto es que, en primer lugar, deberían ser gravadas primero para que se engrosen los fondos que hoy financia a la cultura a nivel nacional. Esto es algo muy virtuoso del sistema que existe en nuestro país: el propio sector se financia con lo que produce”, sostuvo la dirigente gremial.
A esta situación se le suma el abaratamiento de los costos en recursos humanos en la correlación con el precio dólar, que afecta directamente a los y las trabajadoras audiovisuales del país. “Si bien hoy nosotres estamos ante un ataque, una inminente pérdida de este sistema de fomento y financiamiento, también creemos que podría mejorarse. Porque también lo que está en juego son nuestras condiciones de trabajo, de muchos tecniques, que hoy no solo el salario se ha deteriorado sino que también las condiciones se han perdido”, advirtió.
“Nosotres creemos que tenemos que desplegar otro aspecto que se da en las luchas. Sabemos que en nuestro país sin movilización y sin el acompañamiento de las fuerzas que necesitamos esté en las calles. No solo que movilicemos quienes somos afectados por nuestro trabajo sino también quienes consumen, quienes van a un teatro independiente, quienes van al cine, quienes estan desarrollando su carrera”, señaló Ingrid quien agregó que para fines de abril está preparando un gran festival en defensa de la cultura frente al Congreso Nacional.
“Enfrentamos toda una lógica que entiende a la cultura como una mercancía más y nosotres desde ese lado lo que estamos diciendo es que no es una mercancía, es un derecho del pueblo. No solo constitucionalmente sino que se ha reconocido en UNESCO que los derechos de los pueblos a la acceso a la cultura se tiene que defender y se tiene que garantizar”, concluyó.
Llená el petitorio que están impulsando desde Unidxs por la Cultura aqui.
