El tribunal revocó la “falta de mérito” que había beneficiado al empresario Carlos Blaquier, acusado de delitos de lesa humanidad en la dictadura. El tribunal resolvió que se dicte una nueva sentencia para el ex propietario del ingenio Ledesma, que podría ir a juicio oral y público.
"La Corte Suprema de la Nación agarró un expediente que tenía hace seis años sin resolver, que no tenía una caratula mediática, pero que era muy conocido, porque afectaba a Carlos Blaquier, y también a Enrique Lemos, administrador del directorio de Ledesma S.A, nada menos, la empresa, un gran conglomerado de poder, y responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos en la dictadura", explicó Francisco Martínez, en Los Mundos Posibles
En ese sentido, amplió que "Blaquier, presidente del directorio durante la dictadura, estaba imputado por favorecer desapariciones de personas, delegados de su propia empresa, cuya administración prestó automóviles a las fuerza de seguridad, a los secuestradores, para producir esas detenciones ilegales y desapariciones".
"Esto se remonta a 2012, cuando el Juzgado Federal 2 de Jujuy le traba un procesamiento sin prisión preventiva a Blaquier y a Lemos, confirmado un año después, sin mucha demora, por la Cámara Federal de Salta, y acá se produce lo que fue catalogado como gravedad institucional. Pero todavía no había llegado a La Corte. Antes, en 2015 tuvo la intervención de la Cámara de Casación Penal, que se mete en la causa, con un recurso de los acusados, cuestionando la designación de un fiscal subrogante, y así le revocan el procesamiento", detalló.
Sobre las irregularidades judiciales, Martínez remarcó que "es un expediente en cual no tenían que haber intervenido, porque los imputados ya había tenido revisión por la Cámara Federal, y como no era un sentencia definitiva no podían resolver lo que resolvieron, que fue un sobreseimiento, y esto que supone gravedad institucional, habilita a la Corte a intervenir".
"Es un 'fallito' de diez páginas, porque la Corte no revisó una sentencia que tenía que revisar de 400 cuerpos de testimonios y mirar 70 videollamadas, o escuchar un juicio de cuatro años. El expediente debería volver al Juzgado Federal de Jujuy, para llevarlos a juicio después de casi nueve años de proceso", aseguró.
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