Organizaciones sociales realizaron una audiencia pública contra el "protocolo antipiquete"

Fue durante la mañana del miércoles en la Puerta del Palacio Municipal, mientras el Concejo Deliberante analizaba la propuesta del legislador Fernando Ponce. No permitieron a las organizaciones ingresar a la sesión, a pesar de que estas instancias son de carácter público y de que habían sido notificadas el lunes de que podrían participar sin inconvenientes.

DSC_1276Este miércoles, el bloque oficialista del Concejo Deliberante de La Plata, en la primera jornada de sesiones legislativas, comenzó a tratar un proyecto de ordenanza que replica el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”, presentado a nivel nacional en Bariloche hace más de un mes y firmado por una amplia mayoría en el Consejo de Seguridad.

Según afirmaron desde el Colectivo de Información y Acción Jurídica, uno de los organismos que convocó a esta audiencia pública de las organizaciones, "la discusión en nuestra ciudad, capital del país, asiento de las autoridades provinciales con mayor representatividad de la nación y epicentro histórico de movilización y  reclamo, pretende ser punta de lanza para la adecuación del Protocolo en todas las provincias que se mostraron alineadas al nuevo paradigma de tratamiento de la protesta social". Asimismo, afirman que esta normativa sería parte de una "técnica de disciplinamiento social frente a la batería de decisiones políticas y económicas que golpean rápida y duramente a amplios sectores populares".

Al mediodía se presentó en Mesa de Entradas del CD un documento explicando los motivos para rechazar este protocolo municipal y destacando su inconstitucionalidad, que contó con la adhesión de 69 organizaciones sociales. A raíz de esta presentación, se consiguió una reunión mañana a las 11am se reunirán con Fernando Ponce, presidente del CD y autor de la propuesta del protocolo.

Así lo contaba la abogada Sofía Caravellos (CIAJ) al final de la jornada:

Escuchá un fragmento del documento (lectura por Martín Massa y Carolina Salvador, del CIAJ)

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Presentaciones en la audiencia

DSC_1267Octavio Milioni, representante de la CTA de los Trabajadores de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio, afirmó que "no va a ser tan fácil silenciar a un pueblo que está perdiendo sus derechos día a día".

Cristóbal "Toto" Marcioni, referente del Movimiento Justicia y Libertad, expresó que el objetivo de esta normativa es "que no haya más protestas en la ciudad".

César Baliña, en representación de la CTA Autónoma de Berisso, La Plata y Ensenada dijo que "es un deber militante repudiar este protocolo" y afirmó que esta propuesta forma parte de los despidos y las políticas de ajuste "que buscan aleccionar a los trabajadores". "Si protestamos es porue hay derechos que se vulneran: la calle es nuestra".

Gastón Harispe caracterizó a La  Plata como "una región de conflictividad" donde la protesta en la vía pública es una herramienta de lucha.

Desde la Junta Interna de ATE-Municipales afirmaron que "la protesta es un derecho y una herramienta de lucha para garantizar nuestros derechos, mientras que el protocolo es una herramienta de criminalización".

Mariano Cardelli, representante de Unidos y Organizados (FpV) destacó la unidad de las organizaciones durante la actividad y remarcó que el derecho a huelga fue una conquista de los trabajadores.

Desde la Coordinadora antirrepresiva LGBTTTIQP se refirieron a la violencia que sufren las travestis en la zona roja de la ciudad.

El abogado Aníbal Hnatiuk, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, destacó que la protesta en la vía pública es un "ultraderecho" porque permite visibilizar la vulneración de otros derechos. Además, destacó que, por cuestiones de jerarquía, el municipio no puede realizar un protocolo con indicaciones para la Policía Provincial.

El diputado por el FpV, Gustavo Di Marzio, se refirió a la necesidad de seguir haciendo visible el reclamo por la libertad de Milagro Sala.

Estela Díaz, integrante de la CTA y del Comité por la Libertad de Milagro Sala, dijo que este protocolo es "la legitimación de la detención de militantes sociales" y también se refirió al caso de la dirigente jujeña.

Juliana Brizuela, miembro de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, criticó que el gobierno municipal busca "atacar a las organizaciones sociales".

Josefina Rodrigo, integrante de la APDH La Plata,manifestó el rechazo de la asamblea a este protocolo.