El fallo beneficia a Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, cuyos procesamientos por el delito de vejación quedó cancelado. Desde el CECIM anticipan que van a recurrir a la Suprema Corte de la Nación para revertir la decisión.
"Es una situación que nos da mucha impotencia, no solo por el fallo en sí, sino por este dejo subyacente de impunidad no solo para los torturadores sino para el Poder Judicial de aplicar el derecho a su antojo. Si se unieran a la Constitución a términos de derechos humanos no habría otro destino posible más que el procesamiento, la investigación, la consecuente elevación a juicio y juzgamiento de los torturadores de Malvinas y no sucede hace 15 años", relató Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del CECIM.
En ese sentido, lamentó que "se va construyendo una dinámica de David contra Goliat y desde el CECIM La Plata estamos muy solos batallando contra una aparato y una ingeniería que es gigantesca".
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, con la disidencia de la tercera integrante de esa sala Ana María Figueroa, anularon lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y ordenaron dictar una nueva resolución.
"Ellos dicen son delitos comunes, que por tanto están prescritos, lo cual es una barbaridad jurídica porque desde el 2009 está claro que el estandar en Argentina se amplió y ya no es necesario que sean los delitos de investigación y eventual juzgamiento crímenes de lesa humanidad, con que sean delitos graves de derechos humanos, que es un escalón menor en cuanto a la ramificación de los delitos, el Estado ya se encuentra imposibilitado de imponer institutos de derechos privado como la prescripción para eludir su responsabilidad en cuanto la investigación", explica en Los Mundos Posibles.
El abogado señala que la resolución "ademas de ser abominable tiene profundas falencias técnicas, y el resultado es una injusticia flagrante, el fallo implica prevaricato, un delito penal que tiene sanciones penales para quienes incurren en ello".
Al cierre de esta entrevista Guerrero Iraola anticipa que desde el CECIM van a conducir la cuestión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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