El pedido había sido realizado en agosto de 2019, ante los hostigamientos percibidos por la comunidad, en el marco de los operativos municipales que buscaban “combatir la venta ilegal”.
Luego de dos años y medio, los camaristas de la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, se declararon incompetentes ante el pedido realizado por el Colectivo de abogados populares, La Ciega, ante la escalada de desalojos violentos por parte de control urbano a la comunidad senegalesa. En este sentido, Damian Brumer, abogado de La ciega, señalò que le sorprende “que se hayan tomado tanto tiempo de algo que no modifica en absoluto la situación del colectivo migrante y senegales de la ciudad de La Plata, que por lo menos en 2019 y con posterioridad también, es bastante complejo”.
“Si bien la actuación de la municipalidad y la policía estaba dirigida oficialmente al conjunto de vendedores ambulantes, en los hechos claramente había un criterio discriminatorio hacia ese colectivo migrante en particular. Aprovechándose de su particular situación de vulnerabilidad, y de condiciones concretas, que le permitía a las autoridades municipales y provinciales desarrollar más violentamente los operativos, de forma xenófoba y discriminatoria hacia los y las senegalese de la ciudad de la Plata”, detallò el abogado y sostuvo que en desde la municipalidad rige “una doble moral” a la hora de hablar del uso del espacio público.
En este sentido, desde las autoridades comunales se sostiene que la actividad de la comunidad senegalesa atenta contra el uso del espacio público y la competencia desleal, sin embargo el uso del espacio público por parte de bares, gimnasios, entrenadores privados, etc. no está reglamentado ni sancionado. “La actuación por parte de las autoridades de control urbano, y de la policía bonaerense que también acompaña ese tipo de operativos, es absolutamente diferente”.
“Por supuesto que es un debate que hay que hablarlo, dialogarlo, buscar alternativas para que nadie se encuentre perjudicado: ni los comerciantes, ni los vecinos y, por supuesto, ni los manteros y manteras. Pero eso no implica bajo ningún punto de vista que la solución sea represiva”, apuntó Brumer, quien subrayo que contrariamente a lo que sostiene la municipalidad varios de los trabajadores ambulantes son también monotributistas y pagan impuesto, “pero eso es algo que los medios y los funcionarios no lo dicen porque se busca encontrar un chivo expiatorio”.
Acatando el dictamen de la justicia, el colectivo volverá a presentar el recurso en la justicia provincial, mientras pedirán que se archive la investigación que se está llevando adelante en el marco de la denuncia realizada por la entonces secretaría de convivencia y control urbano, Virginia Pérez Cattaneo.
