Desde el mecanismo provincial contra la tortura señalaron que la modificación realizadas sobre el condigo contravencional no modifica el carácter represivo del mismo.
La discusión por el código contravencional comenzó en 2018, “desde ahí hasta acá pasó mucha agua bajo el puente, se dieron una serie de discusiones en las distintas comisiones del concejo deliberante, específicamente en la comisión de Derechos Humanos”, señaló Roberto Cipriano de la Comisión Provincial por la Memoria.
El código presentado en un primer momento hace cuatro años logro modificarse gracias a la intervención de organismos y organizaciones sociales a lo largo de los últimos cuatro años, “hay modificaciones importante que son determinantes: desde la lectura que nosotros hacemos como mecanismo de prevención de la tortura, que es que tenia la pena del arresto. Ya no van a poder arrestar personas por el código contravencional y tampoco alojarlas en comisaría. Eso no es menor porque era una herramienta fundamental de la policía para el control territorial. La policía aprovechaba las retribuciones de arresto que le daban los códigos contravencionales los cuales aprehendieron mucha gente. Haber eliminado esa potestad es algo importante, no obstante hay cosas que siguen siendo complejas, que siguen siendo graves porque está pensado con la perspectiva de la sanción y de la recaudación”, explicó.
En este sentido agregó que “el otro problema, es que es un código que tiene un problema de convencionalidad. Todos los pactos internacionales de DDHH incorporados en nuestra constitución nacional no se condicen con este código. Es decir, el día de mañana ante una situación, Argentina puede ser sancionada internacionalmente por la Comisión Interamericana o por cualquier otro órgano de los tratados”, contó en comunicación con En Orbita.
En este marco, Cipriano señaló la importancia de entender la fragilidad social en la que se encuentra la población de la ciudad en sintonía con el país: “El tema es cómo manejas la conflictividad social. Tenemos la mitad de la población bajo la línea de pobreza, la pobreza crece. Las políticas deberían ser de inclusión, de igualación, de generar oportunidades para sectores que luego de la gestión anterior y la pandemia están en una situación realmente muy critica”.
“Lejos de entender que estamos ante problemas sociales que requieren de otras políticas estatales para resolverlos, lo único que aparece como forma de resolución de estas situaciones es un código que sanciona y reprime. Ahí es donde nosotros señalamos que deberían darse otro tipos de políticas que tengan que ver con la inclusión de estos sectores en general y no pensarlo en clave de la represión estatal solamente que es lo que pasa con este proyecto”.
