El 17 de diciembre de 2017 se aprobó una reforma impositiva que pone fecha de caducidad en diciembre de 2022 a los Fondos de asignación específica a Industrias Culturales, con los cuales se autofinancian proyectos relacionados a la comunicación, la educación y la cultura. Actualmente se encuentra en la Comisión de Presupuesto un proyecto de ley para estirar el plazo 50 años.
La Ley 27.432, sancionada en 2017 junto a la reforma previsional de Cambiemos, pone "fin a la asignación específica, no al impuesto, esta es una aclaración importante. Es decir, los impuestos se siguen pagando pero lo que se modifica es la asignación específica que pasaría a las rentas generales. El Estado sigue recaudando pero ya el fin deja de ser específico", detalló el diputado nacional de Córdoba por el Frente de Todos, Pablo Carro
De esta forma, la ley vacía los fondos de entidades especificas destinadas a la comunicación, la cultura y el arte, como el ENACOM, CONABIP, INCAA, INAMU, INT, etc. quienes obtienen su presupuesto de distintos impuestos y multas propios de cada circuito productivo. “Si no hubiera financiamiento específico para la música, el teatro, el cine, para los medios comunitarios, las bibliotecas populares, estaríamos reventando a sectores que no tendrían ninguna otra posibilidad de funcionar si no es a través de estos mecanismos”, explicó en comunicación con Una Amiga Imaginaria.
En este marco, junto a los diputados nacionales Walter Correa, Mónica Macha, Germán Martínez y María Carolina Moisés, presentaron un proyecto de ley que extiende el plazo estipulado por la legislación vigente a 2072. En este sentido, el diputado manifestó que "este proyecto es defensivo, simplemente para tratar de defender eso que tenemos y que perderíamos el año que viene. Pero creo que además necesitamos propuestas de avanzada para ir más allá, porque nos desarticularon la Ley de Servicios de Comunicacion Audiovisual y porqué tenemos estos problemas con las grandes plataformas", advirtió en relación a las OTTS (plataformas de streaming), las cuales en la actualidad no están labradas por ley y, por lo tanto, no pagan ningún impuesto por su actividad en el país.
"Tiene que ver con la defensa de nuestra propia cultura, esta posibilidad que digo de que nuestra música se escuche en la radio, que nuestros actores estén en las pantallas, que nuestra propia cultura esté allí representada con una idea de cultura bien amplia, no suponiendo que hay una cultura, si no culturas en plural”, advirtió, y remarcó que “en cualquier parte del mundo está claro que es una industria que si no tiene apoyo estatal no puede funcionar y solo quedaríamos presos de las producciones internacionales”.
