La semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de la República Argentina el proyecto que modifica la Ley 26.130 de Contracepción Quirúrgica, con el objetivo de respetar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
“Nos propusimos desde el proyecto desear, incidir políticamente para que haya algún cambio en materia de derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad y cuando empezamos a pensar cuál era se cambio que queríamos afrontar, trabajar o acompañar, nació esta necesidad de pensar en esta ley que habla acerca de lo que que es la anticoncepción quirúrgica” explicó Carolina Buseta, parte de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “La ley, lo que se dice en sus artículos 2 y 3, es que las personas con discapacidad que tengan algún tipo de restricción en su capacidad jurídica para resolver alguna cuestión en algún ámbito de su vida como puede ser su cuerpo. Si tenían alguna restricción o si tienen alguna restricción en su capacidad jurídica, un familiar o un juez puede decidir la práctica médica, lo cual tengamos en cuenta que está en plena vigencia la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, promulgada por la ONU en 2006, ratificada por nuestro país en el 2008 y con rango constitucional en el 2014, por lo cual había que trabajar para armonizar nuestra legislación a esa convención, a ese tratado internacional que habla en su artículo 12 de la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad”, detalló en comunicación con En Órbita.
Para impulsar esta reforma, diferentes organizaciones que trabajan en torno a los derechos civiles y de personas con discapacidad conforman un coalición: “con esa coalición con la que nos reunimos por muchos tiempo, durante un año, hemos decidido iniciar diferentes campañas y empezar a trabajar para esa reforma. Hicimos un largo recorrido, vieron que una reforma legislativa tiene sus tiempos, así que presentamos un proyecto Primero nos pusimos de acuerdo como redactarlo, luego tuvimos reuniones de incidencia política con diputados y diputadas, con asesoras y asesores, hasta que finalmente llegó a la comisión de salud y a la comisión de discapacidad de diputados y ahí tuvo un paso votos favorables, tuvo dictamen”, detalló la referente quién subrayó que es importante que “todas las prácticas tienen que tener el consentimiento de la persona con discapacidad, porque también tenemos dos situaciones que se dan: a veces a las mujeres con discapacidad no se les permite el acceso a la IVE pero también, en algunos casos, a las mujeres con discapacidad no se les permite maternar con una mirada asistencial, paternalista, sustitutiva de su voluntad. (...) Permanentemente las mujeres con discapacidad tenemos que estar luchando para poder efectivizar nuestros deseos sea el que sea, siempre hay algún motivo para contradecir el deseo de la persona con discapacidad”.
En este marco, la coalición lanzó Nuestra Decisión, una app de descarga gratuita surgida de los talleres realizados hasta antes de la pandemia en cuatro talleres realizados en diferentes puntos del país con mujeres con discapacidad. En la misma se puede encontrar no solo información sobre los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad sino que también muestra los centros de atención en salud reproductiva más cercanos al dispositivo basándose en un sistema de reseñas entre las usuarias: “quisiera hacer hincapié de que es una app para todas la mujeres, si bien tiene perspectiva de discapacidad porque es una app accesible para la lectores de pantalla, porque tiene lenguaje simple para que puede ser utilizada por mujeres con discapacidad intelectual, es una app que usan todas las mujeres. De hecho, hay más descargas de mujeres sin discapacidad que mujeres con discapacidad que también le encuentran una utilidad porque es bastante intuitiva”.
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