Marcelo Silveyra designó a la nueva plana mayor de San Miguel del Monte tras la masacre, días después fue citado a indagatoria por la muerte de un ecologista ocurrida en 2008.
Una de las primeras medidas que Marcelo Gabriel Silveyra tomó desde su flamante puesto al frente de la Jefatura Departamental de San Vicente, escalafón que le otorgó el Ministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo, fue la renovación de la plana mayor en San Miguel del Monte. Con la intención de mejorar la imagen de la bonaerense tras la masacre ocurrida el 20 de mayo, nombró al comisario Daniel Bogado y al subcomisario Marcos Panatti a cargo de la Estación de Policía Comunal. Días más tarde Silveyra fue llamado a prestar declaración junto a otros ocho efectivos por la muerte de Carlos Castello, un ecologista de Lobos que en 2008 fue hallado sin vida en las inmediaciones de la laguna en situaciones que aún no han sido esclarecidas.
Castello llevaba adelante un reclamo ciudadano contra el Club de Pesca de Lobos por la apropiación de unos terrenos públicos circundantes a la laguna de dicha ciudad. El 19 de octubre de 2008 su cuerpo fue hallado en las cercanías de su casa, ubicada a orillas de la laguna, con un disparo en la sien. En un primer momento, la investigación policial determinó que se trataba de un suicidio pero gracias a la lucha de Eduardo Castello, hermano de Carlos, nuevas pericias determinaron que se trató de un caso de homicidio y las sospechas apuntaron en dirección al destacamento policial de Lobos.
Silveyra era uno de los doce efectivos que prestaban servicios en la comisaria de Lobos la noche del crimen y su nombre figura en la nomina de los siete que deberán presentarse a declarar por el hecho. En los primeros días de junio del corriente, el juez Diego Tatarsky del juzgado Correccional N°5 de La Plata, condenó a los peritos Jorge Antonio Alvarez Ceballos y Karina Marcela Sabules por haber falseado sus declaraciones. El abogado Marcelo Parrilli, responsable de impulsar las lineas de investigación que desmontaron la versión del suicidio, estuvo en el aire de Rap de las Hormigas donde expresó que “Silveyra mientras estaba siendo presentado como lo nuevo de la Policía Bonaerense estaba siendo citado e imputado por homicidio calificado, privación ilegitima de la libertad y tormentos de Castello”.
“La vinculación de Silveyra con este hecho es de hace once años, lamentablemente,que por las dilaciones en el ámbito de la administración de justicia de la provincia de Buenos Aires no significa que haya aparecido ahora la responsabilidad penal de Silverya en la causa sino que viene desde hace mucho, lo que ocurre en la policía de la provincia, como en cualquier repartición burocrática, es que las personas mientras están y no son separadas siguen ascendiendo, y Silveyra llegó hasta este cargo en el que el otro día lo exhibía Ritondo”, remarcó el abogado en alusión al traslado de oficiales de la provincia de una ciudad a otra que terminó posicionando a Silveyra al frente de la departamental.
Parrilli explicó que las pericias que realizó posteriormente Gendarmería lograron demostrar que el cuerpo de Castello había sido movido, los datos de la autopsia falseados y se omitió describir las lesiones vitales que presentaba el occiso, el cual presentaba signos de haber sido muy golpeado. Además, detalló que el ecologista no poseía armas, ni conocimiento de su manejo, así como tampoco tenía una personalidad que permitiera suponer un caso de suicidio. La hipotesis del abogado sostiene que Silveyra tuvo participación en el hecho:“La casa de Castello está a ochenta metros del destacamento Laguna de Lobos, el destacamento es más chico que un departamento de tres ambientes, existen pruebas categóricas de que la privación de la libertad de Castello empezó ahí adentro y el personal de la laguna eran doce efectivos, y de los doce tenemos siete involucrados acá”.
Castello había movilizado a gran parte del sector de la laguna de Lobos en contra de la apropiación del espacio público por parte del Club de Pesca ya que esto perjudicaba muchísimo al resto de los lugareños y de los comerciantes locales. En su afán de defender el espacio público había logrado a través de un amparo que se tuvieran que reabrir las calles. Según Parrillo:“El enfrentamiento es con el Club de Lobos y éste actúa a través de la Policía que viene siendo su brazo armado”. Ahora la causa espera el llamado a indagatoria de todo el personal policial involucrado y la consiguiente elevación a juicio.
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