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Los medios comunitarios y populares en tiempos de Cambiemos

Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias y coordinador de Radio Estación Sur y Juan Delú, referente de Radio Futura repasaron los efectos sobre la política pública comunicacional que generó la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

A poco de asumir el gobierno nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 267 a través del cual creó el Ente Nacional de Comunicaciones, que asumió las funciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de las Telecomunicaciones y la Información (AFTIC) disueltas en la misma norma, y realizó modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

En diálogo con Cacodelphia, Pablo Antonini, presidente de FARCO e integrante de Radio Estación Sur, señaló que “el Decreto 267 con el que el presidente Mauricio Macri derogó los artículos centrales de la Ley de Medios, no solo creó el Enacom, sino que eliminó los artículos que restringía la concentración de medios en pocas manos y levantó los pisos obligatorios de producción local, nacional e independiente, es decir, toco partes centrales de la Ley sancionada en el año 2009. Estos aspectos junto con otros de la Ley que no fueron derogados y sin embargo, no se aplican o se aplican a cuentagotas, son los que desde hace un año asfixian a los medios comunitarios y populares del país”,

"Este decreto restringió la participación directa de representantes de la oposición en el Directorio del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, donde estaban representadas todas las provincias y desreguló los artículos que regularizaban la concentración de medios. Al disolver al Afsca, nos quitaron la representación en el Consejo Federal, que era el espacio, desde donde podíamos tener una incidencia en las políticas de comunicación” dijo Antonini.

Juan Delú, integrante de Radio Futura y de FARCO agregó que “además de achicar los representantes de la oposición en el Directorio, se estableció que éstos, pueden ser removidos con la sola firma del Presidente y sin necesidad de explicarlo”. “Este punto -recordó Antonini-, fue uno de los argumentos centrales denunciados por las organizaciones de la sociedad civil, que fue tratado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que no existe en ningún lugar del mundo, una norma que te permita, sin necesidad siquiera de dar explicaciones, revocar a un funcionario que fue elegido por la oposición y se supone esta como controlador de ese organismo”.

El Decreto firmado hace 500 días por el Presidente de la Nación, modificó los artículos antimonopólicos referidos a la concentración de licencias de TV, radio y señales de cable. Según plantea el DNU, las licencias serán susceptibles de prórrogas sucesivas y pueden ser renovadas cada cinco años de manera automática y prórrogas por plazos de diez años, previa evaluación del Enacom. La LSCA establecía audiencias públicas para la renovación de licencias.

Plan técnico y reserva del 33% para los medios comunitarios

La LSCA establece un plan técnico y una reserva del 33% para los medios comunitarios, un aspecto de que el DNU de Macri no derogó y que sin embargo el gobierno no cumple. Al respecto informó Antonini que “se aprobó un proceso de normalización, que todavía no pudimos ver, pero por los indicios que tenemos, está muy lejos de abrir una perspectiva del 33 por ciento para los medios comunitarios. Tampoco se dio ningún paso en ese sentido, es más, se han rechazado concursos de medios comunitarios con argumentos estúpidos, como es el caso por ejemplo de los compañeros de Radio Estación Sur de Catamarca, que un año y medio después de haberse presentado a concurso, se lo rechazaron por la falta de una fotocopia”.

Esto se debe a que “el gobierno ha mostrado una gran inutilidad para resolver algunas cuestiones y que cuando se mezcla lo ideológico, que va contrario a los intereses populares, con la inutilidad, estamos frente a una bomba de tiempo" dijo Delú.

Decomisos y judicialización a los comunicadores

La resolución 9435, redactada por el ente dependiente del Ministerio de Comunicación, estableció un protocolo de supuestos de interferencia de aeropuertos con mecanismos sumarísimos: intimar el cese de emisiones, dar un plazo de 3 días para el descargo, verificar la licencia, declarar ilegal a la emisora, requerir a la justicia federal el secuestro de equipos y formular la denuncia penal.

“La aplicación de éstas resoluciones genera una zona gris que da lugar a todo tipo de arbitrariedades” opinó el titular de Farco y citó los casos de FM Milenium de la ciudad de Formosa, a la que le secuestraron los equipos y el de FM Ocupas de Moreno que pertenece a una Asociación Civil que trabaja con discapacitados y fue apagada.

Para Delú, el resultado de todo este proceder es producto de “la visión onegeísta, liberal y filantrópica, que tienen las autoridades sobre las organizaciones populares. El gobierno nacional llegó con la idea de que las radios comunitarias, se habían robado todo, que había funcionarios que habían trabajado en pos de eso y decidieron entonces hacer denuncias públicas y criminalizarlo todo. Cuando entendieron que esa mirada punitivista sobre las organizaciones sociales, no se iba a poder sustentar, comenzaron a trazar un plan, en el que las reglas de juego las escriben los grandes medios, donde predomina la postal de medios simpáticos y en el que prima la idea es que los medios comunitarios, sean pocos y chiquitos”.

Ley de Comunicaciones Convergentes

El texto firmado por Macri afirma que “la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios, habilita una situación excepcional que hace imposible seguir los trámites previstos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes”. De ese modo “el gobierno nacional y sus aliados, trabajando en conjunto con los grandes medios, se dieron cuenta que era más fácil gobernar por decreto, que armar una nueva ley de comunicaciones” afirmó Juan Delú.

Según Antonini, el decreto cuestionado por los medios comunitarios, sindicatos y organizaciones políticas y sociales de país, estableció “el terreno de la Ley de Comunicaciones Convergentes. Con la unificación de los medios de comunicación audiovisuales y las empresas de telecomunicaciones, amenazan con desfinanciar un fondo que sostiene toda la industria cultural”.

“La llamada Convergencia - explicó el presidente de FARCO-, entiende a una empresa de cable, no como una prestadora de servicio de comunicación audiovisual, sino como una empresa de telecomunicaciones, que puede proveer Internet, teléfono y cable. Y esto esconde un peligro muy grande. Porque una empresa prestadora de servicio de comunicación audiovisual, como Cablevisión o como Radio Futura, paga todos los meses el 4,5 por ciento de su facturación y con eso se alimenta el fondo del cual salen por ejemplo, los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación (Fomeca), el sostenimiento del Incaa, del Instituto del Teatro y la Música. En cambio las empresas de telecomunicaciones, pagan el 0,5 por ciento de su facturación, por lo tanto vemos allí una amenaza a ese fondo que sostiene toda la industria cultural”.

Este fondo de fomento destinado a brindar subsidios a medios comunitarios y de pueblos originarios y que tiene como objetivo fortalecer al sector comunitario, prácticamente está congelado desde la asunción de Mauricio Macri. En ese sentido sobre la convocatoria que el gobierno debe realizar cada año, Antonini, señaló que el año pasado “llamado a concurso a fines de noviembre y los ganadores, prometieron, van a estar en agosto de éste año”.

“En los nuevos reglamentos del Fomeca, encontramos la misma letra que estaba presente en los decretos firmados por Roberto Dromi, en la década del 90” detalló Antonini. “Esos decretos firmados por el entones ministro de Obras y Servicios Públicos, hablaban de la subsidiaridad del Estado, es decir, el Estado solo debía intervenir en los lugares donde el mercado no llegaba” y esos aspectos revelo Antonini, “están también presentes en los nuevos reglamentos del Fomeca, que priorizan a las zonas desfavorables, es decir, a los lugares donde no es negocio hacer un medio de comunicación”, sentenció.

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