Victoria Jorgelina Toloza, que se encontraba detenida en la Unidad 33 de Los Hornos, había sido trasladada al hospital San Martín para dar a luz. Allí, la sometieron a cesárea, la esposaron de un pie a la camilla durante el trabajo de parto y luego la separaron de su bebé. A partir de este caso, resurgió el debate por los protocolos de seguridad que se utilizan para trasladar a las personas privadas de su libertad y se propone priorizar el buen trato de la persona detenida.
Los abogados de la mujer denunciaron tanto al Servicio Penitenciario Bonaerense como al hospital público por el delito de torturas. En comunicación con Rap Todo Terreno, Ignacio Trimarco, uno de los abogado de Toloza, explicó que “lo que motivó la denuncia fue la ruptura del vínculo de la madre con su hija, ya que después de parir la trasladaron a la Unidad penitenciaria y la dejaron a la nena en neonatología. A través de esto, tomamos conocimiento de este hecho, que estuvo esposada cuando dio a luz.”
Sin embargo, Trimarco especificó que “es habitual que las personas privadas de su libertad sean sujetados en el lugar donde reciben atención médica. El hospital también legitima esta práctica” Sostuvo que “no puede permitirse que una persona transite los momentos previos a dar a luz en estas condiciones y mucho menos a posteriori. Además, hay personal del Servicio Penitenciario custodiando a la persona que está privada de su libertad, por lo tanto no es necesario este tipo de sujeción”.
A partir de este caso particular, se comenzó a discutir un nuevo protocolo que busca regular las medidas de seguridad que deben adoptarse cuando las personas privadas de su libertad van a ser trasladadas fuera del lugar de encierro, como también mejorar el trato de los detenidos.“El protocolo que se intenta cambiar tiene que ver con resguardar los derechos de la salud y de la identidad física y psíquica de las personas”, aseguró Trimarco.
Por su parte, Fabián Bernal, director del área de inspección de lugares de detención del Comité Contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria aseguró que “el servicio penitenciario prioriza el esquema de seguridad sobre el trato de la persona detenida.”
El caso particular
Victoria Jorgelina Toloza, de 35 años, está detenida en la Unidad 33 de Los Hornos, ubicado en las calles 149 y 71, donde se alojan madres. El 15 de mayo, la mujer empezó a tener tener contracciones, producto de que cursaba los últimos días de su embarazo y el Servicio Penitenciario Bonaerense dispuso su traslado desde el penal al Hospital San Martín de La Plata –en 1 y 70– para dar a luz.
“En el hospital sufrió un trato inhumano”, contó su abogado. A la mujer la esposaron y la ataron de un pie a la camilla durante el trabajo de parto. Además, cuando le dieron el alta en el hospital el 17 de mayo –dos días después de haber dado a luz– la trasladaron nuevamente al penal, separándola de su hija recién nacida, que estaba siendo atendida en neonatología por un problema de salud. Mientras tanto, los familiares de la madre intentaron obtener información del estado de la beba, pero les fue negada sin que exista ningún motivo, comentó Trimarco.
Este tipo de trato con los detenidos parece ser una práctica habitual y naturalizada dentro del hospital. Sin embargo, la Ley Nacional 25.929, conocida como Ley de Parto Humanizado, dice que “toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna y a la internación conjunta con su madre en sala”. La norma también prevé que los padres deben “recibir información comprensible, suficiente y continuada sobre el proceso de salud de su hijo o hija”.
Hacia un nuevo protocolo de seguridad
Bernal, que integra el Comité Contra la Tortura de la CPM comentó que este organismo “discute distintos protocolos con el gobierno provincial y con los representantes del Servicio Penitenciario y la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense.” Según Bernal, se busca generar nuevos mecanismos “que reduzcan el maltrato hacia las personas detenidas”.
Reveló que la nueva regulación que se está trabajando y todavía no está aprobado porque depende de la aprobación de la jefatura del Servicio Penitenciario. Explicó así que el nuevo protocolo habla de la prohibición de estos elementos de sujeción y principalmente en los casos de atención en salud. "No sólo para las mujeres que están por tener hijos, sino para las personas que van al hospital a ser tratadas, los que van a las universidades, etc., porque los dispositivos de sujeción funcionan en todos lados”, enfatizó.
De todas maneras, Bernal consideró “que la tortura no se va a reducir por el hecho de que exista una forma pautada de tratar a la persona detenida. Esto es un problema estructural de la fuerza penitenciaria que depende de la voluntad política tanto del SPB como del gobierno provincial.”
La atención médica adentro de las cárceles
Los lugares de encierro no están preparados para la atención médica, por eso es necesario trasladar al detenido a los hospitales públicos cada vez que requieren atención médica. Ignacio Trimarco dijo que “se priva de su libertad a una persona que cometió un delito, con el fin de resocializarla y no para castigarla. El Estado debe garantizar que en ese período pueda gozar de todos sus derechos, que no le han sido privados por la condena que le fue impuesta, como lo es el derecho a la salud.”
Los hospitales penitenciarios no tienen la capacidad para afrontar cierto tipo de circunstancias. Se puede realizar un traslado para recibir atención médica necesaria, pero muchas veces las personas no llegan hasta el hospital fuera de la cárcel. El abogado aseguró que “para sacar una persona de un penal, tiene que haber una autorización judicial", pero sostuvo que debería "garantizarse el derecho a la salud de la persona privada de su libertad de forma inmediata. En este sentido, advirtió que "generalmente, para poder acceder a un control médico pasa una semana hasta que pueda revisarla un profesional.”
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