Ingresó a la legislatura bonaerense un proyecto de ley que propone el pago de una pensión mensual y vitalicia para personas travestis y trans mayores de 40 años que hayan sido victimas de violencia institucional.

La diputada bonaerense Romina Barreiro (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley que establece el pago de una pensión mensual y vitalicia para personas travestis y trans, que hayan sido victimas de violencia estatal por motivos de identidad de género. La normativa persigue el mismo espiritu reparatorio que otros proyectos identicos presentados en el Congreso de la Nación y la legislatura porteña. Además, contempla la cobertura médica a través de la obra social del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
"Nosotras creemos que la violencia que vivimos todas las chicas trans a través de los años 70, 80 y 90 fue un delito de lesa humanidad, porque no solamente eran las instituciones policiales las que nos violentaban, sino también nos violentaba la sociedad, nos violentaban en la parte de salud, fuimos violentadas sistemáticamente por todo el Estado", introduce Marcela Arce, archivista travesti de la Bibioleta Claudia Pía Baudracco, en diálogo con el programa Una Idea Todavía.
En cuanto a la poblacion beneficiaria de la pensión, estaría destinada a personas mayores de 40 años que hayan sufrido detenciones, privaciones de la libertad, sanciones o multas por causas relacionadas con su identidad de género. Asimismo, contempla a quienes hayan recibido castigos tipificados en el antiguo Código de Faltas bonaerense, que establecía penalidades por conductas vinculadas con la homosexualidad, el travestismo y la prostitución.
Arce pone el foco sobre la cuestión de la edad de las personas que podrían recibir esta pensión al señalar que "son muy pocas las personas adultas mayores que quedan con vida en este momento, éramos muchas compañeras, amigas, que armamos nuestras propias familias, muchas fueron asesinadas, golpeadas, vulneradas, violadas".
"Si no tuvimos oportunidad de tener una infancia medianamente feliz porque muchas fueron expulsadas de sus casas, si no tuvimos la oportunidad del trabajo, si no tuvimos oportunidad de insertarnos en la sociedad, por lo menos que nos den la posibilidad de tener una vejez digna. Nos lo debe el Estado, nos lo debe la sociedad, nos lo deben todos", enfatiza la entrevistada.

Otro de los puntos centrales de este proyecto tiene que ver con monto fijado para la pensión, equivalente a cinco sueldos básicos y medio de un trabajador ingresante en provincia, bajo el régimen de 30 horas semanales que establece la Ley 10.430. Además, a diferencia de otras prestaciones, permite su compatibilidad con cualquier actividad remunerada, así como con otras reparaciones, indemnizaciones, jubilaciones y prestaciones contributivas o no contributivas.
Por último, cabe señalar que el texto de la normativa excluye la posibilidad de recibir la pensión en simultáneo con otro beneficio reparatorio por el mismo motivo, sea otorgado por Nación, otra provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que las personas alcanzadas deberán optar por una de las prestaciones.
Sobre el cierre de la entrevista, Arce habla de la emoción que le genera hablar de sus compañeras: "Recordar este tipo de cosas duelen un poco al alma, no es para victimizarme ni victimizar a mis compañeras, pero es lo que nos sucede cada vez que recordamos o nos preguntamos por qué, qué habíamos hecho, esta fue una pregunta que hasta el día de hoy nos hacemos".
"Después fuimos entendiendo que habíamos enfrentado a una sociedad que no estaba preparada para recibir a personas como nosotras, que somos como cualquier otra con una elección sexual diferente y que con nuestra elección no lastimamos a nadie", expresa a modo de conclusión.
