El Gobierno Nacional, a través del Decreto 312, ordenó la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana, que garantizaba el acceso a servicios básicos de 6.467 barrios populares de Argentina.
“El FISU es el Fondo de Integración Sociourbana que permitía la urbanización de lo que conocemos como barrios populares y que fue una ley que se votó allá en el año 2018 con gran consenso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores”, señala Johanna Duarte, secretaria gremial de la UTEP (Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular)
“No había ninguna política del Estado hasta la creación de la ley nacional de barrios populares, de una política que pudiera dar respuesta a algo tan básico como es la urbanización, el acceso a derechos como conexiones de agua potable, cloacas, pavimento, distintas condiciones mínimas que tiene que tener una familia”, agrega en Los Mundos Posibles.
El Gobierno Nacional -mediante el Decreto 312- oficializó el cierre del FISU, creado por la Ley 27.453, que garantiza el acceso a servicios básicos en 6.467 barrios populares de Argentina. Este lunes la Mesa Nacional de Barrios Populares convocó a una jornada nacional de visibilización y denuncia frente a la eliminación de un instrumento clave para la integración socio urbana de los barrios populares.
Sobre la medida de la gestión de La Libertad Avanza, remarca que “no hay justificativos coherentes o lógicos para el cierre de una política que fue única, no existe ninguna política que pueda resolver lo que resolvía el FISU, es gravísima esta decisión del gobierno porque si hay algo que funcionó es esta política pública y es algo que resolvió urgencias”.
Consultada por su experiencia como parte de los primeros relevamientos que impulsaron lo que luego sería una ley, cuenta que "en el año 2017 me tocó hacer el primer relevamiento, que se hizo desde las distintas organizaciones comunitarias y nos permitió detectar que personas que vivían en estos barrios populares que no tenían acceso al DNI, no tenían acceso a un derecho como la Asignación Universal, personas con capacidad diferente que también no podían llegar a distintas políticas públicas porque no existían para el Estado".
El FISU fue el instrumento central para implementar la Ley 27.453, sancionada en 2018 por amplia mayoría en el Congreso. Desde 2020, fue financiado con el 9% del Impuesto PAÍS y permitió realizar más de 1.000 obras en todo el país.
