Al cumplirse 10 años de la desaparición forzada de los estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, el periodismo critica las versiones de Peña Nieto y AMLO, señala los cabos sueltos dejados por la investigación oficial y habla de los obstáculos que entorpecen el camino a la verdad.
El 26 de septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes pertenecientes a la escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, el hecho ocurrió en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, en el marco de una movilización estudiantil con destino al Distrito Federal de México. Las distintas investigaciones que se realizaron involucran a efectivos de Policía municipales y estatales, el Ejército, la Marina, narcotraficantes y llegan hasta funcionarios públicos de alto rango.
En los 10 años transcurridos desde que ocurrió el hecho hasta el presente, se ha desmontado la "verdad histórica" que fraguó el Gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se trató de un crimen de Estado y pidió disculpas a familiares de los estudiantes en nombre de México, pero no se ha conseguido conocer el paradero de los desaparecidos ni establecer una certeza respecto de quienes fueron los autores del crimen.
La mentira histórica
La "verdad histórica" presentada desde el Gobierno tras una junta de autoridades encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2014, adjudicaba el crimen al grupo narco "Guerreros Unidos" en complicidad con la Policía municipal de Iguala y Colula, dejando fuera de toda responsabilidad a Policía estatal, fuerzas armadas y funcionarios.
El mexicano Arturo Rodríguez García, reportero en el semanario Proceso, que también participó en la producción de la serie documental Los 43 de Ayotzinapa: Un crimen de Estado, dice que "la versión de Peña Nieto fue muy polémica, entre otras razones por los hallazgos que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes encontró como algo científicamente imposible de comprobar".
Cabe recordar que en septiembre de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el Informe Ayotzinapa, Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa, donde se ofrecían pruebas científicas que desmentían la versión de la "verdad histórica" y proponían nuevas líneas de investigación.
Sobre los interrogantes en torno a qué pasó con los estudiantes y hasta dónde llegan las responsabilidades estatales en este crimen, Rodríguez García dice que "siguen presentes, principalmente por el ocultamiento de informes que tienen que ver con la participación de las Fuerzas Armadas, concretamente del Ejército, y, por otra parte, porque durante las detenciones de probables implicados, hubo actos de tortura que provocaron la desestimación de testimonios que pudieran ser centrales".
"Entre el ocultamiento de información del Ejército y una mala conducción de las investigaciones, las familias de las víctimas y todo el país estamos parados en el mismo lugar", concluye el entrevistado.
Iguala, el municipio hundido en una espiral de violencia
El 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela rural de Ayotzynapa tomaron posesión de varios colectivos para dirigirse al municipio de Iguala, para reclamar por medios de transporte para poder viajar al Distrito Federal, donde el 2 de octubre se realizaría la tradicional marcha conmemorativa del asesinato de estudiantes de Tlatelolco, en 1968. Pero, el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca ordenó reprimirlos porque, según las investigaciones, los estudiantes tenían como objetivo boicotear un acto político de su esposa. La represión culminó con seis personas asesinadas -entre ellas, uno de los estudiantes presentaba además signos de tortura- y 43 estudiantes desaparecidos.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, llamó la atención pública del país y el mundo. De pronto, la opinión pública centró su mirada sobre los hechos que ocurrieron en este pequeño municipio de 100.000 habitantes situado al norte del estado de Guerrero. Según la opinión de Cristina Bautista (madre de uno de los estudiantes desaparecidos) y Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, el país ya estaba atravesando por una crisis humanitaria desde antes.
El periodista español Manu Ureste, del portal Animal Político, cuenta que "hace poquito fuimos a hacer un recorrido por este municipio donde platicamos con familiares, sobre todo con mujeres del colectivo Madres de Iguala, que buscan a sus seres queridos desaparecidos, y les preguntamos cómo era la vida antes de esto, y ellas nos decían que Iguala antes de la desaparición de los 43 ya estaba hundido en una espiral de violencia y desapariciones, y 10 años después sigue en la misma situación, o según los datos oficiales que vimos, al contrario, la situación ha empeorado y también el número de personas desaparecidas".
Ureste también suscribe a la hipótesis que involucra a las Fuerzas Armadas en lo sucedido con "los 43" de Ayotzinapa: "Antes de convertirse en el epicentro de las desapariciones forzadas a cargo de la Policía, en Iguala ya se vivía una situación muy difícil por la violencia y la presencia de cárteles, como Guerreros Unidos, en contubernio con las policías locales, que están totalmente cooptadas por el crimen organizado, sino también la Policía estatal, y como se vio en este caso, incluso también el Ejercito mexicano".
Especulaciones, milagros y posibilidades remotas
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se termina el 30 de septiembre. La administración entrante la comanda Claudia Sheinbaum, del partido izquierdista Morena. Sheinbaum tiene un perfil vinculado a lo científico y lo académico, ha evitado hacer cualquier tipo de declaraciones sobre el caso, por lo que no se sabe qué tipo de acciones se tomarán para esclarecer la desaparición de "los 43". La única certeza es que las familias de los estudiantes no saben qué pasó con sus hijos mientras la causa permanece abierta.
El periodista Pablo Ferri, de El País de México, no abriga demasiadas esperanzas sobre el futuro de esta investigación: "Me parece difícil porque los esfuerzos que se hicieron en los tres primeros años de la administración de López Obrador fueron muy importantes, en el ´18 se crea la Comisión Presidencial que iba a investigar el caso, seis meses después la Fiscalía General de la Republica crea una unidad especial para el caso, López Obrador auspicia la vuelta del grupo de expertos independientes, que la CIDH había enviado a México años antes y que habían salido echando pestes del Gobierno anterior".
"Había muchas expectativas de testigos, de pruebas, que condujeren a un relato creíble de lo que había pasado, pero con el paso del tiempo las cosas se fueron torciendo y nos encontramos todos ante el muro de opacidad militar que implicó no poder acceder a una serie de documentos, que podrían contener información sobre los estudiantes", señala tras las últimas declaraciones que realizó el presidente días atrás.
Al cierre de esta entrevista, Ferri dice en tono reflexivo: "Lo que no se ha hecho en estos seis años de Gobierno de López Obrador, que concluyen el lunes, me parece difícil que ocurra después. Puede haber novedades en el terreno de los milagros y las posibilidades remotas, pero insisto que es difícil. En estos años se han dado muchas facilidades para que quien tuviera que hablar hablara, mucha gente decidió hacerlo, otra tanta no lo hizo, y de momento tenemos lo que tenemos: un relato absolutamente incompleto de lo que ocurrió y por qué ocurrió".
