El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó dos informes que denotan el incremento de detenciones en espacios policiales y el aumento del encarcelamiento por penas cortas.
"La privación de la libertad en el ámbito policial" y "La evolución histórica del encarcelamiento de personas con condenas cortas en Argentina (2002-2022)" son dos informes elaborados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Ambos trabajos exponen la tendencia ascendente de detenciones en espacios policiales y el aumento de las penas menores.
“Argentina siempre tuvo problemas relativos a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, de la atención médica, de la salud y hace muchos años tenemos superpoblación, pero todavía hoy no tenemos la situación de cárceles en otros lugares de Latinoamérica donde literalmente el Estado no puede siquiera controlar o administrar las cárceles”, señala Kevin Nielsen, Comisionado de del CNPT.
“El Estado encarcela más, hay una tendencia que no venía pasando, ahí es donde viene la importancia del segundo informe que es el de penas cortas, no es que queremos que sean más largas sino que antes se resolvía de otras maneras. Los delitos leves, de baja lesividad, hurtos sin violencia, cuestiones que tienen que ver muy con una problemática social, antes se resolvían con una alternativa, una suspensión de juicio a prueba y hoy en día esas penas son de cumplimiento efectivo”, remarca en Los Mundos Posibles.
En ese sentido, el especialista amplía que las penas cortas “son de cumplimiento efectivo en comisarías, porque las unidades penales al no tener cupo priorizan darle lugar a las personas que tienen penas más largas, con las que van a poder trabajar, tener un plano para hacer un tratamiento, un seguimiento y va a ir pasando las etapas de la libertad”.
En 2016 – cuenta el entrevistado – Argentina tenía 6.400 personas en comisarías en todo el país y hoy en día, en menos de 10 años, tiene 13.250 detenidos, más del doble, con una fecha de corte hasta diciembre de 2022.
“Hace muchos años se viene judicializando la situación de los detenidos en comisarías por ser lugares no aptos, indignos de privación de libertad, donde se violan sistemáticamente todos los derechos humanos. La posición judicial históricamente fue que el Poder Ejecutivo fue el responsable, porque es el que tiene a su cargo las cárceles, y les dice que tienen que garantizar las condiciones dignas de detención conforme a las leyes”, explica.
Sin embargo, considera que esa mirada no es la solución porque “lo que genera es una visión un poco simplista del problema porque en definitiva quién decide si una persona espera presa o no hasta un juicio, que sería la prisión preventiva, es un fiscal y un juez de garantías, es decir el poder judicial, que es corresponsable de la situación”, y por último reflexiona: “hay que pensar si los poderes ejecutivos van a poder tolerar la tasa de encarcelamiento que está decidiendo el poder judicial”.
La exposición de los informes se hizo en la Facultad de Derecho de la UBA, participaron de la jornada muchos especialistas de la temática, jueces, fiscales, miembros de superiores tribunales y criminólogos.
