Desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) aseguran que el gobierno solo busca “perseguir y criminalizar a la gente pobre cuando se organiza”. La justicia rechazó a la ministra como querellante.
“Hasta ahora accedimos a un parte de la documentación, todavía no a todo. Si estamos en vinculación con los demás compañeros de las otras organizaciones involucradas, con eso fuimos viendo parte de lo que está en expediente. Vemos irregularidades, faltan muchos argumentos”, señala Florencia Marty, integrante del FOL.
“Es una clara persecución política porque están muy flojas de papeles las acusaciones, muy descontextualizado. Se explican cosas donde se nota que no conocen el funcionamiento de los programas, se mencionan cuestiones que no tienen que ver con la causa pero son en clave de mostrar algún simbolismo político”, asegura en Los Mundos Posibles.
La denuncia inicial empieza por un pedido del Ministerio de Seguridad basándose en presuntos llamados a la línea 144 por la movilización del 20 de diciembre.
“Lo que hacen es abonar a la construcción mediática que han hecho, de estigmatizar a las organizaciones sociales y políticas que luchan. Seguir colaborando con la idea de un enemigo interno, con la fragmentación de la clase trabajadora en horizontal”, explica.
El juez Sebastián Casanello rechazó la solicitud de ser querellante de Patria Bullrich, en la causa que investiga por “extorsión” y “coacción” a las agrupaciones sociales.
Sobre la decisión del magistrado, Marty remarca que “es una muestra más del sentido político de toda esta operación, hay causas que al Ministerio ni le importan y en esta hay una decisión de perseguir y criminalizar a la gente pobre cuando se organiza”.
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