María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, analiza el accionar de las fuerzas de seguridad en todo el país.
Desde hace casi 3 décadas, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) lleva a cabo un relevamiento permanente de casos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad. En su última actualización, se incorporaron 529 casos al Archivo, llegando a un total de 8.701 entre diciembre de 1983 y diciembre de 2022. De esos 529 casos nuevos, 436 corresponden al 2022. A través de este informe afirman que "el encarcelamiento mata". De las 436 muertes durante el año pasado, 319 ocurrieron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios –incluida una desaparición- y un femicidio relacionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstancias (incluida una desaparición).
"Se advierte muy claramente el crecimiento notable en la totalidad de los distritos de las muertes bajo custodia en cárceles, en comisarías y en institutos de menores. Hoy por hoy, esos casos representan más de 3/4 partes de la totalidad de casos registrados en nuestro archivo. Simultáneamente, hay datos que nos permiten sacar conclusiones: mientras se incrementa de manera exponencial la intervención de la Policía de la Ciudad en casos de gatillo fácil, paralelamente disminuyó la intervención de fuerzas de seguridad federales a partir de la derogación de ‘los protocolos Bullrich’. Esto confirma que no se trata de efectivos que hacen lo que se les da la gana, sino que responden a su mando político. Cuando la conducción muestra un posicionamiento, eso se refleja en el accionar de las fuerzas", cuenta María del Carmen Verdú, referente de CORREPI.
"Seguimos reclamando urgente una agenda antirrepresiva", señala en diálogo con QCQ. Dentro de este reclamo, por ejemplo, se encuentra la prohibición a todas las fuerzas de portar y usar el arma reglamentaria fuera de servicio o de civil tendría un resultado aún más manifiesto, ya que -según relevó la CORREPI- el 66% de los fusilamientos de gatillo fácil y el 95% de los femicidios de uniforme ocurren en esas circunstancias. En ese mismo sentido, señalan la importancia de que se eliminen las facultades y prácticas de las fuerzas de seguridad para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente, aspecto que fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace ya 20 años.
Este informe detalla que, históricamente, las dos modalidades represivas de mayor incidencia numérica son los fusilamientos de gatillo fácil
y las muertes de personas detenidas bajo custodia de funcionarios de las fuerzas.
El Archivo anual elaborado por la coordinadora reúne casos difundidos a través de medios de comunicación o de información provista por familiares. "Seguro hay muchísimos casos que se nos escapan porque no se difunden ni siquiera localmente", puntualiza.
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