El aumento anual de los alquileres rondó en febrero en el 86%. Con un “nueva” ley desregulada y sin un organismo de ejecución, desde la Red de Inquilinos Bonaerenses sostienen que la especulación no se detendrá hasta que se empiece a entender la vivienda como un derecho.
El Índice para Contratos de Locación (ICL) elaborado por el Banco Central dispone cuánto debe aumentar el valor del contrato de alquiler en su actualización anual según la Ley de Alquileres sancionada en 2020. Este número se calcula a partir del promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). El aumento del ICL para los primeros días de enero fue del 81,5% y 86% en febrero, es decir: quien durante el año pasado pagaba $65.000 por mes, durante los próximos 12 meses deberá afrontar un compromiso de $120.819,21.
El RIPTE, parte de la fórmula que nos indica cuánto aumentará un alquiler anualmente, toma como base el salario estatal dejando muy por debajo el Salario Mínimo Vital y Móvil. “Tenemos un salario mínimo de $68.000 pesos y el RIPTE ronda los $130.000”, señala Natalia Ranzuglia, parte de la Red de Inquilinos Bonaerenses. En este sentido contó que si bien por ley las subas del ICL deben ser anuales, muchas inmobiliarias negocian aumentos semestrales con los inquilinos según las consultas que llegan a las asociaciones de inquilinos.
En materia del acceso temporal a la vivienda no hay muchos datos relevados por el Estado: en el último censo se contabilizaron a propietarios pero no a inquilinos. Lo mismo sucede con el registro de contratos de locación, los cuales no son registrados con el fin de no tributar. “Concretamente no tenemos más herramientas que estar informados porque no hay autoridad de aplicación, no hay organismo de control. Hoy por hoy si querés hacer una denuncia porque alguien te cobra más de lo que corresponde, o porque piden requisitos que la ley no prevé, la tenés que hacer en el Colegio de martilleros que, básicamente, son los que le dan las matrículas a los que están en las inmobiliarias”, detalla Natalia en El verano prometido.
Ante la falta de regulación y control de aplicación de la ley desde las asociaciones de inquilinos proponen no solo comenzar a entender la vivienda como un derecho adquirido sino también ser críticos a la hora de analizar el problema. “¿Realmente un departamento de dos ambientes en La Plata puede costar lo mismo que un salario? ¿Siempre estuvo relacionado al precio de un salario mínimo?”, se pregunta Natalia. La respuesta está en la construcción del precio inicial: “Si nos retrotraemos a 5 años atrás nos vamos a dar cuenta que con un salario mínimo no alquilabamos un departamento de dos ambientes a duras penas y teniendo que tener otro ingreso sí o sí”.
“El problema es que no pensamos la vivienda como un tema de derechos. La pensamos coyunturalmente, entonces vamos a resolver qué hacemos con los alquileres: los vamos a resolver para los inquilinos o lo vamos a resolver para los propietarios. No pensamos que lo que cambió es el modelo con el que accedemos a la vivienda. (...) No se está teniendo en cuenta el modelo productivo, no se está teniendo en cuenta el desplazamiento entre ciudades. Las nuevas formas de habitar el espacio que llevan a que haya que pensar en el alquiler desde otro lugar, no como una solución temporal para todas las familias. Porque hay quienes se desplazan y eso lo podes ver en otros paises tambien. (...) dentro de 15 o 20 años vamos a tener un problema enorme porque, al ritmo que aumenta la población, sobre todo en las grandes concentraciones urbanas, no hay manera de resolver el tema habitacional a todo el mundo con los paradigmas que tenemos hoy”, concluye.
