Luego del desalojo en 2020, 190 familias organizadas desarrollaron el proyecto Barrio Comunitario Norita Cortiñas en Almirante Brown. La iniciativa no avanza debido a una ordenanza del intendente Juan Fabiani, que favorece los desarrollos inmobiliarios de countries y barrios cerrados, en detrimento de las necesidades habitacionales de la población.
“Hay muchas de las familias que fueron desalojadas y no tuvieron una resolución, después de eso volvieron a organizarse, viendo que el tema de la tierra iba a muy lento, entonces no había alternativa para tratar esa urgencia. Hemos intentando miles de cosas, logramos concretar un proyecto que logró financiamiento para construir 190 lotes para 190 familias de esta asamblea”, cuenta Ricardo Apaolaza, geógrafo del Grupo GPS de la Universidad de Buenos Aires que acompaña al Barrio Comunitario Norita Cortiñas.
“Llegamos a instancia de aprobación y se logró que un privado nos venda una tierra a un precio razonable, y cuando estamos a punto de de comprarlas recibimos una objeción, una obstaculización, para que se pare el proyecto. Fue por parte del intendente electo de Almirante Brown, no quieren que este barrio avance y el municipio tampoco tiene una política de vivienda activa”, aclara en Los Mundos Posibles.
A principios de septiembre de 2020, en pleno aislamiento estricto por la pandemia, el Concejo Deliberante de Almirante Brown procedió a cambiar la normativa de usos de dicha zona de reserva del municipio. La ordenanza le da discrecionalidad para agregar el uso residencial de los terrenos pero solo bajo la tipología de club de campo o como uso complementario de actividades agroindustriales, agropecuarias, de turismo rural y de esparcimiento.
“La objeción era política, nos encontramos que se sanciono esa ordenanza para habilitar la proliferación de barrios cerrados, de trasfondo es que esta tierra queremos que avance para un loteo popular, pero esta perfilada para otro perfil del proyecto urbanístico que es de barrio cerrado”, asegura.
La iniciativa popular es llevada adelante por vecinos organizados y organizaciones de base, con asesoramiento de profesionales de cátedras de Arquitectura, Geografía y Trabajo Social de la UBA y UNLP. El proyecto contempla la adquisición de una parcela de unas 10 hectáreas para la construcción de 190 lotes con servicios e infraestructuras para familias de barrios populares que no tienen una vivienda propia, dentro de los lineamientos previstos por un programa oficial de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación.
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