La autorización del Gobierno para avanzar con la exploración off shore frente a las costas de Mar del Plata puso en alerta a organizaciones sociales y grupos ambientalistas que salieron a las calles a manifestar su repudio.
“Las organizaciones están planteando que existe una flagrante contradicción entre los compromisos en materia climática que Argentina tiene con Naciones Unidas, el acuerdo de Paris y la ley de presupuestos mínimos en materia climática; los discursos del presidente de la Nación, del propio ministro de ambiente y de muchos otros funcionarios; y este proyecto de expansión de la frontera hidrocarburífera sobre el mar Argentino”, expresó Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
La autorización del Gobierno nacional para avanzar con la exploración petrolera frente a las costas de Mar del Plata, publicada en el Boletín Oficial el pasado 30 de diciembre, con la firma del ministro de Ambiente, Juan Cabandié puso en alerta a las distintas organizaciones sociales y grupos ambientalistas que salieron a las calles a manifestar su repudio mediante el "Atlanticazo".
“Uno de los denominadores comunes de estos proyectos extractivistas es que siempre que se presentan a la sociedad civil bajo grandes promesas”.
Rafael Colombo, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
“Particularmente se ha generado una controversia a partir de la resolución que dictó el ministro Cabandié sobre tres bloques que equivalen a 24.500 kilómetros cuadrados del total, frente a las costas de la ciudad de Mar del Plata y de otros distritos del departamento de General Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires”, explicó el entrevistado.
La licitación abarca 23 bloques de exploración sobre aguas ultra profundas en el Mar Argentino, una superficie de 135.000 kilómetros cuadrados equivalentes a la provincia de Santa Fe. Más allá de la presencia de una empresa nacional como YPF, la participación en esta adjudicación corresponde a corporaciones internacionales como Qatar Petroleum, British Petroleum, Total, Chevron, Shell, entre otras.
El vocero de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas señaló una de las estrategias habituales de este tipo de proyectos a la hora de obtener consensos: “Uno de los denominadores comunes de estos proyectos extractivistas es que siempre que se presentan a la sociedad civil bajo grandes promesas, promesas de mayor empleo, promesas de generación de divisas, en este caso se ha llegado a decir que las divisas servirán para pagar la deuda externa”.
Para Colombo, los intereses depositados en este proyecto extractivista trascienden la grieta política entre oficialismos y oposiciones, ya que el llamado a concurso internacional fue convocado por decreto por el Ejecutivo del entonces presidente Mauricio Macri durante los años 2018 y 2019.
A modo de conclusión, Colombo advirtió sobre la forma en que se suelen presentar este tipo de modelos de desarrollo, tomando como ejemplo el deterioro sanitario y ambiental que trajo el uso de agrotóxicos promovido por la agricultura hegemónica: “Este modelo iba a generar empleos, divisas, y en realidad fue todo lo contrario, incluso a niveles donde estas promesas no sólo no fueron cumplidas sino que al mismo tiempo se agravaron los problemas que acá se dicen resolver, hoy tenemos una agricultura donde la tierra está cada vez más concentrada, tenemos serios problemas en materia de salud humana y de los ecosistemas”.
