Argentina figura Nº19 en el informe producido por el Consorcio para la Reducción de Daños de la Naciones Unidas sobre las políticas de drogas de 30 países.
El Índice Global de Políticas sobre Drogas es “una herramienta que se puede utilizar porque es un comparativo que se realiza entre países, de diferentes políticas de drogas, bajo un prisma que viene a ver si estos países realmente adecuan sus políticas en los pilares de la ONU: derechos humanos, salud y desarrollo”, aseguró Mariano Fusero, presidente de Reset Políticas de drogas y derechos humanos, que colaboró con el informe en el que Argentina se ubica en la posición 19 de 30.
Es “por una cuestión de incumplimiento de esos mandatos y declaraciones que hacen al sistema de Naciones Unidas y también al sistema regional de la OEA”, detalló Fusero y señaló que “hablar de una política gubernamental del abordaje de consumos problemáticos, vale la redundancia, es bastante problemático” porque “el tema de la respuesta penal parece que es una política de Estado en la actualidad”.
La criminalización y penalización de las personas que consumen drogas en Argentina data de 1989, durante la primer presidencia de Carlos Menem, y fue justificada por el titular de la Cámara de Senadores de ese momento, Eduardo Menem, explicó el abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en diálogo con En órbita. El hermano del expresidente decía “que a las personas consumidoras había que segregarlas de alguna forma. Si no era mediante la prisión, era mediante las medidas de seguridad curativas, educativas, que establece la misma norma penal. Y eso perdura al día de hoy”.
“Tenemos legislaciones de avanzada", destacó Fusero, y mencionó normativas como "la ley de salud mental" (2010) y la de "abordaje de consumos problemático, del año 2014". Esta última "no esta reglamentada, lo cual configura cierta desatención y una omisión, por inconstitucionalidad del Poder Ejecutivo. Esperamos que se revierta pronto y se produzca un proceso de despenalización, que eso es más difícil”, ya que supone un reconocimiento de las personas que consumen en el ámbito privado independientemente de la sustancia.
“Eso está dicho por la Corte Suprema de la Nación en dos fallos, de 1986 y 2009; lo afirman 30 proyectos de ley presentados desde el año 2009 a la actualidad”, sostuvo fusero.
Por último, opinó que si bien en Argentina se está discutiendo la legalización de la utilización de cannabis de forma industrial, el país se encuentra en una situación “absurda”.
“Tenemos una legislación que sigue criminalizando a las personas que consumen por lo cual parece bastante ridículo, hasta obsceno, que haya toda una industria y grandes plantaciones de cannabis cuando a cualquier persona en la vía pública, por uno o dos cigarros de marihuana, puede caer en un proceso penal”, aseveró.
RESET publicó recientemente el informe “Organismos internacionales y la criminalización del uso de drogas”, donde se analizan más de 30 organizaciones que advierten sobre la situación nacional.
