El Servicio Penitenciario Federal deberá garantizar una buena conexión a internet y coordinar la entrega de las herramientas de trabajo con la empresa empleadora.
"El trabajo bajo esta condición está previsto en esta ley 24660 que tiene cuestiones muy buenas. El problema es que el raíz del escaso compromiso de la comunidad de asumir este tipo de riesgo y políticas que tienen que ver con responsabilidad social empresarial. La modalidad ofrecida por un privado estaba partida por la ley y que no esto no suceda dificulta el proceso de integración social", explicó María Jimena Monsalve, Jueza Nacional de Ejecución Penal, en la ciudad de Buenos Aires.
La persona privada de la libertad recibió el permiso para trabajar para una firma editorial. El Servicio Penitenciario Federal deberá brindarle una conexión a internet estable y coordinar con el personal de la empresa empleadora la entrega de una computadora y un teléfono fijo. El trabajo será registrado, contará con los derechos laborales y el alta correspondiente en la AFIP.
"El concepto que tiene el ciudadano común sobre lo que tiene que ocurrir en esa situación de empleo es tan útil para que las personas puedan realizar una transformación en cuanto a sus habilidades y posibilidades. Tenemos que generar las herramientas para que sean funcionales a lo sociedad y a lo que hoy exige el mercado laboral", remarcó.
La jueza Monsalve se respaldó en las cifras del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal: en 2020, el 47 por ciento de las personas privadas de libertad al momento de su ingreso no tenía ni oficio ni profesión.
"La resolución no tiene nada de heroico, lo que sí visibilizo es que esta persona hizo un excelente proceso, por eso tienes esta oportunidades, estudió, se recibió en contexto de encierro, es abogado y tiene las habilidades para acceder a ese puesto laboral, esto no se puede discutir más porque es constitucional", aseguró la magistrada en Los Mundos Posibles.
Por último se refirió a la normativa y consideró que "el proyecto aspiracional al que la ley apuntaba, desde mi punto de vista no se pudo aplicar con mucha creatividad, porque tiene que haber una circulación de proyectos laborales útiles, el Estado tiene un límite, no es rico, es un Estado pobre y los presupuestos que les asignan a las cárceles son escasos".
