A raíz de un caso similar ocurrido en 2015, la justicia provincial había ordenado políticas públicas para aliviar la creciente superpoblación carcelaria. Organizaciones de Derechos Humanos denuncian hacinamiento y condiciones de detención inhumanas.
El hecho tuvo lugar en la Brigada de Concepción, al sur de San Miguel del Tucumán, donde María José Saravia, Macarena Salinas, Micaela Mendoza y Yanet Santillán murieron en un incendio que se desató a partir de una falla eléctrica. Al momento del siniestro, las mujeres se encontraban protestando por las malas condiciones de alojamiento y reclamaban el traslado a otra depedencia.
Matías Lorenzo Pisarello, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), se sumó al aire de Los Mundos Posibles donde se explayó sobre las condiciones de detención que atraviesa un importante número de personas en las comisarias de Tucumán y señaló la necesidad de políticas públicas que traigan alivio para ese sector.
Para empezar, Lorenzo Pisarello contextualizó el hecho en relación a un habeas corpus presentado ante la Corte de Justicia de Tucumán tras un hecho similar ocurrido en Yerba Buena en el año 2015 “Habían fallecido dos personas que estaban en una celda colectiva de 20 personas, reclamaban ser trasladados a otro lugar en mejores condiciones, con mayor cantidad de visitas, se incendiaron colchones, fallecieron dos personas y otras dieciocho sufrieron distintos tipos de lesiones, hoy por las mismas razones cuatro mujeres fallecieron después de haber estado reclamando el traslado”.
“Nos llena de bronca, tristeza y asombro, vemos que hay una desidia del Estado en general y del Poder Ejecutivo en particular en relación a las políticas públicas que afectan a las personas privadas de su libertad”, agregó el entrevistado en alución a la falta de acciones concretas que pudieran prevenir estos hechos.
El panorama regional se ve aún más agravado debido a la clausura de espacios para halojar detenidos mientras se produce un aumento de la población carcelaria: “Cuando se presentó ese habeas corpus había 400 personas detenidas en dependencias policiales, en la actualidad tenemos el triple, se estima que hay más de 1200 personas privadas de su libertad en comisaria, peor aún porque la Corte Suprema prohibió la detención en muchas comisarias, o sea que hay menos lugar y muchísimas más personas”.
A modo de conclusión, Lorenzo Pisarello reflexionó que el hecho refleja la “desidia para un sector de la sociedad que, más allá del delito que hayan podido haber cometido, pertenecen a la sociedad y hoy, sin ningún lugar a dudas pertenecen a un grupo vulnerable que el Estado ha decidido abandonarlos, no invertir recursos finacieros, y, como pasa cuando el Estado se olvida de las personas, terminamos con muertes”.
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