Así lo manifiesta "El huevo de la serpiente", una investigación que realizó el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ). De 25 mil denuncias realizadas entre 2014 y 2019, el 70% fueron archivadas y otro 20% desestimadas.
El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) presentó los resultados del informe “El huevo de la serpiente”, una investigación realizada durante 2018 y 2019 en la que indagan sobre los motivos por los cuales la violencia institucional en la provincia de Buenos Aires no es castigada.
En principio el fin era publicar el informe a principios del 2020 pero pandemia mediante los planes se postergaron hasta el viernes pasado, cuando dieron a conocer los resultados junto al relanzamiento de la web del CIAJ.
La investigación forma parte de un trabajo con otras organizaciones del país, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Xumek, la Red de Defensoría Territoriales, la Universidad de Rosario, la Universidad de Lanús, entre otros, “donde el objetivo era relevar las formas de investigación de la violencia institucional en el país tomando como unidad las fiscalías especializadas en violencia institucional que creó una de estas ley nacional”, explicó Matías Manuele, integrante del CIAJ, a El Verano Prometido.
Uno de los números que arroja este trabajo es que entre 2014 y 2019 se hicieron 25 mil denuncias, de las cuales el 70% se archivó y otro 20% se desestimó.
“El 90% de las causas que se inician no llegan a nada”, aseguró Manuele. Además, consideró que esa cantidad de denuncias “son una parte del universo”. Y aclaró que de ese total de causas sólo el 2% llegan a juicio, “que no quiere decir que tengan condena”.
“Entendemos que muchos de los hechos de violencia institucional no llegan siquiera a la denuncia. En las unidades penales, la persona privada de la libertad no denuncia la violencia porque es parte de los modos de gestión del espacio y de las relaciones vinculares internas”, agregó.
En La Plata, esas unidades especializadas en violencia institucional “nunca fueron creadas” por el Departamento Judicial de la capital bonaerense.
“Entonces, nosotros limitamos nuestro trabajo a una unidad que en realidad es una Ayudantía, que tiene un rango mucho menor que una fiscalía”, contó. Y agregó: “Por eso es que la violencia institucional que nosotros recortamos tiene que ver con el accionar del servicio penitenciario bonaerense y lateralmente de la Policía de la Provincia”.
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