Andrea Paz, trabajadora en la Secretaría de Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, habló sobre la importancia de una gestión pública feminista. La socióloga señaló la importancia de esta perspectiva para la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo.
“El Estado claramente es una institución profundamente patriarcal y profundamente ejecutora. Lo que prima dentro del Estado es la acción, la potencia de hacer y a veces eso juega en contra un poco a la praxis feminista que nosotras venimos desarrollando y pensando, donde el hacer tiene que estar conjugado con el pensar, con el dialogar, con el escuchar otras voces, con habilitar el conflicto, las tensiones”, contextualizó Andrea Paz en el aire de Futura en Casa. En este marco surge la urgencia por una gestión feminista: “tenemos el desafío de abrir el Estado a la comunidad organizada y a las feministas organizadas. Abrir esta doble cara que tiene el Estado, venimos a llevar adelante políticas y no queremos dejar de lado esa responsabilidad y el desafío. La llevamos adelante habilitando otro juego, otras voces en la toma de decisiones”.
El ingreso de los feminismos como decisión política a la gestión estatal en salud trajo como prioridad la implementación plena de la interrupción legal del embarazo: “lo primero que se hizo fue adherir al protocolo nacional y eso fue junto con la compra de misoprostol que hicimos, que la verdad que fue una compra histórica porque se desarrollaron procesos innovadores de compra en la provincia”, contó Andrea y detalló que en lo que va del año “compramos 16 mil tratamientos de misoprostol con una inversión de 39 millones y un ahorro de 39 millones, porque si lo hubiéramos comprado a laboratorios privados nos hubiera salido el doble”. Así, “junto con la adhesión al protocolo y el misoprostol, podríamos decir que teníamos las condiciones simbólicas y materiales para salir a la cancha para trabajar por la ILE”, agregó.
La adhesión al protocolo por parte de la provincia significó reconocer las redes que se venían tejiendo en silencio en diferentes instituciones para garantizar el acceso a la ILE. Hasta entonces, cada centro de salud formulaba sus propios protocolos, “podemos hacer toda una discusión de si era válido o no era válido, pero en definitiva frente a la ausencia cada uno fue armando su propia lógica su propio protocolo”.
“Lo que cambió fuertemente con nuestra llegada es la decisión política de un protocolo vigente y la disponibilidad del insumo. Eso nos habilitó a reforzar todo el trabajo en términos de capacitación, de sensibilización, de trabajo en red con las distintas regiones sanitaria”, detalló.
“Claramente cuando una mujer no desea ese embarazo y necesita una interrupción, es porque está decidiendo sobre el riesgo de salud que tiene eso en su vida, entonces, no hay posibilidad de duda que toda necesidad de interrupción es una interrupción legal bajo el marco normativo vigente”, señaló Andrea quien concluyó que la legalizacion del aborto “es una disputa de poder que nosotras tenemos y tiene que ver con quien decide (...) frente cada mujer que dice ‘quiero realizarme un aborto’ no habría que indagar más nada que avanzar en el proceso. Entonces, la disputa es por quien decide sobre nuestro cuerpo”.
Escuchá/Descargá la entrevista completa
